Vitoria - La lista de irregularidades detectadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en su informe de fiscalización a la Diputación Foral de Álava parece no tener fin. Como adelantó este periódico, el aplazamiento de deudas fiscales a diversas empresas y las anomalías en algunas contrataciones no sólo incluyen a Arabako Lanak. De hecho, la onda expansiva afecta también a otras cinco sociedades forales sobre las que el TVCP pone el foco por distintas irregularidades en adjudicaciones y convenios. El trabajo de este órgano ha detectado deficiencias en contrataciones de Álava Agencia de Desarrollo, Arabarri, Centro de Cálculo de Álava, Indesa y Naturgolf. Todas sociedades públicas gestionadas por el Ejecutivo del Partido Popular en 2012, año al que se circunscribe la citada fiscalización.

En ese año fue, precisamente, cuando concluyeron las obras de ampliación del Buesa Arena, que propiciaron dos nuevos contratos entre Álava Agencia de Desarrollo (AAD) y el Baskonia. El 31 de julio de 2012, la entidad foral y el club de Josean Querejeta firmaban dos acuerdos relacionados con el uso y explotación del recién estrenado pabellón gasteiztarra, ya con más de 15.000 espectadores en su interior, y otro sobre la contratación de publicidad. El primero “establece un contrato de cesión del recinto hasta el 31 de diciembre de 2022 por una contraprestación anual de 250.000 euros”. Un apretón de manos que sustituía a otro previo similar, de 1999, que finalizaba en 2014.

Según denuncia el Tribunal Vasco de Cuentas, el nuevo contrato “no fue autorizado por la propia Diputación Foral de Álava ni se justificó el cumplimiento del criterio de mayor rentabilidad económica en la determinación de las condiciones de explotación, la capacidad de la cesionaria -el Baskonia- y, particularmente, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”. El mismo día de la firma de la cesión del Buesa a la entidad de Querejeta hasta 2022, Álava Agencia de Desarrollo sella “un contrato de publicidad en el recinto, de cuatro años de duración” por el que “esta sociedad pagará a la entidad deportiva 250.000 euros anuales”. Un acuerdo en el que el TVCP denuncia que “no se justifica el equilibrio económico de las prestaciones y acomodo al precio general de mercado”, además de advertir de que “no se cuantifican las prestaciones correspondientes a los servicios a realizar” y “no consta la recepción de los trabajos que acredite la realización de los servicios contratados y abonados, ni la acreditación de la capacidad de la entidad en el momento de la firma del contrato”.

El informe de fiscalización del Tribunal Vasco recoge las alegaciones de la Diputación alavesa al respecto, que en lo que a la cesión del Buesa respecta considera que “no nos encontramos ante un bien patrimonial susceptible de explotación económica típico” por lo que “su explotación no puede hacerse sino desde una perspectiva de rentabilidad social, complementaria y mucho más amplia que la puramente económica”. Sobre el contrato de publicidad por la misma cantidad que el de cesión de uso del pabellón, la Diputación niega que el acuerdo no recoja “las contraprestaciones” y asegura que otras cuestiones no se formalizaron en el documento “por un aspecto puramente formal”.

Por último, el TVCP censura también un contrato de patrocinio publicitario de 80.000 euros suscrito por Álava Agencia de Desarrollo con una empresa para la organización de la Copa del Rey de baloncesto, que se celebraría en Vitoria un año después.

lavandería de indesa Otro de los contratos denunciados por el órgano de fiscalización vasco es la adquisición de maquinaria para la nueva y flamante lavandería de Indesa en el polígono de Jundiz, inaugurada en marzo de 2013, con presencia de los entonces príncipes de Asturias. Según el TVCP, el contrato de 3,1 millones de euros contaba con deficiencias claras en el informe técnico, que “no motivaba las puntuaciones otorgadas a cada oferta ni valoraba criterios como la garantía y la asistencia técnica”, además de “ponderar criterios de adjudicación diferentes en el informe técnico a los asignados en los pliegos”. Irregularidades que afectaban a “un 18% del total a valorar” a la hora de conceder dicho contrato. En este punto, la Diputación “no comparte la observación realizada por el Tribunal”.

El informe detectó también anomalías en hasta cuatro contrataciones realizadas por el Centro de Cálculo de Álava en 2012, por un importe total de 545.593 euros, sobre los que el Tribunal de Cuentas reprueba que se adjudicaron “con una ponderación del criterio precio variable, dependiendo de las ofertas presentadas”. El contrato de Arabarri para erradicar una plaga de termitas en Salinas de Añana, por un valor de 101.000 euros, también se considera “desvirtuado”.

Tampoco Naturgolf, la sociedad foral que gestiona los campos de Izki, se libra del foco del Tribunal, que reprueba la firma de un convenio con una empresa “por el que le cede de manera exclusiva las instalaciones para la celebración de un campeonato oficial”. Según el contrato, dicho torneo “contiene una serie de beneficios publicitarios para Naturgolf por los que debe abonar 100.000 euros”, pero el TVCP duda de que dichas contraprestaciones quedaran claras.