El PP carga otra vez contra la actual RGI

El alcalde se sentó ante el micrófono para anunciar las siete propuestas que el PP llevará al Parlamento Vasco -no dijo fecha- para que el Gobierno de Urkullu endurezca los actuales requisitos que un ciudadano debe cumplir para recibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Durante una hora larga, que dejó al alcalde con apenas un hilillo de voz -aún está convaleciente-, Maroto contestó, sin responder y con evasivas la mayoría de las veces, a una larga batería de preguntas concretas. Se ratificó una vez más en las declaraciones que le han llevado a que la Fiscalía vasca le abra diligencias y mantuvo su discurso inicial de que el actual sistema de prestaciones -la RGI en concreto- no funciona y hay que cambiarlo, porque no protege económicamente a las personas que de verdad lo necesitan y da lugar a abusos y triquiñuelas. Pero tampoco ayer dio datos sobre fraude social en Vitoria. “Hoy no quiero dar opiniones, sólo hacer una propuesta”, anunció al comienzo de su intervención. En cambio, las dio.

Sus primeras palabras fueron para alabar el sistema de ayudas sociales que, por otra parte, tanto ha denostado. “Las RGI son incuestionables, un valor en positivo de nuestra sociedad, una de nuestras señas de identidad, que debemos mantener y respetar. Sin embargo, la normativa actual no funciona -defiende- y por ello plantea estos cambios que, de hacerse, dejarán a muchos perceptores, la mayoría extranjeros, fuera del sistema de protección social. Además, el alcalde no aclaró por qué si el problema está en la ley y no en las personas, su primer paso fue acusar a inmigrantes en los medios de comunicación y en las redes sociales en lugar de acudir directamente al Parlamento con la propuesta del PP. Sí explicó Maroto a lo largo de la tensa e intensa rueda de prensa que si había hecho referencia en la Ser a los ciudadanos procedentes de El Magreb fue, precisamente, para no meter a todos los inmigrantes en el mismo saco, porque hay nacionalidades, como la asiática -citó como ejemplo- que apenas se acercan a la ventanilla de los servicios sociales de Vitoria a pedir ayudas.

Haber cotizado La propuesta del PP para endurecer la concesión de la RGI deja en primer lugar fuera de esta prestación a todos los inmigrantes ilegales. “Alguien que está fuera del sistema no puede aprovecharse del sistema”, cita el alcalde. Sin embargo, no presenta ninguna solución para estas personas que, aunque sin papeles reglamentarios, también residen en Euskadi. “Los ilegales no deben buscar en la RGI un sueldo vitalicio”. No serían los únicos perceptores de RGI extranjeros que quedarían excluidos de esta ayuda social, ya que los populares proponen tener una antigüedad mínima de diez años de padrón en el País Vasco, que no tiene por qué ser continuada. ¿Y por qué diez años y no siete o doce? “Porque hay que poner una fecha y esta nos parece razonable”, justifica Maroto.

Además, los perceptores de ayudas tendrían que acreditar una vida laboral previa y haber cotizado a la Seguridad Social, salvo discapacitados, enfermos crónicos, mentales etc. Esta condición dejaría fuera, por ejemplo, a un ama de casa, nacida en Euskadi, que nunca ha recibido un salario ni cotizado porque no ha trabajado como asalariada. En este sentido, el alcalde matizó que podrían introducirse salvedades en la ley porque la casuística es muy amplia. Tampoco cobrarían la RGI los ciudadanos condenados por cometer un delito mientras dure su condena. Los delitos que darían motivo a la retirada de la prestación serían, al menos, los más graves y los que mayor alarma social generan: delitos contra la vida y la integridad de las personas, el tráfico de drogas, contra la libertad sexual, por violencia de género y contra el patrimonio.

Asimismo, el PP expondrá también al Gobierno Vasco la necesidad de modificar el tratamiento del patrimonio. “Es injusto que haya personas a las que se les deniegue la ayuda social por tener una huerta en el pueblo y a otros se les conceda sin saber si tienen o no propiedades en otro país”, considera el alcalde. Fuera de las ayudas quedarían también los extranjeros que envíen remesas de dinero a sus familias. Y, por último, el PP plantea que los beneficiarios de la RGI en edad de tener un empleo realicen trabajos para la comunidad a cambio del dinero que reciben en ayudas. Excluidos de todas estas exigencias quedarían los jubilados. El Gobierno Vasco considera que estas medidas no van dirigidas a perseguir el fraude sino a recortar derechos.

Dejar sin RGI a los inmigrantes ilegales. No plantea, en cambio, ninguna solución para estas personas que, aunque sin papeles, residen aquí.

Dejar sin RGI a quienes no tengan diez años de empadronamiento en Euskadi. No tienen por qué ser continuados.

Dejar sin RGI a quienes no hayan trabajado ni cotizado a la Seguridad Social. Con este requisito, un ama de casa nacida en el País Vasco no podría recibir ayudas pese a carecer de ingresos.

Dejar sin RGI a los extranjeros que envíen remesas de dinero a sus familias.

Dejar sin RGI a las personas condenadas por un delito grave. Mientras dure la condena.

Modificar el tratamiento del patrimonio. Para que un ciudadano, por el hecho de tener una huerta en el pueblo, no se quede sin ayuda económica a pesar de necesitarla, mientras a otros “que no hablan castellano” se les concede sin saber si tienen o no propiedades en otro país.

Que los perceptores de ayudas en edad de tener empleo trabajen para la comunidad.

El alcalde realizó ayer esta matización después de haber acusado a magrebíes y argelinos de ser los que más abusan de las ayudas sociales.

El consejero vasco no cree que su fin sea perseguir el fraude.