vitoria - La historia que cuenta J.A.R. acongoja. Es el drama de un gasteiztarra profesor de la Universidad del País Vasco con más de una década de experiencia, un título de doctor con una tesis de sobresaliente cum laude, querido por los alumnos como ningún otro, que acabó en la calle tras años de hostigamiento porque hubo alguien que nunca le quiso dentro. La odisea de un hombre inteligente y sensible que se rompió por tres veces y volvió a levantarse para luchar contra gigantes, dispuesto a hacer visible su cruz y a quitarle la etiqueta de presunta. Mañana, arranca en Vitoria en el Tribunal de lo Social número tres el juicio por la demanda que él mismo presentó contra la UPV y su rector por acoso y vulneración de derechos fundamentales. Acude confíado. Tiene una sentencia favorable en un proceso emprendido ante el Contencioso-Administrativo 6 de Bilbao.

Toda decisión conlleva una consecuencia. Bien lo sabe J.A.R., que en el año 2000 optó por realizar la tesis bajo la dirección del único catedrático que existía en el área de Derecho Procesal, quien a su vez lo nombró profesor colaborador honorífico. Entonces en en el departamento había dos becarios más, pero ellos funcionaban bajo la supervisión de otro docente, un profesor titular de Derecho Procesal, integrante a posteriori del equipo rectoral de la UPV, que se convertiría, según la historia del demandante, en su principal acosador. Ese hombre “unió fuerzas con varios profesores para evitar que consiguiera un puesto” dentro. En 2002, cuando quedó vacante una plaza a tiempo parcial en castellano, el perfil que cumple el demandante, “modificaron las puntuaciones del baremo usadas hasta entonces en los concursos para impedir mi entrada y favorecer al candidato oficial”, casualmente uno de los otros becarios. Aun sí, J.A.R. ganó.

Esos dos primeros años no habían sido un camino de rosas, ya que se produjeron retrasos en la tramitacion de su tesis “por culpa del presunto acosador”, pero fue a raíz de conseguir el puesto cuando surgieron las espinas que tejerían su supuesto calvario. Aspirar a algo más fue, al parecer, un grave error. La creación de la unidad delegada de Leioa obligaba a generar nuevos puestos y, como con su contrato sólo cobraba 287,59 euros mensuales, quiso aprovechar las nuevas posibilidades de mejorar su situación solicitando la ampliación de su contrato a jornada completa. Lo hizo hasta en cinco ocasiones durante tres cursos. Siempre cantó agua. De acuerdo a su historia, el Departamento de Derecho Público, frente a la práctica habitual seguida con otros docentes, a quienes concedían esa oportunidad en cuanto existía la ocasión, impuso el hábito de votar con urna y papeletas sus peticiones para denegarlas. Mientras tanto, hasta cuatro nuevos profesores fueron contratados. Ninguno de ellos doctores.

En febrero de 2005, el guión dio un giro. El presunto principal hostigador de J.A.R. le propuso acceder a una plaza interina a jornada completa para cubrir el puesto de un profesor que había pedido la excedencia. Para lograrlo debía superar un nuevo concurso y renunciar a su plaza fija aunque, a cambio, el departamento “se comprometía” a que su situación de interinidad acabara siendo permanente. Él aceptó. Y superó la convocatoria. Sin embargo, con la renuncia definitiva del docente en excedencia a su empleo en 2007, no sucedió lo que supuestamente le habían asegurado. Tampoco pudo ser una sorpresa. No si su historia en esos dos años es tal como él la cuenta. Según dice, antes de ser contratado como interino sustituyendo a dicho profesor tuvo que cubrir todas sus clases, lo que supuso impartir doce horas por semana en lugar de sus cuatro sin remuneración y sin ser compensado por los gastos de desplazamiento. Más adelante, el Servicio de Inspección de la UPV le llegó a mandar una notificación por inasistencia sistemática a tutorías, “un hecho falso”. Y cuando se presentó a las pruebas de habilitación nacional para profesores de Derecho Procesal en Granada no sólo no se le redujo su carga docente, práctica habitual, sino que ésta creció.

J.A.R. vivió en una especie de limbo laboral, sin saber muy bien qué tipo de plaza ocupaba, hasta que en marzo de 2009 se produjo “una reunión sorpresa”. El departamento le anunció que iba a sacar a concurso su plaza y en modalidad bilingüe, lo que lo dejaba fuera. Él no se amilanó. La normativa de la propia UPV obliga a que decisiones de este tipo cuenten con la aprobación del docente que esté ocupando el puesto, así que se escudó en ella para defenderse. Y el supuesto acoso que ya sufría se recrudeció. Según cuenta, a la imposición de clases en San Sebastián, “a sabiendas de que residía en Vitoria”, se sumaron tutorías en la capital donostiarra a primera y última hora del día; además, era excluido de cualquier actividad organizada por el departamento, no podía continuar con su labor investigadora, asignaron su despacho a una tercera persona, le desacreditaron ante los alumnos y se le llegó a animar a marcharse. Las trabas de los últimos nueve años “iban a más” y, finalmente, se rompió.

De abril de ese año a julio de 2010 sufrió su primera baja. La médico determinó que padecía trastorno adaptativo con ansiedad-mobbing. De octubre a noviembre de 2010 encaró la segunda: había salido de una reunión, empezó a sentirse mal, con una opresión en el pecho, y acabó ingresado en la UCI con un síndrome coronario agudo. De noviembre de 2011 a diciembre de 2012, la tercera, otra vez por un cuadro de acoso. Y en todo ese tiempo, mientras estuvo en el trabajo, el hostigamiento “siguió”, sin que, según dice, nadie en la UPV tomara medidas. De acuerdo a su relato, pese a contar con informes que revelaban tres puntos de mobbing sobre una escala de cero a tres y de los requerimientos realizados por la Inspección de Osalan a través de varios informes, y de la queja de acoso presentada por él mismo en 2009 ante el Servicio de Prevención de Riesgos de la UPV, la entidad se mantuvo al margen.

El departamento, por su parte, “continuó con el proceso”. Ante la imposibilidad de convertir la plaza en bilingüe, se optó por otra estrategia: dejar el perfil en castellano, pero “imponer el tribunal que debía decidir el concurso”. El presunto líder del hostigamiento presentó la propuesta de integrantes y se erigió en secretario. J.A.R. presentó varios recursos, avalados por un informe de la Inspección de Trabajo que advertía de que si se seguía con el plan debía de ofrecérsele otra plaza por su antigüedad y méritos, pero no sirvieron de nada. En junio de 2012, fue cesado. Mañana, ambas partes volverán a verse las caras y confrontarán versiones. DNA quiso conocer ayer la de la UPV, pero su petición no encontró interlocutores.