Vitoria - Diecisiete sesiones de trabajo después, la comisión de investigación de Arabako Lanak tocó el jueves a su fin con una última comparecencia a cargo del diputado foral de Administración Local, Javier Ruiz de Arbulo. Sin pólvora, pues apenas quiso rozar la larga lista de polémicas suscitadas alrededor de la sociedad foral de la que es máximo responsable, la traca final a cargo de Arbulo fue larga -más de cuatro horas- pero escasamente clarificadora, pues la mano derecha de Javier de Andrés basó su discurso en asegurar que la fusión, diseñada por el Gobierno foral y criticada en su ejecución incluso por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, fue una acción impoluta. Además, pasó de puntillas por las obras sobre las que sobrevuelan las irregularidades, lo que provocó el enfado e indignación de la oposición.
Para Arbulo, los problemas surgidos tras fusionar durante su mandato Arabarri, Álava Agencia del Agua y Arabako Lanak, conflictos internos incluidos, fueron menudencias que “no deben empañar el objetivo que se buscaba”, que según el Ejecutivo popular era reducir costes y eliminar cargos. A cambio, Arabako Lanak se ha convertido en una bomba de relojería que llegó a tener al 40% de su plantilla de baja en apenas unos meses por cuadros de estrés y ansiedad, además de acometer actuaciones controvertidas como las obras de la carretera entre Leza y Elciego o el parking de Salinas de Añana, entre otras.
Las primeras supusieron el pago de una indemnización de 320.000 euros a la constructora con la que la Diputación anuló el contrato, lo que provocó un conflicto que tuvo que ser resuelto en el servicio de arbitraje de la Cámara de Comercio y que emitió un duro laudo contra la gestión de Ruiz de Arbulo, al que además criticó su desinterés a la hora de defender los intereses públicos. En Salinas de Añana, el Ejecutivo foral pasó por alto que una firma se embolsara 27.000 euros pese a no realizar unos trabajos en el fallido parking de la localidad.
Arabako Lanak contactó con cinco empresas para la adjudicación de las obras, y la firma Pavial se hizo con la adjudicación con una importante bajada del 28% sobre el precio de licitación y una rebaja en el tiempo de ejecución. Dos días después de firmar el contrato solicitó que se revisase el proyecto y los precios. Pavial abandonó la obra cinco meses después, con la mitad del trabajo sin realizar e incluyendo en la certificación veinte visitas de una arqueóloga a la obra en tan sólo tres días laborables.
El ex director de obra, que fue despedido aunque en todo momento defendió su cese como improcedente, fue uno de los tres trabajadores que en su día habían denunciado a Inspección de Trabajo el enrarecido y problemático ambiente que se vive en la sociedad foral desde que el diputado Ruiz de Arbulo se hizo con las riendas. Aunque la mayor parte de ellas eran conocidas, la lista de irregularidades que han brotado en la comisión de investigación abarca también controvertidas actuaciones como las de Labastida, donde según denunció EH Bildu Arabako Lanak aceptó un encargo verbal de parte de su alcalde, del Partido Popular, que se llevó a cabo sin formalizar su gestión, además de que la factura de esta obra, que rondaba los 18.000 euros, no fue girada hasta que el grupo juntero de la coalición abertzale preguntó por ella.
Navarrete ha sido otro de los casos que ha ejercido de epicentro de la comisión. Arabako Lanak contrató las obras para renovar el pavimento de la localidad por un precio inicial de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses, pero los trabajos se prolongaron durante quince meses y se llevaron a cabo obras al margen por hasta 316.000 euros. Esta práctica, el famoso bolsín de obras, se usaba según denunció en su día EH Bildu para no perder el 6% que se llevaba de cada encomienda de gestión.
Reacciones A la espera de que la semana que viene la presidenta de la comisión, Nerea Gálvez (Ezker) elabore las conclusiones y cada grupo aporte sus enmiendas -evidentemente será imposible llegar a un acuerdo para emitir unas valoraciones consensuadas- Arabako Lanak protagonizará en principio el último Pleno de las Juntas Generales, que quedarán disueltas el 25 de marzo, dos meses antes de las elecciones forales.
Ayer, PNV y PP emitieron sus conclusiones. Para los jeltzales, la comisión “ha aclarado las múltiples deficiencias de la gestión de Arbulo, que nunca debió ser diputado de Administración Local” pues “se ha demostrado que la fusión de las tres sociedades públicas ha sido absolutamente desastrosa y nefasta para Álava”, además de recordar que la única persona que ha rechazado comparecer en la comisión ha sido Román Santamaría, “alto cargo del PP y gerente de Arabako Lanak durante casi toda la presente legislatura”. Por su parte, el Partido Popular concluye que la comisión “ha sido un éxito porque ha sacado a la luz las irregularidades de la legislatura pasada” y lamenta que el último informe trasladado a la comisión, sobre Navarrete -cuestión tratada previamente en una sesión anterior- llegara el jueves “una hora antes de que empezara la última comparecencia.
Dos meses. Tras constituirse la comisión el 22 de diciembre, la primera sesión tuvo lugar el 8 de enero. La última, el pasado jueves.
Única negativa. El único compareciente que se ha negado a acudir a declarar ha sido Román Santamaría, ex gerente de Arabako Lanak durante casi toda la presente legislatura y cargo del PP.
El portavoz del PNV considera que la fusión de Arabako Lanak fue “nefasta para Álava”.
La portavoz del grupo juntero del PP cree que la comisión ha servido “para sacar a la luz las irregularidades de la pasada legislatura”.
