vitoria - La solicitud para investigar la presencia de gas no convencional en el subsuelo de Álava dibuja un mapa con cuatro pozos, pero la sombra del fracking comprime el territorio por todos sus flancos. A los grandes planes de Shesa, la sociedad de hidrocarburos dependiente del Gobierno Vasco, se acaba de sumar una nueva petición para hurgar en la roca que tiene influencia directa en nuestra provincia. Detrás de la maniobra está BNK, una gran empresa canadiense dedicada en exclusiva a estos menesteres, muy interesada en abrir doce agujeros en Burgos, seis de los cuales se ubicarían en una zona que se adentra parcialmente en el territorio histórico.

Que el proyecto de BNK siga adelante es bastante probable porque, en su caso, que se autoricen o no los sondeos depende en exclusiva del Gobierno de España. Es lo que pasa cuando la propuesta afecta a dos comunidades autónomas, que la tramitación ambiental ha de realizarse ante el Ejecutivo central, sin que las administraciones regionales puedan hacer ni decir nada. Y así sucede con el área de permiso denominada Urraca. Está enclavada en los municipios burgaleses de Medina de Pomar, Merindad de Cuesta Urria y Villarcayo, pero penetra en Álava. No es raro, por tanto, que la empresa canadiense ya esté dando por hecho la puesta en marcha de sus planes. Quien tiene que darle permiso ha legislado para vencer a la oposición y logrado que el Tribunal Constitucional anule las normas antifracking aprobadas por territorios contrarios a la técnica. Todo está de su parte, tanto que hasta ha anunciado el inicio de la aventura: 2016.

Los permisos que se han solicitado, eso sí, son para exploración. Es decir, para determinar si hay gas pizarra en el subsuelo y si es rentable extraerlo. En el caso de que la empresa canadiense concluyera que sí, entonces tendría que poner en marcha otro proceso de evaluación ambiental para que se le autorizara la explotación de los yacimientos. Su proyecto, por tanto, se encuentra aún en fase embrionaria, lo que no resta para que el movimiento contrario al fracking haya vuelto a elevar la voz. Algunos de los municipios donde BNK ha puesto el punto de mira han recordado su rechazo a la utilización de esta técnica en sus tierras, advertencia que los canadienses pretenden difuminar tratando de hacerles la boca agua con los supuestos beneficios económicos que conllevaría la extracción de gas. Según afirman desde la empresa, los consistorios afectados se embucharían entre 300.000 y 600.000 euros por cada uno de los sondeos.

Obtener dinero fácil en tiempos de crisis es un buen acicate, pero no parece que el argumento termine de convencer a la ciudadanía. En Euskadi, al menos, no. La oposición social a los planes existentes, menos avanzados que los de BNK pues según dice no ha presentado el estudio inicial de evaluación de impacto ambiental, es contundente. El pasado mes de diciembre, todos los partidos que forman el Parlamento Vasco admitieron a trámite la Iniciativa Legislativa Popular contra la fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional, propuesta que fructificó gracias a la recogida de más de 100.000 firmas de ciudadanos particulares. El objetivo de la ILP, impulsada por la plataforma Fracking Ez, es prohibir definitivamente la técnica y abandonar la búsqueda de estos hidrocarburos por los grandes riesgos que, a juicio de los detractores, provocaría en nuestro entorno: contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, afección al aire, daños a la salud humana, alteraciones del paisaje y el terreno, contaminación de los suelos al cerrarse los pozos y peligro sísmico.

El paso dado en el Parlamento autonómico fue importante, pero ni de lejos logró allanar los obstáculos. Hay demasiados intereses en juego y poca claridad en algunos posicionamientos. Esta martes, la Mesa de la Cámara Vasca decidió paralizar la tramitación de la ILP con el fin de pedir la comparecencia de expertos en la materia. Esta decisión fue adoptada con el respaldo de la presidenta, Bakartxo Tejería, y del PNV, mientras que EH Bildu votó en contra, el PSE se abstuvo y el representante del PP, Antón Damborenea, se ausentó. Los nacionalistas alegaron que su gesto es “algo habitual” en la tramitación de este tipo de iniciativas, pues actuaron de la misma manera en los casos de las cláusulas sociales y la ley de adicciones, pero la coalición abertzale les acusó de retorcer las reglas del Parlamento para retrasar el debate y poder llegar a las elecciones sin mojarse.

Ésa es también la visión de la plataforma Fracking Ez, convencida de que la fuerte oposición popular ha ido obligando a la consejería de Industria a posponer decisiones. Hace dos años y medio, el lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró que no habría “ni explotación ni exploración”, pero desde entonces se han dado pasos que algunos interpretan en el sentido contrario, como los que atañen a la protección ambiental de parques naturales donde se proyectan pozos. Las críticas, no obstante, también salpican al PP. En el Ayuntamiento de Vitoria, el Gabinete de Javier Maroto siempre ha defendido su rechazo a esta técnica pero se niega a pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que frene la amenaza con la excusa de que si Lakua no concede permisos no hay nada que temer, como si no tuviera importancia que desde la sede central se estén diseñando tasas y reformando cánones ya existentes que prometen millones de euros para las zonas que se aventuren a extraer hidrocarburos.