gasteiz - La cadena de la precariedad se ha roto en el centro cívico de Salburua. Las instituciones han mostrado públicamente su preocupación por la situación que viven algunos de los trabajadores de la infraestructura, se han convocado reuniones al más alto nivel y todas las partes (salvo el Ayuntamiento, que rechaza cualquier responsabilidad y capacidad de acción en la materia) se han comprometido a hacer aplicar el convenio de la construcción de Álava en las adjudicaciones públicas. Además, ayer a mediodía la Inspección de Trabajo visitó por primera vez la obra.

La cuestión, señala la subcontrata de Castellón encargada del encofrado del centro cívico y objeto de una investigación de la Fiscalía, es que esa cadena se ha roto por su eslabón más débil. Un responsable de la empresa ha contado a DNA su punto de vista sobre la mecánica de la obra pública, no ya en Álava, sino en todo el Estado. Su firma aprovecha el convenio de Castellón, menos beneficioso que el de Álava para los trabajadores, para competir por las subcontrataciones en el territorio en una posición de ventaja con respecto a las empresas locales. Lo hacen, asegura, porque en la Comunidad Valenciana, de un tiempo a esta parte, sólo trabajan firmas de Murcia y La Coruña. ¿Por qué? Porque sus convenios son aún más baratos para el empleador. Gallegos y murcianos desplazan a los valencianos a Euskadi, y los vascos a su vez se van a competir con belgas y franceses.

Según explica este empresario, en su día aceptaron la oferta para trabajar en el centro cívico por un presupuesto que se adjudicó a la UTE correspondiente previa rebaja del 30%. Esa quita repercutió en la subcontrata, y la subcontrata la repercutió en sus trabajadores, que han acumulado importantes retrasos en el cobro de sus nóminas.

Aún así, los números no daban, y de hecho, una vez finalizado el encofrado que apalabraron, han decidido no seguir trabajando en Vitoria porque pierden dinero. "Nos han dado la posibilidad de rescindir y hemos aceptado de cabeza", señala este empresario, quien asegura que su firma no explota a los trabajadores, que la mitad de ellos son indefinidos. "Lo que hemos hecho es intentar subsistir, y dentro de la legalidad", señala.

La subcontrata confirma, así, lo que denuncian los sindicatos. Aprovechando la crisis, las instituciones sacan sus concursos al mejor postor, y como ya no hay obra privada en la que dar empleo a los cerca de 8.000 trabajadores del sector que a día de hoy están parados en Álava, las empresas entran en una guerra de precios sin cuartel que al final deja sin margen de beneficio al ganador del contrato. En el caso de Salburua, de los 12,5 millones de euros en que los técnicos municipales tasaron la construcción del centro cívico, se han perdido casi cuatro en la subasta. Cuatro millones menos que tiene la UTE para pagar sus costes, y cientos de miles de euros menos que tienen las subcontratas para repartir entre quienes ponen los ladrillos.

reunión en el preco Ayer, por otro lado, ELA, la UTE adjudicataria de las obras y el Ayuntamiento mantuvieron una reunión en el seno del Preco (un sistema de arbitraje del Consejo de Relaciones Laborales) que se saldó de forma positiva, según el representante sindical Roberto Salgado. Las empresas asumen el compromiso de establecer más herramientas de control para que sus subcontratas cumplan la legalidad, pero por otro lado quieren dejar patente que ellas sí han respetado las normas. "Llegaremos a un acuerdo en breve", afirmó Salgado.

Un portavoz de la subcontrata objeto de una denuncia laboral e investigada por la Fiscalía asegura que los márgenes que dejan las desmesuradas quitas en las adjudicaciones públicas les dejan en una delicada situación económica.

Ayer se reunieron el sindicato ELA y las empresas de la UTE del centro cívico de Salburua para establecer herramientas que, más allá del mero cumplimiento de la legislación, garanticen que se aplica el convenio de la construcción de Álava.

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Millones. Esa es la rebaja sobre el presupuesto inicial del centro cívico de Salburua, de 12,5 millones de euros, que decantó la adjudicación del contrato.