Vitoria, 2 mar (EFE).- El PNV ha acusado hoy al alcalde, Javier Maroto (PP), de querer "silenciar" el caso del alquiler de las oficinas municipales de San Antonio y de "poner trabas" con el objetivo de que esta polémica que salpica al actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se archive en los tribunales.
En una nota de prensa, el portavoz municipal del PNV, Gorka Urtaran, ha reclamado también al primer edil de Vitoria que convoque con urgencia un pleno extraordinario para designar la representación legal del consistorio en el Tribunal de Cuentas de España, que investiga este arrendamiento que resultó gravoso para el consistorio vitoriano.
Este tribunal ha citado el próximo jueves a una representación del Ayuntamiento de Vitoria, a miembros del gobierno municipal de Alfonso Alonso, que era alcalde cuando se firmó el contrato, y a los concejales de Hacienda posteriores, para analizar si se han producido irregularidades.
Los grupos de la oposición, PNV, PSE-EE y EH Bildu, han pedido al alcalde que permita a la "mayoría democrática" del consistorio designar en un pleno extraordinario a su representante en esta cita, ya que temen que la persona que elija "intente archivar el caso, como quiere el primer edil".
"Maroto se está aprovechando del reglamento municipal para entorpecer la labor de la oposición, demorar el pleno que le estamos reclamando y silenciar lo más posible esta cuestión", ha censurado Urtaran, que ha exigido al alcalde que convoque de manera "inmediata" ese pleno, que fue solicitado ya hace once días por la oposición.
El portavoz del PNV ha recordado que han propuesto que sea la secretaria general del pleno quien defienda ante el Tribunal de Cuentas los intereses de la ciudad por ser un órgano "directivo e independiente".
"Si no acepta este planteamiento, entenderemos que el alcalde no se fía de los propios servicios técnicos municipales y prefiere contratar con dinero público a una procuradora madrileña para que represente al Ayuntamiento", ha advertido Urtaran.
El portavoz del PNV ha "lamentado" también la actitud de Maroto. "No ha hecho otra cosa que poner trabas y su verdadera voluntad es que este caso se archive", ha añadido Urtaran, quien ha opinado que "todo invita a pensar que el próximo jueves el alcalde será el único que no defienda el interés general de la ciudadanía ante el Tribunal de Cuentas".
Este órgano reclama cerca de 440.000 euros al actual ministro, a Maroto y a otros cinco exediles populares por un contrato de alquiler de las oficinas de la calle San Antonio, que costó 6 millones de euros.
En el documento interno del órgano fiscalizador se advierte de una posible irregularidad contable ya que el precio del alquiler acordado en febrero de 2007 entre Alonso y el propietario, Gonzalo Antón, supondrá al Ayuntamiento entre 6 y 7 millones de euros, más del doble de lo que costó el local un año antes (2,7 millones).
El alquiler se suscribió con una cláusula de blindaje y con una renta que se actualizaba anualmente y que llegó a ser de 9 puntos por encima del IPC. Además, el consistorio fue quien sufragó las obras de acondicionamiento (1,2 millones).
El Tribunal de Cuentas del Estado ha citado a Alonso y a todos los que eran concejales en su gobierno municipal de entonces para que presenten alegaciones al caso que investiga. EFE
