gasteiz - “La Justicia comienza a tener una apertura enorme hacia este campo. Ya en Vitoria, se me piden informes periciales, valoraciones de secuelas y lesiones sociales por parte de jueces y fiscales”, remarca Simón. Su trabajo aspira a abrir más el camino hacia la consideración específica del daño social que sufren las víctimas.
¿Qué le animó a iniciar el estudio?
-En el ámbito judicial, el contenido de la evaluación forense que hace un psicólogo, un médico o un psiquiatra forense tiene mayor repercusión. A pesar de que el trabajo social viene caminando de la mano de la psicología forense durante prácticamente todo su recorrido y de que los trabajadores sociales estamos trabajando desde hace años en todo el Estado español de forma coordinada con los psicólogos, la gente y también el medio judicial tienen menor conocimiento de la aportación específica del trabajo social forense. Era necesario colocarlo al mismo nivel de importancia en casos de abuso sexual a menores. Era urgente que se supiese que el daño que recibe una niña abusada o un niño no es exclusivamente psicológico, médico o psíquico, sino también social.
¿La secuela social, a diferencia de las físicas o psicológicas, es la gran olvidada en los abusos sexuales?
-La secuela social no está considerada a nivel judicial. Sí que hay una consideración genérica, más amplia, pero que no hace una alusión específica al daño social. Eso es justo lo que yo quiero aportar. Cuando una niña es abusada se produce un impacto en su vida, evidentemente en su corporalidad, en su psique, en sus emociones y en su vida psicológica, pero lo que no se ve o veía es que ese daño también tiene que ver con el daño que recibe desde sus redes de apoyo sociales. Esas redes, la familia, la comunidad escolar, social, y sus sistemas de protección social, como puede ser acudir al médico, sufren también el impacto con ella. Cuando los abusadores irrumpen en la vida de la víctima, impiden, rompen y limitan esas redes de apoyo. A eso le llamo lesión social. Y dependiendo de la intensidad y de la cantidad de tiempo que se produzca, se puede generar incluso una secuela.
Dice que el apoyo social es clave de cara a la sanación y reparación de las víctimas. ¿Ahora no suele tenerse en cuenta?
-Siempre se tiene en cuenta, porque a estas alturas todo el mundo sabe a nivel profesional que una persona no se puede curar si no tiene una red de apoyo social. El tratamiento social es una parte más de la cura. Y aunque todo el mundo lo tiene en mente, no todos lo asocian a que es el objeto específico del trabajo social. Si una persona está enferma a nivel psíquico y no cuenta con personas que la sostengan a nivel diario, es muy difícil que pueda superarlo.
¿Qué implica que el daño social no esté incluido de modo específico en el Código Penal?
-De momento, que no está visibilizado, porque lo que no se nombra, no se ve. También, que a la hora de proponer un tratamiento, y esto es una obsesión por mi parte, no podemos quedarnos sólo en valorar si eso ha ocurrido o no. Hay que identificar las competencias, capacidades y posibilidades de mejora de las víctimas, de transformación del daño que han recibido. Si aportamos en el informe pericial el trabajo social hecho anteriormente, eso tendrá también cabida dentro del juicio como tratamiento social.
¿Y eso puede incidir en un incremento de la pena del agresor?
-Esto ayuda tanto al juez como a la familia y la víctima para revestir de autoridad jurídica el tratamiento social y que tenga una consideración específica. Tendría más consecuencias en el ámbito de la reparación que en el del agresor, penalmente. En el ámbito psicológico y físico pasa igual, supone proponer una determinada indemnización desde la parte civil. - C.M.O. / Foto: A. Larretxi
