cuando Davide di Paola tomó las riendas del Consorcio de Aguas de Iruña Oka, la entidad responsable del abastecimiento y saneamiento en este municipio, se empeñó en instaurar un nuevo modelo de gestión “progresista”, fundamentado en el carácter público de este bien y en valores como la transparencia, el respeto a los ecosistemas, la eficiencia o el control público. Di Paola, que no cuenta con afiliación política, fue nombrado presidente del Consorcio hace algo más de dos años, en un escenario “confuso”, en el que la institución no sólo “carecía de una hoja de ruta”, sino también de programas informáticos, de un secretario con habilitación nacional, como exigía la ley, de seguros de responsabilidad civil e incluso de un convenio con sus trabajadores. Así que se puso manos a la obra, solucionando primero los “problemas prácticos” e iniciando después ese ambicioso viraje en la gestión.

Los resultados “no tardaron en llegar”, según expone este vecino de Trespuentes en un boletín editado y sufragado por él mismo recientemente. El Consorcio firmó convenios, avanzó hacia la regularización de sus balances económicos, fichó a ese secretario... Sin embargo, Di Paola fue relevado en el cargo este pasado septiembre tras un nuevo proceso electoral -ahora es el número dos en la entidad- y las aguas, nunca mejor dicho, han comenzado a bajar de nuevo muy revueltas en Iruña Oka, con un agrio cruce de acusaciones entre el ya expresidente y su sucesor, el concejal del PP en Nanclares, Antonio Gil. Di Paola, “sin altavoces políticos”, ha tenido que editar ese boletín para defender su gestión y honradez tras ser señalado por el PP de Nanclares e incluso acusado de cometer una “irregularidad” en la contratación del secretario por la diputada foral de Medio Ambiente, Marta Ruiz Cerrillo.

Una defensa, pero también un ataque a la gestión encabezada por Gil desde que llegó a la presidencia. “Sus nefastas decisiones, (...) asesorado por incompetentes de su partido político y con el respaldo por inacción del PSE, muy atento a no perder sus privilegios (...), han arrastrado al Consorcio a una situación insostenible”, denuncia Di Paola. El ya expresidente critica que la “verdadera intención” de Gil al frente de la entidad pasa por “deshacer de un plumazo” el trabajo realizado por él y su equipo en los dos últimos años con una política privatizadora. “La política del PP se basa en privatizar la gestión del agua, en echar abajo toda la labor anterior”, resume Di Paola en declaraciones a DNA.

La gota que ha colmado el vaso de su paciencia y que le ha llevado a exigir una rectificación pública a la Diputación deriva de una interpelación formulada por EH Bildu a Ruiz Cerrillo, en la que la diputada dio a entender el pasado 11 de diciembre que la contratación del secretario del Consorcio “se hizo de forma irregular”. Di Paola defiende que las actuaciones de la entidad se ajustaron en todo momento a lo dispuesto en una resolución del Gobierno Vasco de 2012 y en una orden foral de julio de 2013 firmada por el también popular Javier Ruiz de Arbulo, diputado de Administración Local, en la que autorizaba la contratación de este profesional, Francisco Clavijo, “con habilitación de carácter estatal”, como exige la ley. Además, a través de esa orden foral, Arbulo dispuso que el desempeño de sus nuevas funciones daría derecho a Clavijo a percibir una gratificación “de hasta el 30%” de sus remuneraciones como secretario del Ayuntamiento de Zambrana, su trabajo habitual. Por el momento, el ente foral no se ha desdicho de sus “agravios” a Di Paola.

Sin embargo, no todo queda ahí, ya que el PP de Nanclares, en un artículo de opinión publicado en la revista municipal del pueblo y titulado Corruptelas, pone también en entredicho la contratación de este secretario avalado por sus correligionarios en la Diputación. “Nuestro Consorcio de Aguas tenía un presunto secretario que por dos horas al mes le pagaban en negro 1.000 euros, sin retenciones, sin cotización, sin declararlo a Hacienda y sin tener valor alguno los trabajos que ha realizado”, asegura ese artículo. Di Paola defiende que la propia asamblea del Consorcio, en la que ya figuraba Gil, fue la encargada de aprobar ese salario, que se transfería desde la cuenta de la entidad a la del profesional “sin ningún tipo de ocultación”. La asamblea acordó también que éste trabajaría dos tardes a la semana, 32 horas al mes, una valiosa labor que el expresidente defiende sin paliativos. “El cambio ha sido un auténtico desastre. No se encuentran a la altura y están atacando en todos los frentes”, lamenta.