Gasteiz - En Gasteiz hay 10.000 viviendas vacías, varios centenares de ellas pertenecen al Gobierno Vasco, y por su parte el Ayuntamiento posee otras 24 cerradas a cal y canto. Mientras tanto, sigue habiendo familias desahuciadas que no tienen adónde ir y acaban alojadas en el CMAS, el centro municipal de acogida social, diseñado para atender necesidades urgentes de alojamiento, y no para tener allí viviendo a una familia con dos hijas al borde de la mayoría de edad durante todo un año, como ha ocurrido recientemente.

Ayer los grupos de la oposición pidieron una vez más al equipo de gobierno que habilite las viviendas que tiene vacías, y que reforme las que se encuentran en peor estado (algunas amenazan ruina) para atender estas situaciones, pero la burocracia y los diferentes niveles competenciales existentes en Euskadi parecen mantener vivo el contrasentido de que las instituciones acumulen vivienda vacía mientras la gente se va a la calle.

La concejala de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, rechazó adoptar tal medida, afirmó que lo único que puede hacer es atender a esas personas a través de los servicios sociales, y sentenció que por esa vía las derivaciones se tienen que hacer al CMAS y a otros recursos pensados para personas con problemas de exclusión que, además, carecen de vivienda. Son espacios tutelados por trabajadores sociales, donde hay normas que cumplir, horarios, y donde se inician los itinerarios de inclusión social.

Sin embargo, desde que estalló la crisis, las familias que se van a la calle no tienen problemas de adaptación ni de educación ni de destrezas sociales ni necesitan adquirir hábitos para hacer una vida normal. Necesitan exclusivamente un techo bajo el que vivir desde que el desempleo y el endeudamiento los llevó a situaciones límite, y en ese sentido Domaica apeló al Gobierno Vasco, competente en materia de Vivienda, para que abra esos centenares de pisos cerrados (en Elejalde, por ejemplo, hay 300 viviendas de Alokabide con la llave echada). Como el Ayuntamiento no es competente (como tampoco lo es en materia de RGI, aunque en ese tema sí se implica), no va a habilitar todos esos pisos vacíos, un listado en el que no entran las decenas de viviendas que atesora la sociedad municipal Ensanche 21 y que llevan años con las persianas cerradas.

El drama de los desahucios volvió a la actualidad a principios de febrero, cuando se conoció el caso de una madre con una menor a su cargo a la que Alokabide expulsó de la vivienda que habitaba en Abetxuko, pero el goteo no ha cesado desde que a principios de legislatura los lanzamientos saltaron a la actualidad.

En este tiempo la plataforma Kaleratzeak Stop Araba ha acudido en dos ocasiones al Ayuntamiento vitoriano para reivindicar una mayor implicación institucional, que se plasmó en una moción apoyada por unanimidad en 2012 de la que prácticamente ningún punto se ha cumplido a día de hoy.

Domaica insistió en que no es a ella a quien corresponde realojar a esas personas en viviendas mientras se soluciona su situación, y defendió que el CMAS ya no es un albergue al uso, pues desde la anterior legislatura se separa a los transeúntes de toda la vida de otro tipo de personas sin problemas sociales a sus espaldas.

“¿Rehabilitar pisos vacíos del Ayuntamiento cuando tenemos 300 viviendas nuevas?”, se preguntó Domaica, quien defendió la actuación del Ayuntamiento en materia de desahucios mediante, por ejemplo, el pago del impuesto de Plusvalías en casos de lanzamiento que acordó con el PNV mediada la legislatura. Domaica descargó la responsabilidad del acogimiento digno a estas familias en el Gobierno Vasco en última instancia, pero también afirmó que la reforma de las viviendas municipales correspondería, en todo caso, a los servicios de Mantenimiento o Patrimonio.

Desde la oposición, por su parte, se reclamó a la edil popular que se actúe aunque la competencia de Vivienda no sea de la Administración local. “Los trabajadores municipales hacen sus valoraciones, pero ustedes se las echan atrás”, dijo la edil del PNV Nerea Melgosa en respuesta a la acusación de Domaica a la oposición de menospreciar la labor de las trabajadoras sociales. La concejala nacionalista recordó además que en municipios como Barakaldo o Sestao, con la colaboración de Cáritas, se están rehabilitando pisos de titularidad municipal.

“Cuestión de voluntad” En el PSE, Peio López de Munain se pronunció en la misma línea. “La profesional ve lo que hace falta y luego ve lo que tiene”, señaló el edil socialista, quien insistió en que el CMAS no responde a las necesidades de las familias desahuciadas y apeló a experiencias como la que se desarrolla en Cataluña, mediante la que las familias se alojan gratis en viviendas en mal estado con la condición de rehabilitarlas. “Es cuestión de voluntad”, sentenció.

Desde EH Bildu, su portavoz, Kike Fernández de Pinedo, criticó el hecho de que Alokabide no dé salida a viviendas que podrían destinarse a alquileres sociales o alojamientos de emergencia, pero también criticó la escasa implicación del Ayuntamiento en esta materia. “¿Han realizado algún tipo de gestión en estos cuatro años con la Diputación o con el Gobierno Vasco?”, preguntó. Fernández de Pinedo criticó además que Kutxabank, entidad creada por PP, PNV y PSE, “siga desahuciando”.