Gasteiz - La Federación de Euskadi de madres y padres separados, Kidetza, ha arrancado al Parlamento Vasco el compromiso de reactivar la Iniciativa Legislativa Popular que este colectivo presentó en favor de la custodia compartida y que lleva dos años bloqueada en la comisión de Justicia de la Cámara Vasca.

Tras reunirse durante esta semana con el PNV y con el presidente de la citada comisión, Kidetza ha conseguido que el Parlamento abra sus puertas en julio (mes tradicionalmente inhábil) para iniciar el trámite de comparecencias de expertos, que ya deberían haber sido solventadas. Según el Reglamento del Parlamento, denunció ayer Kidetza, el plazo para votar en Pleno la Ley de Corresponsabilidad Parental que reclaman ha vencido hace ya muchos meses.

La asociación afirma además que se le ha denegado su derecho a comparecer ante la comisión y que no se le informa, pese a ser proponente de la iniciativa, del desarrollo de los trabajos.

"Esta situación pone de manifiesto", señaló ayer Kidetza, "el poco interés de los grupos políticos por solucionar los problemas ciudadanos reales que abarca esta proyecto de ley, como la defensa del interés del menor, la prevención violencia de género e intrafamiliar, la vivienda, las pensiones alimenticias de los menores o la mediación familiar".

Además, el colectivo recordó que esta ILP cuenta con el respaldo de 85.000 firmas, y por ello el atasco parlamentario revela "la contradicción de algunos grupos políticos que dicen defender más autogobierno y respetar la voluntad ciudadana y no hacen nada por que se apruebe una ley autonómica como la que ya tienen Aragón, Navarra, Cataluña o Valencia".

Kidetza criticó además "el doble mensaje de algunos grupos políticos que hablan de que hay que acercar la política a los ciudadanos, que la palabra de éstos debe ser la base de la democracia y cuando, mediante los cauces reglamentarios se presenta una ILP, incumpliendo el reglamento, vetan la participación de estos ciudadanos". El acuerdo para habilitar julio y escuchar a los expertos cuenta con el respaldo de PNV, PSE, PP y UPyD.

para finales de 2014 El colectivo que representa a madres y padres separados de la Comunidad Autónoma Vasca afirmó ayer que estará alerta en los próximos meses para garantizar que el compromiso adquirido por las formaciones políticas se cumpla, y que "la comisión de Justicia reconozca el derecho democrático a que la representación de los 85.000 ciudadanos vascos tenga voz en la comisión, y que la ley se apruebe antes de diciembre de 2014".