Vitoria - La hoja de ruta hacia la reapertura de Garoña continúa cumpliendo plazos sin alterar su rumbo lo más mínimo. La última reunión del Consejo de Seguridad Nuclear acaba de marcar el siguiente paso, asociado al cumplimiento de las exigencias de seguridad necesarias para poder reabrir sus puertas hasta 2031, como pretende Nuclenor con el amparo el Gobierno de Mariano Rajoy. Así, el CSN exige a la central burgalesa que proceda a inspeccionar los 97 accionadores de las barras de control de los que dispone, respondiendo al cumplimiento de la instrucción técnica complementaria de los requisitos para la renovación de la licencia.

Los accionadores de las barras de control son un elemento clave en la seguridad de una planta nuclear, pues cumplen una función prioritaria para, en caso de necesidad, detener las reacciones nucleares en el reactor. De hecho, la central de Cofrentes fue objeto hace cuatro años de una sonora polémica cuando Greenpeace denunció la aparición de fugas en las barras de control por culpa de un problema de corrosión. Según detecto el propio CSN, en 2011 la central sufrió fugas que llegaban a los 4.000 litros al día por unos accionadores de las barras de control en mal estado. Un contratiempo que se quiere ahora prevenir en Garoña obligando a los dueños de la central, Nuclenor -participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa- a revisar la totalidad de los accionadores.

La propuesta inicial pasaba por obligar a Garoña a una inspección minuciosa de sólo doce de ellos, pero finalmente se procederá a revisar los 97 de los que el complejo atómico burgalés dispone actualmente. La medida fue aprobada por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear por cuatro votos a favor y uno en contra, a cargo de la exministra Cristina Narbona. La socialista aclaraba después en el acta de la sesión que su votación contraria a la medida no cuestionaba la necesidad de la misma, sino que se debía a que consideraba esta revisión un nuevo paso del proceso de reapertura de Santa María de Garoña. Según informaba ayer Europa Press, la consejera reafirmaba en el acta su voto particular contrario a la concesión de la renovación de la autorización de la licencia de la central durante los próximos 17 años, lo que llevaría al complejo a convertirse en la central más vieja del Estado, alcanzando los sesenta años de vida.

Narbona aclara en el acta de la sesión que su voto “discrepante” no cuestionaba la calidad del trabajo del cuerpo técnico del CSN, sino que felicitaba a la dirección técnica de seguridad por “el rigor y el alcance del programa de inspección” de las penetraciones de los accionadores de las barras de control. Así las cosas, la planta ubicada a cuarenta kilómetros de Vitoria avanza hacia el 2016 -año en que podría reactivarse de nuevo si se cumplen los plazos- de forma paulatina, sellando todos y cada uno de los plazos necesarios y formalizando los requisitos de seguridad obligatorios, mientras el CSN mantiene abierto el periodo de estudio y análisis de la documentación remitida por Nuclenor para avalar su solicitud para alzar de nuevo la persiana. En este sentido, la exministra de Medio Ambiente reiteró en el último pleno su petición de que el CSN “delibere y decida cuanto antes” sobre el futuro de la central, pues a su juicio este órgano “sigue sin aclarar” si acepta o no evaluar la solicitud cursada por Nuclenor en los términos en los que fue presentada, a pesar de que se trata de una “circunstancia inédita en la historia” del organismo regulador español.

Además, Narbona recordaba que “nunca” un titular había presentado al CSN una renovación de una autorización de explotación por un periodo de tiempo superior a diez años, y que nunca se había pedido operar una central estatal hasta las seis década de vida. La consejera del CSN concluye que desde 1999 los permisos o autorizaciones de explotación concedidos a las centrales nucleares requieren la presentación de una revisión periódica de seguridad asociada a la solicitud de un nuevo permiso de explotación por un periodo de una década.

Alcaldes contra Garoña Por otra parte, los alcaldes de Zambrana, Ayala, Amurrio, Urkabustaiz, Kuartango, Ribera Alta, Lantaron, Villanueva de Valdegovía, Armiñón, Berantevilla y Salinas de Añana mostraron ayer su apoyo a la manifestación convocada el día 28 en Vitoria para mostrar el rechazo de la ciudadanía a la reapertura de la central. Los alcaldes de los municipios alaveses cercanos a Garoña manifiestan su “demanda de cierre definitivo e irreversible de la central por los problemas técnicos de carácter estructural que afectan a su seguridad, sumados a la inseguridad de un marco normativo que cambia a golpe de real decreto al albor de las negociaciones entre las empresas eléctricas y el Gobierno, que han generado una auténtica alarma social al encontrarse nuestros pueblos a menos de treinta kilómetros de Garoña”.

“La pretensión de Nuclenor de operar hasta 2031 para amortizar los costes de la reapertura deja bien a las claras que priman los intereses económicos sobre el futuro, la seguridad y la vida de quienes vivimos en el ámbito de acción de la central. Sería la única central con tecnología de primera generación que estuviese en activo y la primera en intentar llegar a sesenta años de vida útil. Se trata de convertirnos en los conejillos de indias de la industria nuclear”, subrayan los alcaldes.