Vitoria - El 5 de marzo, el exalcalde Alfonso Alonso, el alcalde, Javier Maroto, y miembros del gobierno del PP durante los mandatos del ahora ministro de Sanidad han sido citados por el Tribunal de Cuentas para aclarar el desproporcionado alquiler de los locales de la calle San Antonio. Ayer, el Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz aprobó, con los votos a favor de EH Bildu y PSE, una moción de la coalición abertzale en la que el Ayuntamiento reprueba firmemente la gestión de ambos en la capital alavesa. Además, declara que han sido gobiernos perjudiciales para el municipio e invita a la Fiscalía a investigar el contrato de arrendamiento que Alonso firmó con el empresario Gonzalo Antón.

El Tribunal de Cuentas del Estado reclama cerca de 440.000 euros al actual ministro, a Maroto y a otros miembros del PP por los seis millones de euros al año que los locales de San Antonio cuestan al erario público. En un documento interno, el órgano fiscalizador advierte de una posible irregularidad contable ya que el precio del alquiler acordado en febrero de 2007 entre Alonso y Antón supondrá al Ayuntamiento entre seis y siete millones de euros, más del doble de lo que costó el local un año antes (2,7 millones). Además, el alquiler se suscribió con una cláusula de blindaje que impide al Ayuntamiento romper el acuerdo y con una renta que se actualizaba anualmente y que llegó a ser de nueve puntos por encima del IPC. Y para mayor ventaja del empresario, fue el Consistorio quien sufragó las obras de acondicionamiento de las oficinas que costaron 1,2 millones.

En la moción aprobada ayer, el Pleno considera al gobierno de Alonso -del que Maroto fue concejal de Hacienda- responsable de actuaciones y decisiones que ocho años después están mermando las arcas públicas del Ayuntamiento mediante la pérdida de decenas de millones de dinero público, explicó el concejal Antxon Belakortu. Se refiere el edil a errores como los cometidos en las expropiaciones de Olarizu y Jundiz, que ahora las instituciones tienen que pagar, los sobrecostes en las obras de reforma de Mendizorroza y Gamarra, los sobreprecios de los chalés bioclimáticos de Ibaiondo, los ocho millones que se gastaron en el depósito de tormentas de Yurre que no funciona, los pagos por la precipitada inauguración de los viales de Sidenor y el ahora investigado alquiler de los locales de San Antonio. - R. Rz. de G.