gasteiz - La Asociación de Víctimas del 3 de marzo, que ha encontrado en la justicia Argentina la atención que no recibe en España, estudia ahora la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para denunciar una discriminación de trato con respecto a las víctimas del terrorismo.
Esta asociación, que pide verdad, justicia y reparación para los cinco trabajadores que murieron asesinados por disparos de la Policía durante una carga para disolver una asamblea de obreros en Zaramaga en 1976, ha encontrado un halo de esperanza en la causa contra los crímenes del franquismo que ha abierto la magistrada argentina María Servini. Han pasado 38 años de aquellos sucesos y la Ley estatal integral de reconocimiento de las víctimas del terrorismo no reconoce a quienes han sufrido “la violencia del Estado”, denuncia Andoni Txasko, portavoz de esta plataforma.
La posibilidad de que los responsables de aquellas muertes sean juzgados en otro país no es el sueño de reparación anhelado por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo pero es un paso para que finalmente se haga justicia también en España.
Desde que la magistrada argentina ordenó la detención de 20 imputados por crímenes cometidos durante el régimen franquista y los primeros momentos de la transición española, el teléfono del portavoz de esta asociación no ha dejado de sonar. Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, les sigue dando trabajo, bromea Txasko, y recuerda que Servini ha encomendado a la Interpol que lo detenga con fines de extradición al ser considerado “responsable de la represión” del 3 de marzo.
Las peticiones de arresto también afectan a Alfonso Osorio, ministro de Presidencia de la época, y Jesús Quintana, capitán de la Policía cuando los agentes actuaron contra los trabajadores de Vitoria. Sin embargo, en la Asociación de Víctimas del 3 de marzo se respira cierto grado de escepticismo sobre la posibilidad de ver en el banquillo a los responsables de aquellas muertes. Txasko baraja la hipótesis de que el Gobierno español o la Audiencia Nacional no acepten las peticiones de extradición.
Recuerda que hay un antecedente que le induce a pensar de esta forma. Hace un año la Audiencia Nacional no colaboró con la magistrada argentina en la extradición de Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, acusados de torturas. La Audiencia Nacional podría volver a alegar que han prescrito los hechos porque no los considera delitos de genocidio ni de lesa humanidad. - Efe/DNA
