Hacía tiempo que pasaban este tipo de sucesos y yo intentaba mantenerme al margen, pero las personas que estaban allí estaban siendo denigradas”. Con estas palabras inició ayer S.P. el relato de la agresión que sufrió el pasado lunes en el centro cívico de El Pilar. El joven vitoriano le dijo al hombre de 65 años que luego le golpearía que los prejuicios que motivaron sus insultos se sostenían sobre falsedades. “Ellos cobran más que nosotros”, decía el señor mayor en referencia a los extranjeros que hacían cola ante la ventanilla de atención ciudadana, convencido de que “nada más llegar les pagan por rezar a Alá”.

El hombre “se puso agresivo”, el joven le dijo que no quería “hablar con racistas” y se dio la vuelta. Entonces el agresor le agarró por el cuello, le bajó la cabeza y le dio tres puñetazos en la espalda. S.P. afirmó ayer que no se defendió “porque era una persona mayor”, que se separó y pidió a los trabajadores del centro cívico que llamaran a la Ertzaintza, pero le dijeron “que sería peor”, y llamó él mismo.

Cuando se conoció este suceso, inevitablemente enmarcado en la polémica sobre los inmigrantes perceptores de la RGI protagonizada por el alcalde vitoriano, Javier Maroto, desde el Ayuntamiento vitoriano se dijo que S.P. es una persona conflictiva. El equipo de gobierno dio a conocer una sentencia en la que se le acusaba de insultos y amenazas, que S.P. niega. “No soy polémico, soy activo”, afirmó el joven, quien explica que habitualmente registra instancias en los centros cívicos porque considera que se da un trato discriminatorio a los inmigrantes, y que por su insistencia está en el ojo del huracán. “Me tiene ganas la Policía Municipal”, afirmó el joven.

Según S.P, que trabaja como voluntario enseñando castellano a extranjeros, en El Pilar se le llamaba la atención por juntarse dos personas ante un ordenador, exigencia que no se hacía a otras personas. Hechos como éste motivaban sus habituales quejas y sus “·discusiones de uso”, y entonces llegó la acusación que derivó en un juicio, según S.P. sustentado en partes falsos en los que incluso se le acusaba a él, voluntario de SOS Racismo, de xenófobo. “No puede ser que una discusión termine en un juicio de faltas, han hecho de mí un criminal”, denunció el joven.

Cuando se produjo la agresión, S.P. estaba en el centro cívico para comprobar si le habían dejado empadronarse en su nueva vivienda, en la que vive con otros tres compañeros de piso. El Ayuntamiento le denegaba el cambio administrativo de domicilio, pese a presentar los papeles en regla, se le remitía a las oficinas centrales de la plaza Nueva, pero al final consiguió empadronarse en su casa. Al parecer, la persona que dejó el piso en su lugar no había cambiado el padrón, y se tardó unos días en localizarle.

En un principio, S.P. rehusó llamar a la Policía. “Yo no quería que me la liaran otra vez”, pero una de las personas de la cola le invitó a hacerlo. Era una mujer musulmana que en ese momento estaba trabajando al cuidado de una persona mayor enferma.

S.P. ha interpuesto una denuncia contra su agresor, que probablemente se solventará con un juicio de faltas, pero lo tiene claro. “No le considero culpable”. El joven achacó ayer su comportamiento al ambiente “enviciado” de una ciudad en la que hay que aprender a “convivir e informarse”. La víctima de la agresión lo está pasando mal. “No me gusta aparecer en los medios, pero es necesario”, afirmó ayer, porque la prensa “ya ha hecho una historia” con el suceso del lunes.

Moción de censura El joven compareció en la sede de SOS Racismo de Gasteiz, donde su portavoz, Fede García, reclamó a los partidos de la oposición en el Consistorio, PNV, EH Bildu y PSE, que le presenten una moción de censura a Maroto para “mandarlo al desahucio político”. La asociación recibió ayer el apoyo del eurodiputado de Podemos, Pablo Echenique. “En relación a los actos de agresión personal sufridos en los últimos días por un voluntario de la organización junto a otras personas, expreso mi condena más enérgica al respecto, y mi firme compromiso en colaborar en desterrar de nuestra sociedad toda muestra de racismo y xenofobia”, señala el mensaje remitido por Echenique a SOS Racismo.

Por otro lado, ayer el Parlamento Vasco rechazó una propuesta de EH Bildu y PSE que emplazaba al gobierno autonómico a “aclarar públicamente” que la deuda que ha reclamado a 10.000 perceptores de la RGI no se debe a un “fraude” cometido por estas personas, sino a una incorrecta gestión de Lanbide.