vitoria - La citación del Tribunal de Cuentas a los cargos del PP que formaron parte en 2007 del gobierno de Alfonso Alonso no ha pasado desapercibida en Vitoria. La plataforma Adi! convoca hoy a los ciudadanos a protestar contra la malversación de fondos públicos frente a los locales de la calle San Antonio coincidiendo con la cita que los populares tienen ante el órgano fiscalizador. A pesar de que no habrá foto de Alonso y Maroto entrando al Tribunal de Cuentas, porque será un abogado quien acuda a declarar en defensa del ministro de Sanidad y del alcalde, este grupo anticorrupción quiere denunciar en la calle el contrato de alquiler con Gonzalo Antón, que el propio tribunal investiga ante la sospecha de que hay irregularidades, al tiempo que el PP pide en Madrid que se archive el caso argumentando que ha prescrito.
Adi! Elkartea tilda de “fraudulento” el contrato de alquiler de los locales de San Antonio por el que la ciudad pagó 7,6 millones de euros, incluida la reforma, el doble del precio al que Gonzalo Antón compró el inmueble (2,7 millones). Además, el Ayuntamiento está atado de pies y manos porque Alonso y Antón conveniaron un blindaje de veinte años, lo que hace muy difícil rescindir el acuerdo. Tras ser investigado en sede municipal, el caso está ahora en el Tribunal de Cuentas que estudia si este arrendamiento es lesivo para Vitoria y perjudica sus intereses económicos. “Esta forma de actuar supone una malversación de fondos públicos para beneficiar a intereses privados”, denuncia la plataforma. Censura el perjuicio para las arcas públicas que ha supuesto y el oscurantismo y falta de transparencia que existen en torno a este expediente. De hecho, los miembros de Adi! solicitaron en dos ocasiones tener acceso a la documentación y el alcalde desestimó su petición. Acudieron al juzgado y el contencioso-administrativo ha admitido a trámite su recurso porque su intención es tener acceso al expediente en algún momento. “Resulta obsceno que todo esto se produzca cuando miles de familias malviven en los umbrales de pobreza y en un momento en que los desahucios, la pobreza energética y el paro están a la orden del día”. En este contexto, el colectivo tacha de “farsa, parafernalia y fuegos de artificio” la imagen de ayuntamiento y gobierno transparente que promulga Maroto mientras niega a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la documentación del contrato de alquiler de los locales de San Antonio.
El contrato se firmó en 2007, pero no fue hasta seis años después cuando el escándalo salió a la luz y la oposición creó una comisión de investigación en el Ayuntamiento que concluyó que Alonso y Maroto son responsables directos de una firma que claramente perjudica a la ciudad. En abril de este año, PNV, PSE y EH Bildu acordaron remitir toda la documentación al Tribunal de Cuentas, que reclamó al ejecutivo de Maroto más información para analizar el caso en profundidad. En su investigación, advierte de una posible irregularidad contable por el elevado precio del alquiler y considera que la cláusula penal en caso de rescisión que incluye el contrato supone un menoscabo de los caudales públicos. Por ello, reclama cerca de 440.000 euros a Alonso, Maroto y a los otros siete ediles populares que integraron aquel gobierno: Miguel Ángel Echeverría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz, Encina Serrano, Marian Castellanos, Alfredo Iturricha e Idoia Garmendia. Todos ellos están citados hoy a declarar, al igual que los responsables de la cartera de Hacienda durante la actual legislatura, Manu Uriarte, y la pasada, Marian Gutiérrez, la única que se personará. El Pleno de Vitoria también ha pedido a la Fiscalía que abra diligencias por el caso San Antonio.
La defensa de Vitoria. Maroto ha obviado al Pleno y decidido que una procuradora de Madrid defienda los intereses de Vitoria, a pesar de que el propio Tribunal de Cuentas dijo que, ante el conflicto de intereses que hay en el caso San Antonio -gobierna el mismo partido al que se investiga-, sería mejor que la decisión la tomase el Pleno.
Concentración. Adi! Elkartea convoca una protesta a las 19.00 horas de hoy frente a los locales de la calle San Antonio contra la malversación de fondos públicos.