Villanueva de Valdegovía - Aunque el sondeo Urraca concedido a la empresa canadiense BNK para realizar prospecciones mediante la técnica del fracking se sitúa en territorio de Burgos, una parte de estos trabajos se desarrollará en el espacio natural de Valderejo. Entre otras cosas, esto ha motivado distintas acciones por parte de los colectivos que se oponen a la fractura hidráulica y una denuncia pública de EH Bildu, que ayer reclamó a la Diputación alavesa que vele por el territorio ante esta nueva amenaza. La coalición señaló específicamente a BNK. “De nada sirve que trabajemos por conseguir que Araba sea una territorio libre de fracking si el Gobierno foral del PP mira hacia otro lado cuando una empresa quiere perforar pozos no ya cerca, sino en Araba”, alertó el portavoz abertzale en las Juntas, Gorka Ortiz de Guinea. Por esa razón, EH Bildu ha registrado una pregunta para conocer si la Diputación había sido informada al respecto y si ha puesto en marcha alguna iniciativa al respecto.

Por otra parte, las asambleas contra el fracking del País Vasco, Cantabria y Burgos presentaron el pasado jueves en los registros de la subdelegación del Gobierno de Bilbao, Santander y Burgos, respectivamente, alegaciones individuales recogidas de manera conjunta y coordinada contra otro sondeo previsto en Loma de Montija, en las Merindades de Burgos, y con radios de acción que podrían ocasionar daños en las comarcas alavesas de Añana y Zuia. Las firmas, en este caso, se refieren al sondeo Angosto-A, que se encuentra dentro del permiso de investigación Angosto-1 operado por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), la empresa pública del Gobierno Vasco que promueve varios proyectos de fracking en un territorio muy extenso.

Se trata de un permiso de investigación que afecta a Castilla y León, Cantabria y País Vasco y cuyas afecciones ambientales, económicas y sociales no se limitan únicamente al sondeo en Montija, pues se ha de tener en cuenta el efecto acumulativo del elevado número de permisos de exploración, investigación y explotación que se están otorgando en estas comunidades, tal como ponen de manifiesto las asambleas contra el fracking con esta presentación simultánea de alegaciones. El permiso Angosto-1 fue otorgado por 6 años en 2006 por el Gobierno del PSOE y prorrogado en 2012 por el Gabinete Rajoy.

Los colectivos antifracking recuerdan que la Cuenca Vasco-Cantábrica es un entorno en el que confluyen unidades hídricas muy importantes y que es además cabecera de cuencas hidrográficas que dan de beber a grandes núcleos de población, por lo que denuncian que la técnica es un atentado contra el sentido común y la salud de las personas. En su escrito de alegaciones manifiestan la “caótica” tramitación que se lleva en éste y otros permisos, donde se evidencia un proceder “inaceptable” por parte de la Administración competente en materia ambiental.