gasteiz - Han pasado ya más de dos años desde que Consuelo Crespo (Vitoria, 1967) fue desahuciada por no poder hacer frente al pago de una hipoteca sobre un negocio fallido de su expareja que tenía su vivienda como aval. Acudió al amparo de la plataforma Kaleratzeak Stop Araba, que había nacido apenas medio año antes, y tras una dura negociación con su entidad bancaria pudo evitar, como mal menor, la judicialización del caso. A cambio, eso sí, de perder el piso y cargar con una deuda de 60.000 euros durante 15 años. Desde entonces pasó al otro lado, el del activismo, para tratar de que nadie más vuelva a pasar por un infierno que todavía hoy revive “todos los días”. No parece tarea fácil, porque a pesar de los avances logrados gracias a la presión popular y a la leve recuperación económica Euskadi asiste cada mes a 60 nuevos desahucios. Sólo la semana pasada, cinco nuevas familias tocaron la puerta del colectivo alavés antidesahucios porque la espada de Damocles de la ejecución hipotecaria ya ha comenzado a pender sobre sus cabezas.
Mientras algunos políticos insisten en la recuperación económica, los desahucios siguen a la orden del día. Esto es una evidencia.
-Sí, es así. Los últimos datos del Gobierno Vasco dicen que hay 60 desahucios al mes en la CAV. No estamos viendo ninguna recuperación. No es la realidad, sino la que nos quieren hacer ver.
¿Qué le viene a la cabeza cada vez que una familia con problemas se acerca a Kaleratzeak Stop Araba?
-La injusticia. Que unos tengan tanto y otros tengan tan poco. Esa injusticia, sobre todo.
Usted vivió en primera persona la tragedia de ser desahuciada. ¿Cómo recuerda aquel infierno?
-Buff... Todavía lo tengo ahí, lo vivo todos los días. Y lo vivo también con el resto, cada vez que alguien viene aquí. No te lo puedes quitar nunca.
Entregó su piso y, además, quedó con una deuda de 60.000 euros en 15 años. Una losa difícil de llevar.
-Es una losa importante. Es una deuda que me lleva a pagar todos los meses la mitad de mi sueldo, que además es bajo y no me permite hacer otras cosas. Tampoco me da opción de tener ninguna ayuda, porque tengo una nómina, aunque se vea mermada al 50%.
¿Cómo se puede vivir así?
-Con mi madre. Gracias a la ayuda de la familia y poco más. Por suerte tengo un trabajo fijo, una nómina que no es grande pero que tengo todos los meses y que me permite hacer frente a la deuda y con lo que queda, a los gastos.
¿Ve el día en el que pueda volver a independizarse?
-Difícilmente, porque esta deuda es para 15 años y acaba de hacer ahora mismo sólo dos años desde que la empecé a pagar. Lo cuento todos los meses.
¿Cómo se comportó el banco en su día con usted?
-En su momento, su actitud fue la de cerrarme la puerta completamente. Después, yendo con la plataforma, parece que se abrió un poquito más a una negociación, pero demasiado al límite. Como que me agarraron por donde pudieron. Se quedaron el piso, media nómina... La negociación no fue muy buena, pero en su momento yo necesitaba también acabar con eso, poder tirar adelante con mi vida y salir del procedimiento judicial, que es lo más importante. Por lo menos esa losa me la pude quitar de encima, que eso sí que te quita hasta la vida. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero ni siquiera puedes hacer algo tan sencillo como hacer una línea de teléfono. Ahí se acaba tu vida, no eres nadie. Dependes siempre de alguien para todo.
¿Cuántos casos de desahucio inminente tienen sobre la mesa a día de hoy?
-Inminentes, con fecha de lanzamiento, dos. Y procedimientos judiciales abiertos, varios más. Un montón. La semana pasada vimos cinco casos nuevos, con distintas entidades. El trabajo no para.
Han hecho del ‘sí se puede’ su consigna más habitual. ¿Con el paso del tiempo, y gracias a la presión popular, han podido corearla más habitualmente?
-Cada vez estamos más convencidos de que sí se puede. Si quieren, sí se puede. Además, hay muchos procedimientos que se están anulando y otros que se están aplazando en los tribunales. Esto no quiere decir que aquí no ha pasado nada, pero cada vez hay más sentencias a favor de los afectados, en las que se están anulando los procedimientos, incluso después del desahucio. Los jueces se están concienciando y cada vez hay más sentencias a nuestro favor.
¿La dación en pago sigue siendo un objetivo mínimo para la plataforma?
-Sí, claro. Es algo de mínimos. No es que sea bueno, porque pierdes la vivienda y te quedas en la calle, pero supone el escenario menos malo. Al menos no arrastras una deuda y puedes volver a empezar.
¿Y el máximo?
-Estamos trabajando en la aprobación de una nueva Ley de Vivienda, donde hay muchas reivindicaciones. Es una pelea muy dura porque los partidos políticos no están por la labor. Hemos hecho un documento que tiene diez puntos y se ha consensuado con el resto de plataformas vascas. Exigimos desde que haya un parque público de viviendas o un código de buenas prácticas bancarias hasta el cumplimiento de la normativa europea sobre protección al consumidor. Que el Gobierno Vasco cifre en 250.000 las personas que viven en estado de precariedad o que 90.000 sean víctimas de la pobreza energética son datos que asustan.
Precisamente, esta semana Cayo Lara (IU) le echó en cara a Mariano Rajoy en un debate algunos de estos datos, a lo que el presidente del Gobierno contestó que estaba pintando un país “desconocido”.
-Desgraciadamente (Lara) tiene toda la razón. Nos quieren pintar un país de las maravillas, de la recuperación y de los brotes verdes. Ése es el país en el que viven ellos.
Aunque los bancos tienen la sartén por el mango, ¿echan en falta una mayor implicación institucional, más compromiso?
-Sí, desde luego. Pueden hacer mucho más. Lo mismo que se dan ayudas a los bancos para que puedan salir de ésta, también deberían presionarles e incluso ayudar directamente a las familias que lo necesitan. Ahora hay muchas entidades que están vendiendo los pisos que tienen, sus activos, a fondos buitre. Esa misma facilidad no nos la dan a nosotros cuando estamos en apuros.
Hablando de los pisos sociales de Alokabide, ¿cómo está ahora la situación de sus usuarios?
-Peleando mucho, se va avanzando algo. Tampoco es gran cosa la que se consigue, porque es algo manejado por una institución, el Gobierno Vasco, que debería primar su carácter social. No deben facilitar a una empresa unos alquileres, sino a los usuarios vivir en unas condiciones dignas. Los llaman alquileres sociales, pero los casos que vemos son de gente que está pagando unas rentas altísimas, muy por encima de sus ingresos. Dentro de la modificación de la Ley de Vivienda que pedimos, también está la gestión social de los pisos de Alokabide.
¿Confían en que con el cambio de consejería se encauce su relación con el Gobierno Vasco?
-Bueno... Confiamos más en nosotros mismos, en nuestra fuerza, nuestra unión y nuestra presión. Mucho más que en cualquiera que esté en ese puesto.