El conflicto de Trebiño es un buen ejemplo de cómo la obstinación política es capaz de imponerse al sentido común. Castilla y León siempre se ha desentendido de ese lugar que llama condado porque es un negocio ruinoso, tan a desmano como que se encuentra al otro lado del Ebro, geográficamente desubicado, pero tampoco ha dejado que sus vecinos cumplieran el deseo de segregarse de la autonomía a la que pertenecen por ley para formar parte del territorio en el que respiran, con el que se relacionan día a día, del que se sienten parte porque están dentro de él, que los atiende aunque no le corresponda. Intentonas de los habitantes no han faltado desde que quedó definido el actual mapa provincial a principios del siglo XIX. Las hubo en 1880, en 1919, en 1940, en 1958, en 1980, en 1998 y la última fue el año pasado. Todas pincharon en hueso. Cuando no son las normas es la mayoría de las Cortes Generales la que decide mantener el contencioso en el limbo, permitiendo que la descuidada propietaria de la aspirante a octava cuadrilla alavesa siga teniendo la última palabra. En la reunión de este martes, enésimo intento en la lucha de los dos ayuntamientos del enclave por convencer de la conveniencia de la incorporación a Euskadi, la respuesta fue la de siempre: “Trebiño pertenece a Castilla y León”. ¿Pero basta esta razón para prolongar un escenario que sólo conduce a la desatención de las necesidades básicas de este lugar? ¿Y no hay forma de rebatirla desde un punto de vista jurídico? El director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, José María Ortiz de Orruño, uno de los principales estudiosos de la causa, responde a éstas y otras preguntas para DNA tras el portazo al proyecto de ley orgánica que el Parlamento Vasco defendió en Madrid en noviembre y el amargo reinicio de la ronda de contactos institucionales.

“Ésta es una cuestión fundamentalmente política. Y para defenderla hay que buscar argumentos. Castilla y León recurre principalmente a justificaciones históricas, ya que las del sentido común darían la razón a Álava. Pero el esto tiene que ser así porque siempre ha sido así o porque durante mucho tiempo ha sido así no es racional”, subraya José María Ortiz de Orruño. Él es el director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, coordinador y coautor de dos exhaustivos informes que la Diputación alavesa encargó en los noventa para poner la lupa sobre las vinculaciones reales de Trebiño con nuestro territorio y tratar de avanzar de forma consensuada en la resolución del conflicto. Las conclusiones fueron contundentes, pero para entonces la visión al otro lado del Ebro había quedado fuertemente arraigada. Venía a decir que este enclave es parte consustancial de Castilla desde el año 1200 y, si las cosas habían sido así desde entonces, no existía razón para que cambiasen. Un alegato que ha ido fortaleciéndose en el tiempo, como una especie de reacción nacionalista al creciente Trebiño Araba da, y que ha ayudado a inmovilizar una postura que ni siquiera es real del todo.

Ortiz de Orruño lo explica fácil y rápidamente. “Trebiño pertenece a Burgos desde 1833, cuando el ministro Javier de Burgos creó el mapa provincial. No es que Trebiño perteneciera Burgos sino que no pertenecía a Álava porque ésta tenía unos fueros vigentes. El ministro se manejó con criterios historicistas y como Trebiño no tenía fueros, lo incorporó a Burgos”. Previamente había habido otros dos intentos de concretar aquel mapa, por parte de las tropas francesas instaladas en España en 1810 y en 1821 durante el trienio liberal, y en ambos casos se había contemplado la pertenencia del enclave a nuestro territorio, ante la convicción de que los factores que debían pesar eran los geográficos y administrativos. Pero no terminaron de materializarse y el que siguió adelante es el que generó esa polémica que ha llegado hasta nuestros días. Un conflicto al que este experto no ve sentido, tampoco desde su ámbito profesional. “Siempre digo que los únicos elementos inamovibles son los geológicos. Lo único que no puedes hacer es mover el Gorbea de sitio o cambiar el cauce del Ebro... ¿Pero en este caso? Debería de tener más peso la realidad cotidiana de las personas afectadas que un razonamiento histórico o, lo que en realidad es esta cuestión desde mi punto de vista, un choque emocional con una gran carga política”, reflexiona el director del Instituto Valentín de Foronda.

Castilla y León se beneficia, además, de la venda en los ojos de las instancias superiores. Cuando en los noventa se celebró una ponencia en el Senado sobre la situación de los enclaves, en la que se presentó el primer informe del Valentín de Foronda, se llegó a la conclusión de que convenía analizar en profundidad los lazos de Trebiño con la provincia en la que se ubicaba y, mientras tanto, garantizar convenios entre el Gobierno Vasco, Diputación alavesa y la Junta de Castilla y León para que los habitantes estuvieran bien atendidos. Aquel foro derivó en un segundo estudio desarmante que nunca se tuvo en cuenta y en un compromiso que la tercera parte apenas cumplió y de la que jamás se le han pedido cuentas. Dejadez y permisividad que han derivado en cuatro parches mal puestos, incapaces de solucionar los problemas derivados de la prestación de servicios, que continúan asumiendo Álava y Euskadi precisamente por ese sentimiento de pertenencia que el resto no reconoce.

Para más inri, Castilla y León siempre ha tenido la sartén jurídica cogida por el mango. “El asunto está envenenado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1995. El Estatuto vasco, de 1979, dice que para que Trebiño se incorpore a Euskadi basta con que lo pidan los ayuntamientos de Trebiño pueblo y de La Puebla de Arganzón y el Parlamento Vasco lo autorice. Pero el Estatuto de Castilla y León, que se aprobó al poco tiempo, exige que pidan la segregación los dos ayuntamientos, que informen a la Diputación de Burgos y que las Cortes de Castilla y León del el visto bueno. ¿Qué hizo el TC? Sólo propuso que este asunto lo solucionaran políticamente ambas instituciones, que estudiaran las vinculaciones y resolvieran el conflicto. Una posición que fortaleció a Castilla y León”, aclara Ortiz de Orruño. Por eso, la vía que propuso hace un par de años el informe solicitado al experto Iñaki Lasagabaster sonó tan esperanzadora. El jurista hablaba de una alternativa que permitía evitar los trámites castellanos: se trataba de solicitar al Parlamento Vasco que defendiera ante las Cortes Generales un proyecto de ley orgánica para modificar los límites provinciales y favorecer la anexión, de acuerdo al artículo 141.1 de la Constitución española. Y así se hizo. Y los pasos se fueron perpetrando, hasta que en noviembre de 2014, gracias al apoyo del PNV, PSE y EH Bildu, y las abstenciones del PP y UPyD, la causa llegó al Congreso de los Diputados.

Fue una jornada ilusionante, pero sucedió lo que estaba previsto. El PP y el PSOE pasaron el rodillo de la mayoría institucional, con el inconsistente argumento de que no se podía ningunear a la Junta de Castilla y León. No obstante, aquel mazazo no aplastó las esperanzas de los trebiñeses. La puerta que se abrió aquel día ya no se puede cerrar. Si un día cambia la composición de las Cortes Generales por una estructura que antepone el sentido común a la política, la solicitud de incorporación a Álava volverá a la palestra para ser atendida. Y, mientras tanto, el enclave seguirá peleando. Los dos alcaldes ya han advertido de que, si quien tiene la pelota en su tejado no la hace botar, ellos “tomarán las medidas que sean necesarias”. Suena a amenaza y lo es. Si Castilla y León quiere tanto a Trebiño, tratarán de que cumpla con sus obligaciones. Por las buenas. O por las malas. Hasta que la situación sea económicamente tan insostenible que ceje en su obstinación. Ése es, al menos, el plan b.