gasteiz - "En un piso del barrio de Judimendi, muy cerca de donde el Ayuntamiento de Vitoria levanta el nuevo centro cívico de Salburua, diez personas vivían hacinadas durante los escasos ratos que sus jornadas de once horas les permitían descansar fuera del tajo. Son trabajadores de una subcontrata cuyo propietario, que vive en la Comunidad Valenciana, les trae periódicamente hasta Gasteiz, cobrándoles veinte euros por el desplazamiento. A ello hay que sumarle los 50 que han de abonar por cada par de botas de seguridad que reciben. Una vez en Vitoria, los currelas tenían que llenarse la nevera y correr con los gastos de luz y agua de la vivienda. Allí llegaban cada tarde y hacían turnos para poder ducharse antes de ver un rato la tele junto a la puerta de la casa, donde improvisaron una sala de estar, y acostarse en los colchones repartidos por todo el piso en el que el subcontratista hacinaba a sus trabajadores". Este es sólo un extracto del tremendo relato publicado por este periódico el 30 de mayo después de una visita el tajo y la casa de algunos de los currelas del centro cívico de Salburua, una obra contratada por el Ayuntamiento con dinero público.

La denuncia del sindicato ELA y la petición del PNV obligaron ayer al alcalde a dar explicaciones por las "precarias" condiciones laborales de los empleados y las posibles irregularidades cometidas por el contratista. Después de salir a la luz, la Fiscalía ha iniciado la investigación del caso y la constructora se ha comprometido a cumplir el convenio de la construcción de Álava. Pero el gobierno de Javier Maroto sigue sin hacer nada al respecto, argumentando que no es de su competencia. El PNV, en cambio, entiende que la obligación del Ayuntamiento es intervenir, actuar, abrir un expediente e incluso multar a la empresa en caso de que ésta incumpla tanto el contrato firmado con el Consistorio como la normativa en materia laboral.

¿Por qué el gabinete del PP no lo hace entonces? El alcalde explicó ayer que su gobierno no puede sancionar al contratista de la obra solamente porque haya una denuncia de un sindicato a un periódico o de un concejal de la oposición. Que son los inspectores de Trabajo del Gobierno Vasco los que tienen que visitar la obra, comprobar si hay irregularidades y reflejarlas en un acta. En ese caso, el Ayuntamiento adoptará las medidas que sean necesarias. El 7 de julio -más de un mes después de la denuncia de ELA- Maroto se reunirá con el consejero de Trabajo, Juan María Aburto, para hablar sobre las condiciones laborales de los trabajadores del centro cívico de Salburua. Un encuentro al que también asistirá el portavoz jeltzale, Gorka Urtaran. "Veremos entonces por qué quien tiene que actuar en materia laboral no lo hace", se cuestiona el alcalde. "Y no es tirar balones fuera. Es preguntar a quien tiene la competencia".

Sí es tirar balones fuera, sin embargo para el PNV que, parafraseando al exalcalde Cuerda, considera que las obras públicas que contrata el Ayuntamiento sí son de la incumbencia del gobierno, aunque no tenga la competencia directa. "Usted no es un ciudadano que pasaba por la calle. Es el alcalde y promotor de la obra. ELA lo ha denunciado y la Fiscalía ha abierto diligencias. Actúe, intervenga. Pida a las empresas que cumplan las normas y, si no, sanciónelas", exige el portavoz peneuvista. Urtaran no entiende por qué el alcalde se muestra, en ocasiones, tan exigente con las empresas de Vitoria y tan complaciente, en otras, con las que vienen de fuera.

También EH Bildu y PSE consideran que el PP está echando balones fuera en este asunto escudándose en que es competencia del Gobierno Vasco. Recuerda la coalición abertzale que el del centro cívico de Salburua no es el único caso de obra pública en Vitoria en el que los trabajadores denuncian condiciones leoninas. Un empleado de las nuevas oficinas municipales que se levantan en San Martín ya acudió al Ayuntamiento a detallar cómo se desarrollaba su jornada laboral. Y ELA también ha puesto sobre la mesa el caso de la plantilla de la estación de autobuses de Euskaltzaindia. "Hablamos de explotación de seres humanos. A este precio no queremos obras en la ciudad. Hay que frenarlo ya", recalca Kike Fernández de Pinedo. Para los socialistas no es lo más importante qué institución tiene la competencia, "lo relevante, lo que a todos nos debe herir la ética, la sensibilidad es que con recursos públicos se den estas situaciones de seudoexplotación de seres humanos. Algo hay que hacer", clama Patxi Lazcoz.

un mes después La denuncia del sindicato ELA que ahora investiga la Fiscalía hablaba de hacinamiento de trabajadores y condiciones de semiesclavitud. De que ninguno de estos empleados, la inmensa mayoría ciudadanos de Rusia y de otros países de la Europa del Este, que no hablan castellano, disponía de una nómina para conocer las condiciones a cambio de las cuales trabaja. De que por tres meses de trabajo, con centenares de horas de faena por encima de lo que marca el convenio de Álava, se iban a su casa con unos 1.000 euros, tirando por lo alto, mientras el penúltimo centro cívico de Gasteiz toma forma en Salburua. De que esta situación de semiesclavismo se reproduce en las obras públicas de la ciudad y de toda la Comunidad Autónoma Vasca. Y de que los trabajadores no pueden denunciar o reclamar su dinero porque, si lo hacen, inmediatamente son despedidos y, por lo tanto, expulsados en el acto de las viviendas que habitan. "Eso está pasando aquí y ahora", denunció el sindicalista responsable de Construcción en Álava, Roberto Salgado, antes de que el problema se encauzase. Ahora, un mes después, el alcalde y el consejero de Trabajo se van a reunir. Y el Ayuntamiento se compromete a ofrecer toda su colaboración para que se investigue hasta el final y no haya una sola obra en Vitoria donde se vulnere la legislación laboral vigente.