gasteiz - La comisión de investigación sobre el polémico alquiler de las oficinas de San Antonio ya expiró, pero los recelos continúan en el aire. Mientras la Fiscalía estudia la documentación, a solicitud de EH Bildu, la plataforma de participación ciudadana ADI! ha decidido ejercer el derecho a saber. Por eso, el pasado día 4 solicitó al Ayuntamiento de Vitoria el expediente completo. Su objetivo es colaborar y profundizar en el análisis jurídico del documento, sin perjuicio de otras vías que mantiene abiertas en sus pesquisas. El colectivo no está satisfecho con los resultados de la iniciativa que la oposición municipal puso en marcha, ya que no tuvo ninguna consecuencia entre aquéllos a los que se les supuso una actuación irregular.
"La comisión de investigación no ha determinado reconocimiento alguno de responsabilidad política, ni ha generado dimisiones", reprocha la plataforma ciudadana. Las arcas públicas siguen siendo gestionadas "por los responsables políticos del contrato". Aquel acuerdo firmado durante el mandato de Alfonso Alonso, en el que Javier Maroto era concejal de Hacienda, supuso el inicio de un oneroso alquiler de más de 5 millones de euros -muy por encima del precio inicialmente fijado por el Consistorio-, más otros 1,6 por las obras y una cláusula de blindaje por veinte años por un local propiedad del empresario Gonzalo Antón cuya necesidad no ha llegado a clarificarse a lo largo de estos meses de testimonios. La impresión de ADI! es que la oposición "se ha quedado corta" al no hacer otra cosa que reprobar al actual alcalde "por mentir y no defender el interés general". - J.S.
