el pueblo de Saratxo esperaba como agua de mayo que las Juntas Generales de Álava debatieran en el Pleno del pasado 22 de octubre la moción tramitada desde el PNV (con varias enmiendas de adicción de EH Bildu y PSE) que intentaba modificar el proyecto de acondicionamiento de la A-625 entre Amurrio y Orduña. Sin embargo, el debate no pudo ser.
Los ánimos están revueltos. En aquella localidad pocos entienden la cerrazón de la Diputación alavesa. Ni siquiera les escucha. Y eso que tienen mucho que decir. Mil razones para oponerse al proyecto viario que el ente foral quiere imponer y que, a ojos de los residentes, está sobredimensionado y es susceptible de ser mejorado de forma consensuada para que tenga menor impacto económico y medio ambiental.
Los vecinos querían escuchar el posicionamiento de todos los partidos políticos ante el diseño auspiciado por la Diputación Foral de Álava, pues consideran un que les anula como pueblo. Sin embargo, el debate no tuvo lugar, aunque sí intervino la diputada foral de Obras Públicas, Alicia Ruiz de Infante, que defendió el diseño previsto, aludiendo que “no vamos a perjudicar a los 6.000 usuarios de la vía para atender las necesidades concretas de una localidad”.
Ruiz de Infante subrayó también que “la Diputación no decide cómo hacer las carreteras, sino que cumple con el PICA (Plan Especial de Carreteras de Álava) aprobado en las Juntas hace más de una década, en el que ya se acordó que no iba a ser un mero acondicionamiento, sino un nuevo trazado”. En este sentido, para dar satisfacción a los vecinos, se tendría que modificar en la Cámara alavesa el citado plan, lo que traería consigo trámites que atrasarían la necesaria mejora de este peligroso tramo “otros cinco u ocho años”, remachó. Se espera que el debate con el resto de grupos pueda llevarse a cabo este mes.
Las reacciones en la localidad afectada, perteneciente al municipio de Amurrio, no se han hecho esperar. “La solución la ha dado ella misma: cambiar el PICA. Nosotros somos los primeros interesados en que se arregle la carretera, pero no a cualquier precio. Dicen que está todo para licitar y es mentira. Con todo, seguimos dispuestos a hablar. Es una decisión política”, opina Lurdes Cuadra, presidenta de la Junta Administrativa de Saratxo. De la misma opinión resulta ser la portavoz de la plataforma Saratxo Bizirik 2.0., Sonia Gutiérrez.
“Se nos está acusando de ir en contra de un bien común, dado el pésimo estado de este vial, y de eso nada. Somos los primeros que queremos que se arregle, pero no a costa de que nuestro pueblo sucumba al hormigón. Hay formas de lograrlo más económicas y menos agresivas para con el entorno. El proyecto planteado será lo máximo en ingeniería de caminos, que no lo dudamos, pero no para un pueblo como Saratxo. Es una salvajada que no corresponde ni a la intensidad de tráfico de vehículos, ni a las características de esta zona, anclada en un cañón de río, muy estrecho, al que no entra apenas la luz del sol y con importantes problemas de deslizamiento de tierra. Hay cosas de sentido común”, matiza.
Y es que el diseño pasa por construir una variante con varias carreteras paralelas de servicios, dos rotondas elevadas -de las denominadas de doble pesa-, cuatro puentes que cruzan el río y otros cuatro túneles bajo la carretera en escasos dos kilómetros “implica la destrucción de toda la ribera del río mediante asfalto”. Por lo que respecta a la primera fase, la que va desde Venta Menditxueta al barrio de Los Mesones, entre Orduña y Amurrio, “hay en torno a 40 hectáreas de terreno expropiado, sin olvidar que se trata de terrenos de alto valor agrícola-ganadero”. Gutiérrez puntualiza que el proyecto afecta también a dos casas, un negocio, un viejo molino harinero hidráulico y diversas cabañas de guardería de pienso y ganado. “Dicen que el coste es de 20 millones de euros, pero no se lo creen ni ellos. Estamos hablando de la fase más conflictiva y la de mayor envergadura”, insiste.
Entretanto, el ente foral matiza que sólo 21 hectáreas son plataforma de carretera. “Hay suelo expropiado de dominio público que luego revierte en zonas verdes para rehabilitar todo el entorno de la actuación”. Sea como fuere, esta explicación no sirve de consuelo a vecinos afectados, tales como el ganadero Joseba Ibarrola. “El proyecto lo veo fatal, es una gran ocupación de tierras para pocos kilómetros que, por lo menos a mí, me hace mucho daño. La Política Agraria Común (PAC) me exige tierras para mantener mi ganadería, y si me las quitan por fuerza mayor, que por lo menos nos ayuden desde el área foral de Agricultura, pero nada, me tengo que buscar la vida”, relata.
Expropiaciones De hecho, las expropiaciones previstas afectan tanto a fincas que Ibarrola tiene en propiedad como en renta o cesión, que “tengo declaradas en la PAC. No se cómo voy a alimentar a mis vacas. Un doble desdoblamiento de la carretera aquí no es necesario, ni ahora ni en el futuro, por el paso de vehículos que hay. Pero todo lo que comemos necesita tierra y nos la estamos cargando. Ruiz de Infante ha dicho que la solución pasa por modificar el PICA, pues que lo hagan”, recalca.
Otro ganadero afectado -esta vez con granja equina- que considera este proyecto “desproporcionado para las necesidades reales” es José Félix Aldama. En su caso, le expropian 6.000 metros cuadrados por los que le dan “18.000 euros que no me resuelven nada, porque yo lo que necesito es la tierra. ¡Ojalá pudiera comprar yo terreno a ese precio!”. Además, perderá otros 50.000 metros temporalmente “porque los van a usar de escombrera durante la obra”. Él es de los pocos vecinos que aún no ha firmado la expropiación ni aceptado el dinero, aunque cree que no tendrá otra opción porque “este proyecto no tiene marcha atrás”.
“No me opongo a firmar y ceder el terreno para un bien común, lo que quiero es que me dejen que sea mío hasta que sepan fijo lo que van a hacer, porque aún no saben ni fecha de inicio de ejecución ni nada. Si luego se modifica ¿qué hago, lo devuelvo? Nos están metiendo presión para que firmemos antes de acabar el año, porque van a seguir con los trámites legales, dejando el dinero en depósito. La justicia está así y no nos queda otra que aceptar”.
Aldama también opina que “detrás de todo esto hay muchos intereses económicos, porque creo que se puede hacer un arreglo de mucho menor coste y sin tanto destrozo ambiental”. “La tierra es limitada y se sigue con la misma política de hormigón y más hormigón de diez años atrás, cuando la realidad económica ha cambiado mucho. El terreno agrícola tendría que estar protegido, te llega un proyecto de éstos y te mata el negocio, aunque a ti para levantarlo te exigen hasta lo indecible para cumplir normativas que luego ellos no cumplen. Me podría meter en juicios y acabar en el Supremo en Madrid, pero paso de gastar dinero en eso. Nos guste o no, la economía de la corrupción mueve mucho. Lo que me parece extraño es que los políticos, del color que sea, no hayan tomado medida alguna al respecto”, censura.
