gasteiz - Hay pueblos en Álava discretos y pequeños, arropados por verdes lomas, donde el tiempo discurre más lento, como los que abrazan la frontera con Burgos. Pero esa calma que apisona calles y plazas lleva ya 43 primaveras enturbiada por una amenaza invisible: una gran montaña generadora de electricidad y residuos llamada Garoña que pareció tener fecha de defunción y ahora amenaza con regresar a la vida. La solicitud de renovación del permiso de explotación realizada por Nuclenor dispara hasta 2031 el tiempo de descuento de una instalación que se construyó para funcionar 25 años. Demasiado margen a ojos de quienes viven en un radio de treinta kilómetros, donde la sensación de inseguridad e incertidumbre crece por momentos. Por eso, los alcaldes de todos esos vecinos han decidido saltar a la palestra, unidos por el que creen que es el bien de los suyos. Y ya nadie les va a callar, aunque sus voces carezcan del poder que acapara la empresa propietaria de la instalación, formada a partes iguales por Endesa y Nuclenor.

"No podemos seguir soportando esta situación, no podemos quedarnos impasibles mientras Nuclenor y el PP negocian con el futuro de los vecinos de nuestros municipios", advirtieron ayer los diez alcaldes de Aiara, Zambrana, Valdegovía, Iruña Oka, Lantarón, Kuartango, Salinas de Añana, Ribera Alta, Ribera Baja y Amurrio, y la presidenta de la Cuadrilla de Añana. Los once se habían concentrado frente al Palacio de la Provincia para solicitar que la Comisión Europea supervise el procedimiento de concesión de una posible licencia de reapertura de la planta. Hay un por qué clarísimo. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha condicionado el regreso a la vida de Garoña al visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, en un informe que probablemente estará terminado en un año. Y esa posición decanta la balanza irremediablemente a favor del lobby eléctrico, porque todas las medidas que el Consejo de Seguridad Nuclear ha tomado hasta ahora han caminado siempre en la misma dirección, como si respondieran a un descanso orquestado hasta que el Gobierno central cediera a ciertas pretensiones. ¿Por qué si no, cuando ya había cerrado la planta, se llevó a cabo la anulación de la retroactividad del impuesto de residuos nucleares y el decretazo para modificar el reglamento de las centrales nucleares de forma que Nuclenor pudiera retirar el pestillo?

Son las preguntas que siempre se han hecho los detractores de Garoña. Las mismas que lanzan los alcaldes de los municipios más próximos de la central, dispuestos a batallar contra molinos para conseguir que el fantasma nuclear desaparezca para siempre. "Nuclenor y el PP priorizan intereses económicos frente a intereses de seguridad de la ciudadanía, generando incertidumbre y preocupación. Por ello, nos vemos obligados a solicitar el amparo de la Comisión Europea, para que supervise el procedimiento de concesión de una posible licencia de apertura a Garoña y para que se asegure el cumplimiento de las exigencias de seguridad impuestas después del accidente de Fukushima", explicaron. Aquellas actuaciones de mejora todavía no se han puesto en marcha. Y eso que la central japonesa es gemela de la burgalesa. Y todavía más antigua. De ahí que estos pequeños representantes políticos tengan muy claro cuál debería de ser el futuro de la infraestructura. "El cierre definitivo e irreversible. Y para que suceda, la única garantía es que el proceso de desmantelamiento se inicie lo antes posible. Nos asiste la razón y lo que pedimos es de justicia", subrayaron con contundencia.

Su clamor es el de la mayoría de la sociedad alavesa. Por eso, el grupo aprovechó para criticar la actitud del diputado general, Javier de Andrés, quien siempre se ha mostrado más preocupado por" respaldar las decisiones unilaterales del Gobierno de Mariano Rajoy" que por defender la opinión de su pueblo. No obstante, coincidiendo con el batacazo del PP alavés en las europeas, el líder foral ha modificado su discurso. Ayer, tras el Consejo de Diputados, con los once alcaldes alaveses concentrados a las puertas del Palacio de la Provincia, De Andrés exhibió su nuevo posicionamiento al asegurar que "un año de dudas" sobre el futuro de la central nuclear de Garoña es una "eternidad" para el conjunto de los ciudadanos, motivo suficiente para considerar, ahora sí, que "lo mejor es el cierre" definitivo de la planta.

El diputado general calificó los últimos acontecimientos en torno a Garoña como un "cambio de ciclo" e insistió en que el tiempo previsto por el Gobierno central de un año para evaluar si la central reúne o no las condiciones para la reanudación de su actividad "es excesivo". De Andrés también advirtió también de que existen dudas en Consejo de Seguridad Nuclear y en el propio Gobierno central y que "no son pequeñas", por lo que la decisión "más prudente" pasaría por la clausura, "ya que una instalación nuclear lo que tiene que dar son garantías y confianza en su entorno y a la ciudadanía en general". Ahora se da cuenta.