esta pasada semana, la misma en que Mariano Rajoy ha calificado a España como “el ejemplo de la recuperación” económica, en Euskadi se han producido dos desahucios al día. Una cifra trágica, que basta y sobra para corroborar que los brotes verdes siguen sin llegar a las economías familiares, y todavía escandalosa pese a que los lanzamientos se han contenido de forma notable con el paso del tiempo. También durante los últimos siete días, la plataforma Kaleratzeak Stop Araba ha tenido conocimiento de una decena de nuevos casos de desalojo más o menos inminentes en el territorio, una actividad frenética que no parece que vaya a relajarse a corto plazo. “Y mientras, tenemos que oír al pirómano en un incendio diciendo que aquí no pasa nada”, censura Gato Méndez, activista del colectivo, tras aportar este demoledor registro.

Pasan unos pocos segundos y vuelve a sonar su teléfono. Una mujer que ya no puede hacer frente a los pagos de su hipoteca lanza la voz de socorro y cierra un primer encuentro con la plataforma para exponer su dramático caso. Uno más. Es el pan de cada día para Kaleratzeak Stop, cuyos cerca de 20 voluntarios más activos tienen que lidiar también con los problemas de decenas de alaveses a los que ya les resulta imposible asumir el alquiler de sus viviendas “supuestamente” sociales. “Cuando el dinero habla, la Justicia calla”, sintetiza Méndez. Por fortuna, la presión social y la creciente sensibilidad del propio poder judicial han logrado paralizar e incluso suspender un número creciente de ejecuciones hipotecarias.

Según las estimaciones de la plataforma, cerca del 90% de los procesos de desahucio que llegan a sus manos se paran en primera instancia, “aunque por supuesto siguen ahí”. Una forma de “ganar tiempo” sustentada tanto en la negociación con las entidades bancarias como en esas medidas de presión. En muy pocos casos los afectados logran un acuerdo ventajoso con su banco a cambio de desprenderse de la vivienda que no pueden pagar, pero escenarios tan impensables hace un tiempo como lograr la dación en pago junto al alquiler social en la propia vivienda perdida se han hecho realidad últimamente. Con cuentagotas, eso sí, pero supone un paso de gigante para la plataforma.

Acompaña a Méndez una de las numerosas vecinas de Gasteiz que pasaron de ser víctimas a activistas. En su caso, precisamente, logró desprenderse de la hipoteca que no podía afrontar sin cargos adicionales tras la negociación con su entidad bancaria, Barclays. Además, sigue viviendo allí en régimen de alquiler, lo que le ha permitido “volver a empezar” cuando parecía que todo estaba perdido. Pili, que así se llama, acudió “con el agua al cuello” a las instalaciones de la plataforma, allá por el mes de octubre, con una notificación de que una comisión judicial la desalojaría de su piso apenas dos meses después, el 18 de diciembre. “No podía pagar la hipoteca, subastaron el piso, nadie pujó y se lo quedó el banco”, relata ahora.

La afectada inició una negociación con su banco ayudada por Kaleratzeak Stop y finalmente le fue concedida esa dación en pago con alquiler social, un logro que el colectivo también repitió el pasado lunes con otro vecino de Gasteiz. Buenas noticias que en los últimos tiempos se han sumado a la paralización definitiva de desahucios en instancias judiciales por las abusivas cláusulas suelo o con casos como los de Ainhoa e Iratxe, dos inquilinas de Vitalquiler que lograron aplazar sus respectivos lanzamientos.

Además, Kaleratzeak Stop cerró la semana con otra buena noticia, la firma de un contrato vitalicio entre el octogenario Segundo Sagasta, cuyo caso adelantó este diario, y la sociedad municipal Ensanche 21, propietaria de su vivienda. Ante el temor a ser desahuciado al expirar su acuerdo con Ensanche, el hombre acudió “aterrado” a la plataforma, que le ha asesorado hasta, finalmente, encontrar una solución, tal y como ya le había garantizado verbalmente el Ayuntamiento de Gasteiz.

La espada de Damocles del desahucio inminente, sin embargo, pende a día de hoy sobre la cabeza de varios vecinos de la provincia, como una joven nigeriana residente en Vitoria con tres hijos a su cargo y una orden de desalojo ya en firme que ha logrado paralizarse por la situación de especial vulnerabilidad que padece.

Otro caso en manos de la plataforma lo protagoniza Alberto Fuentes, que también se ha convertido en activista de Kaleratzeak Stop. “Quiero la dación en pago, pero mi entidad no la concede por política de empresa. Sólo quiero empezar otra vida”, remarca el afectado. La situación de Fuentes todavía “no está tan avanzada” como sí sucede con otros afectados, pero la situación generada, como es natural, ya ha comenzado a hacerle mella.

Nueva ley de vivienda Junto a esta lucha diaria, marcada por unas negociaciones habitualmente plagadas de tensión y en las que “las reglas del juego cambian en función de la entidad e incluso de la sucursal” donde se desarrollen -expone Méndez-, el colectivo antidesahucios se ha embarcado en otra batalla de carácter más institucional con la que busca la aprobación de una nueva Ley vasca de Vivienda.

Unida a sus asociaciones hermanas de Gipuzkoa y Bizkaia y al colectivo contrario al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), Kaleratzeak Stop Araba ha presentado recientemente un decálogo de medidas básicas de lucha contra los desahucios, la pobreza y la desigualdad entre las que se incluye la tramitación de la citada ley. El documento ha sido remitido a todos los partidos y coaliciones electorales para que se comprometan a cumplir con esas iniciativas si obtienen representación en las próximas elecciones.

Los colectivos antidesahucios dieron de plazo hasta este pasado sábado 28 a los partidos para firmar el decálogo, pero por el momento no han logrado compromisos inequívocos. “Estamos en ello, pero es muy complicado. Cuando los políticos ven que las soluciones son difíciles, crean una comisión y ahí no se hace nada”, resalta de nuevo Méndez.

El colectivo, en primer lugar, exige que en la nueva normativa se reconozca y aplique el derecho “subjetivo, universal y efectivo” al uso de una vivienda digna, así como un sistema de sanciones y expropiaciones de uso para los pisos vacíos propiedad de las entidades financieras o de sus sociedades para que sean incorporados a un parque público de viviendas de alquiler social. Según el segundo punto del decálogo, éste debería cubrir la demanda actual de más de 50.000 peticionarios. “Hay presiones desde Madrid, porque la ley que se pretende aprobar es mucho más avanzada que la estatal”, lamenta Alberto Fuentes.

Las plataformas antidesahucios han pedido también un código de buenas prácticas bancarias para Euskadi que tenga en cuenta el precio medio de sus viviendas, el más alto del Estado, y brinde una segunda oportunidad a los deudores de buena fe empobrecidos mediante la dación en pago con alquiler social o las quitas de deuda. Además, exigen el cumplimiento de la normativa europea sobre protección al consumidor -lo que permitiría eliminar las cláusulas abusivas-, la anulación de todas las variables de IRPH “por ser índices sin transparencia y manipulables”, prohibir legalmente el corte de suministros básicos como el de la luz, revertir la “inaceptable” privatización de Kutxabank, aumentar las partidas presupuestarias destinadas al gasto social para garantizar las necesidades básicas de todos los ciudadanos de la CAV y crear municipios libres de desahucios, con una implicación activa de sus respectivos ayuntamientos.

Méndez, pese a que las plataformas antidesahucios todavía no han logrado el apoyo de ninguna formación a todos los puntos de este decálogo -la décima medida hace referencia a la gestión de Alokabide-. avanza que éstas seguirán “insistiendo”. “Lo que está pasando es la punta del iceberg, pero es lo más feo de esta estafa que llaman crisis”, lamenta Méndez. Durante la conversación con este periódico, de apenas una hora de duración, el teléfono de Kaleratzeak Stop Araba ha sonado cuatro veces más.