gasteiz - El hecho de que el Tribunal de Cuentas del Estado haya reclamado nueva documentación al gobierno de Javier Maroto sobre el caso del alquiler de los locales de San Antonio no ha sorprendido demasiado a los grupos de la oposición. Cabe recordar que fueron ellos mismos quienes abrieron una comisión de investigación en el Ayuntamiento para analizar el contrato firmado en 2007 entre el exalcalde Alfonso Alonso y el empresario Gonzalo Antón. Meses después concluyeron que se habían dado “irregularidades” y que el elevado coste de la renta y las cláusulas establecidas perjudicaban claramente las cuentas del Ayuntamiento y beneficiaban al arrendatario. Finalmente, PNV, PSE y EH Bildu forzaron al alcalde a remitir los informes de la comisión investigadora al alto tribunal que, ahora, solicita completar el expediente con más datos. El ejecutivo de Maroto -concejal de Hacienda cuando se rubricó el contrato- ya ha confirmado que enviará a Madrid toda la documentación requerida.

El Tribunal de Cuentas quiere saber cómo se acordó el arrendamiento, los pasos previos a su aprobación por los concejales del PP, el contrato suscrito, las modificaciones, los pagos de alquiler realizados desde el principio y los informes que sustentan la decisión política de aprobar una renta superior al precio fijado por la técnico de valoraciones. Y lo quiere en quince días y con documentos autenticados. Además, la instructora del caso quiere saber el nombre de los ediles que votaron en la Junta de Gobierno en la que se tomó la decisión, así como el sentido de su voto. Un punto que resulta llamativo para el PNV porque a su entender extiende la depuración de responsabilidades contables, más allá de Alonso y Maroto, a todo el equipo de gobierno del PP que formaba parte de aquella Junta de Gobierno Local de 2007. “Ya no estamos hablando sólo del alcalde y del exalcalde sino que está bajo sospecha el grupo popular de Vitoria. Ello otorga mayor gravedad aún, si cabe, a este asunto”, valora el portavoz jeltzale, Gorka Urtaran. En mitad de la polémica recogida de firmas que el alcalde ha enarbolado para reformar el sistema de ayudas sociales, los nacionalistas sugieren a Maroto que aproveche su iniciativa y pregunte a los gasteiztarras qué opinan de este contrato. “Eso sí que indigna a la ciudadanía, que Maroto nos hiciera pagar seis millones de euros por el alquiler de unos locales cuyo precio de compra era de 2,6”, arremete Urtaran. Para EH Bildu es una buena noticia que el Tribunal de Cuentas investigue la gestación de un contrato ya censurado en el Ayuntamiento de Gasteiz. “Apoyaremos cualquier acción que ayude a aclarar el caso. En un momento en que un juez cree que el PP pagó con dinero negro la sede de su partido en Bilbao parece que este es el modelo de gobernanza de Maroto y su partido”, acusa el portavoz abertzale, Kike Fernández de Pinedo.

A los socialistas, todos los pasos que se van dando le llevan a la conclusión de que el contrato fue “un traje hecho a la medida” y que gracias a la investigación llevada a cabo en el Ayuntamiento y ahora en el Tribunal de Cuentas, el cerco se estrecha sobre el PP. “Alonso y Maroto han convertido el alquiler de San Antonio en el negocio del siglo XXI, pero para una sola persona (Gonzalo Antón) porque para el resto de la ciudadanía de Vitoria, el negocio es nefasto”, censura la edil del PSE Maite Berrocal. Y es que el caso ha dado esta semana un giro después de que el 10 de abril en acuerdo plenario la Corporación decidiera a instancias del PNV trasladar la documentación relativa al contrato de alquiler al Tribunal de Cuentas del Estado, organismo capacitado para dilucidar las responsabilidades contables que pudieran existir. Maroto envió el expediente el 3 de junio y, a día de hoy, superada la fase de diligencias preliminares, la investigación se encuentra en la segunda fase, la de actuaciones previas.

En el Ayuntamiento. La comisión de investigación concluyó que había irregularidades en el contrato firmado por Alonso y Antón. Vio abusiva la renta y las cláusulas, y la Corporación reprobó a Maroto “por mentir”.

En el Tribunal de Cuentas. Tras conocer el expediente del caso, el órgano estatal ha decidido pedir más documentación al Ayuntamiento para seguir investigando los pormenores: cómo se fraguó el contrato, qué concejales le dieron el visto bueno, cuánto dinero se lleva pagado etc.