vitoria - La comisión de investigación de Arabako Lanak afronta hoy su recta final con una sesión -la primera matinal- en la que comparecerán Ainhoa Mouriz e Iñaki Gurtubai, ambos antiguos gerentes de Álava Agencia del Agua antes de su fusión con Arabarri para crear Arabako Lanak, a instancias del Gabinete de Javier de Andrés. Cuatro son las reuniones que restan para finiquitar una comisión que está recogiendo menos frutos de los que cabría esperar, y no precisamente por la ausencia de casos polémicos a investigar. Sin embargo, formaciones como el Partido Popular y EH Bildu, las más activas estos días a la hora de extraer conclusiones tras cada sesión de trabajo, se han mostrado más dispuestas a desarrollar valoraciones genéricas, a veces conjuntas, sobre el desastre de Arabako Lanak que a profundizar en algunas actuaciones , como ocurrió la semana pasada cuando la comisión pasó de puntillas sobre las obras de la carretera entre Leza y Elciego.

Un proyecto que con el diputado foral Javier Ruiz de Arbulo al frente de Arabako Lanak se anuló para ser concedido después a otra constructora diferente, y que hace poco más de año acabó en el servicio de mediación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Álava, cuyo árbitro emitió un laudo demoledor contra la gestión del diputado foral pero que, sorprendentemente, no pareció interesar demasiado la semana pasada a algunos de los portavoces junteros presentes en la comisión, además del propio PP.

Eso pese a que el informe de cuarenta páginas, elaborado por el abogado del servicio de mediación de la Cámara de Comercio y al que ha tenido acceso este periódico, está plagado de críticas y reprobaciones a la labor de los responsables de Arabako Lanak, representada en la demanda por el diputado de Administración Local, Javier Ruiz de Arbulo, y Aitor Uribesalgo, su homólogo de Hacienda. La empresa Construcciones Moyua acabó ganando el proceso a la Diputación, siendo recompensada con unos 322.000 euros de indemnización.

Todo se remonta a octubre de 2011, cinco meses después de que el PP se hiciera con el sillón foral y ya con Javier Ruiz de Arbulo al frente de Arabako Lanak. El 4 de octubre de ese año, el Consejo de Diputados procedía a anular el contrato que Arabako Lanak había suscrito el 4 de junio de 2010 con Construcciones Moyua para ejecutar el proyecto de Construcción de mejora de trazado y ampliación de plataforma de la carretera entre las localidades alavesas de Leza y Elciego. Una obra por valor de 4.501.800 euros que debía arrancar antes de junio de 2011 y que, sin embargo, Moyua nunca pudo ejecutar, quedando rescindido su contrato de forma unilateral por la Diputación y pasando las obras a manos de otra firma.

La demanda fue a parar a manos del servicio arbitral de la Cámara de Comercio, que el 27 de junio de 2013 falló en su favor en un informe en el que el representante de la Cámara alavesa muestra doblemente su sorpresa, primero por la decisión de Arabako Lanak de romper el contrato sin ninguna base legal que lo avalase, y segundo porque ninguno de los dos representantes de la sociedad foral, Ruiz de Arbulo y Uribesalgo, se molestaran siquiera en defender su decisión en el servicio de mediación, al que de hecho negaron su legitimidad y su “improcedencia” para mediar en esta cuestión, según se recoge en el informe justo antes de que el abogado les recuerde que en el contrato con Moyua unos y otros “pactaron específicamente someter la resolución de conflictos a arbitraje”.

Así las cosas, al ver que su argumentación para escaquearse de la mediación no obtenía ningún rédito, decidieron directamente renunciar a acudir a sustentar su defensa, basada en que la anulación se había producido porque no se llegó a levantar el llamado acta de comprobación de replanteo, documento que debe firmarse antes de ejecutar las obras y que dicta oficialmente su inicio. Los que sí acudieron fueron los representantes de Moyua, que expusieron cómo ellos mismos habían insistido en “formalizar el acta en diversas ocasiones para incorporar los problemas que se habían detectado antes de empezar las obras”. Problemas como la aparición de un yacimiento arqueológico o una tubería de suministro que no estaban previstos en el proyecto. Pero la firma del citado acta nunca se produjo, y la siguiente comunicación que recibieron de la Diputación alavesa fue que “se les había retirado” el contrato por decisión unilateral de los responsables de Arabako Lanak, sin más explicaciones que ese supuesto retraso en la firma, provocado precisamente por la inacción de la sociedad foral.

“un mínimo de fundamento” Una contradicción que en el fallo del servicio arbitral no pasó desapercibida, como tampoco lo hizo la desidia foral a la hora de defender su decisión. “Sorprende sobremanera que si la tesis de la demandada (Arabako Lanak) tuviera un mínimo de fundamento, no haya desplegado el menor esfuerzo probatorio para sustentar tal criterio”. La Cámara de Comercio recuerda que, al menos, “podían haber traído a esta arbitraje el testimonio de sus técnicos para sustentar su tesis”.

Pero los gestores de Arabako Lanak ni se molestaron, probablemente porque, como consta en el fallo, la inexistencia del acta necesaria para empezar las obras era “imputable exclusivamente a Arabako Lanak”, que “incumplió sus obligaciones”. “Sorprende a este árbitro que Arabako Lanak nada haya dicho sobre el motivo o fundamento en razón del cual se deja sin efecto” el contrato con Moyua, prosigue el informe, entre otras cosas porque “la Diputación Foral de Álava certifica la existencia de crédito presupuestario suficiente consignado a tal efecto, lo que convierte en incomprensible y merecedora de reprobación la conducta desplegada por la Administración” de De Andrés.

En esencia, y por motivos que ni el servicio de mediación fue capaz de entender, el Gabinete de Javier de Andrés decidió quitar el contrato de las obras de la carretera a Construcciones Moyua, por valor de 4,5 millones de euros, de forma unilateral y sin ningún argumento, prefiriendo pagar los 322.000 euros de indemnización -268.851 euros más intereses- a acudir al servicio de arbitraje a defender su decisión, sobre la que el árbitro asegura incluso que era poco más que una excusa improvisada a última hora: “Parece que el motivo alegado por la demandada surge de forma sobrevenida con posterioridad, al tener que sustentar su oposición a la reclamación de Moyua”. Poco después, las obras pasaban a manos de otra constructora.

Obras polémicas. El 24 de junio de 2010 se formaliza el contrato entre la Diputación y Construcciones Moyua para la ejecución de las obras de la carretera entre Leza y Elciego, por un total de 4,5 millones de euros.

Anulación. El 4 de octubre de 2011, cinco meses después de llegar al poder, el Consejo de Diputado de Javier de Andrés procede a anular el contrato, para concederlo después a otra firma.

Motivos. El argumento foral es que a esas alturas se debía haber suscrito un documento necesario para poder iniciar las obras que no se había firmado. La empresa sostiene que solicitó “en diversas ocasiones y de forma específica” la firma del documento, llamado acta de replanteo, pero Arabako Lanak nunca lo quiso firmar. Durante ese tiempo se detectaron problemas como la presencia de un yacimiento arqueológico o una tubería de suministro no prevista.

Mediación. Construcciones Moyua presenta una demanda que va al servicio de arbitraje de la Cámara de Comercio. La Diputación niega su legitimidad para mediar, aunque así lo recogía el contrato. El árbitro falla a favor de Moyua y reprueba de forma muy dura la gestión de los responsables de Arabako Lanak.