vitoria - El afán del PP por endurecer el acceso a la RGI con la excusa de combatir el fraude social no sólo perjudicaría a los inmigrantes. El portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria, Gorka Urtaran, alertó ayer de que, “aun rebajando el requisito de antigüedad en el padrón de 10 a 5 años”, las medidas propuestas impedirían “a más de 31.026 residentes en Vitoria” recibir la prestación en caso de necesitarla; la gran mayoría, mujeres (un 74,5 %) y de nacionalidad española (62%). Justo lo contrario de lo que proclaman quienes han fomentado la ILP por unas ayudas más justas.
A 1 de enero de este año, había censadas en la ciudad 14.571 personas con menos de cinco años de antigüedad, 5.250 de las cuales llegaron a Gasteiz de otras autonomías españolas y 9.321 del extranjero. Todas ellas quedarían fuera del sistema, pero no serían las únicas. A ese colectivo habría que sumar a quienes están en edad de trabajar, pero nunca han cotizado a la Seguridad Social. Según los datos del PNV, en este caso figuran los jóvenes que no han accedido a su primer empleo (2.000), las amas de casa (13.851) y otros ciudadanos sin actividad (604).
Sumando todos los factores, a Urtaran le sale que “31.026 ciudadanos” se verían sin opción de acceder a la RGI estando en situación precaria. De ésos, más de 19.000, el 62%, serían españoles. Los extranjeros completarían los restantes 11.803, de los que 9.321 están empadronados en Vitoria desde hace menos de cinco años, 468 buscan su primera oportunidad laboral y 2.014 son mujeres dedicadas a las labores domésticas. “Maroto excluye no sólo a los fraudulentos, sino a miles de ciudadanos”, denunció el edil.- J.S.
