vitoria - El Consorcio de Aguas de Iruña Oka, la entidad responsable del abastecimiento y saneamiento en este municipio, continúa sumido en la indefinición. El último detonante de la polémica que rodea a la gestión de este organismo ha sido la dimisión de su hasta hace poco secretario, Francisco Clavijo, cuya contratación fue tildada recientemente de “irregular” por la Diputación alavesa pese a haber sido avalada antes por el propio ente foral en manos del PP. Dado que se trata de una figura profesional exigida por la ley, tal y como sucede en los ayuntamientos, la actividad del Consorcio se encuentra en la actualidad totalmente “paralizada”, según denuncia el expresidente y ahora número dos de la entidad, Davide Di Paola.

Tal y como ya avanzó DIARIO DE NOTICAS DE ÁLAVA el pasado 20 de enero, Di Paola fue relevado al frente del Consorcio el pasado mes de septiembre tras un proceso electoral que situó como nuevo presidente al concejal del PP en Nanclares, Antonio Gil, un movimiento que derivó después en un agrio cruce de acusaciones. Di Paola, también presidente de la Junta Administrativa de Trespuentes y “sin altavoces políticos”, incluso tuvo que editar un boletín informativo para defender su gestión y honradez al frente del Consorcio tras ser señalado por los populares de Nanclares e incluso acusado de cometer una “irregularidad” en la contratación del citado secretario, una acusación que también avaló la diputada foral de Medio Ambiente, Marta Ruiz Cerrillo.

La realidad fue bien distinta, porque las actuaciones del Consorcio de Aguas en esa contratación se ajustaron en todo momento a lo dispuesto en una resolución del Gobierno Vasco del año 2012 y en una orden foral de julio de 2013 firmada por el también popular Javier Ruiz de Arbulo, diputado de Administración Local, en la que autorizaba la contratación de Clavijo “con habilitación de carácter estatal”, tal y como exige la legislación.

gratificación A través de esa orden foral, Ruiz de Arbulo dispuso también que el desempeño de sus nuevas funciones daría derecho a Clavijo a percibir una gratificación “de hasta el 30%” de sus remuneraciones como secretario del Ayuntamiento de Zambrana, donde ejerce su trabajo habitual.

No todo quedó ahí, ya que el PP de Nanclares, en un artículo de opinión publicado en la revista municipal del pueblo y titulado Corruptelas, puso también en entredicho la contratación de este secretario avalado por sus correligionarios en la Diputación. “Nuestro Consorcio de Aguas tenía un presunto secretario que por dos horas al mes le pagaban en negro 1.000 euros, sin retenciones, sin cotización, sin declararlo a Hacienda y sin tener valor alguno los trabajos que ha realizado”, aseguró ese artículo.

Sin embargo, fue la propia asamblea del Consorcio, en la que ya figuraba Gil antes de llegar a la presidencia tras el último proceso electoral, la encargada de aprobar ese salario, que se transfería desde la cuenta de la entidad a la del profesional “sin ningún tipo de ocultación”, según defiende Di Paola. La asamblea acordó también que éste trabajaría dos tardes a la semana, 32 horas al mes, una valiosa labor que el expresidente sigue defendiendo sin paliativos.

Pese a todo, Clavijo se ha visto forzado a salir del Consorcio por la puerta de atrás, presionado en buena medida por este inaguantable ambiente, lo que ha dejado a la entidad en una situación límite. Tras un mandato en el que Di Paola inició un viraje en la gestión que incluyó la firma de convenios, la regularización de los balances económicos de la entidad o el fichaje de ese secretario, la actividad del Consorcio vuelve a estar paralizada ante la imposibilidad de reunirse.