El espíritu green de Vitoria se fuga por los ladrillos, las ventanas y los tejados de sus edificios. A lo bestia. Un estudio recientemente realizado por una empresa gasteiztarra desvela que el 80% de las viviendas de la ciudad son poco eficientes y grandes emisoras de dióxido de carbono. Resulta imposible disimular las deficiencias. Todas las casas analizadas disponen de una estricta vara de medir, el certificado energético, esa etiqueta que pone nota al domicilio en función de la luz y calefacción que gasta, la que conserva y la que se le escapa. El porcentaje de suspensos es demasiado alto para cualquier ciudad. Más para una que presume de verde. Y más con la crisis que no termina de irse. Los expertos tienen claro que hay que actuar sobre el parque edificatorio existente, construido mayoritariamente antes del año 2006, cuando la normativa española que obligaba a incorporar aislamiento térmico se endureció. De ahí que la impermeabilización deje tanto que desear, bien por lo escasa, por su colocación o por su ausencia.

El certificado energético, obligatorio desde el 1 de junio del año pasado cuando se quiere vender o alquilar una vivienda, describe la eficiencia con letras: desde la A, que indica un consumo prácticamente nulo, hasta la G, que representa un gasto innecesariamente brutal para los propietarios. En Vitoria, las tres primeras letras no existen. El estudio de Cercae desvela que, desde entonces, "no se ha registrado ninguna vivienda con etiquetas A, B o C en toda la ciudad". Ni siquiera en los barrios nuevos. Allí, no obstante, los resultados son aceptables. En torno al 48% de las viviendas de Salburua y Zabalgana presenta etiqueta D, el 40% en el caso de Lakua. Por el contrario, en Coronación, El Pilar y Judimendi, en torno al 30% de los pisos lleva grabada a fuego la G, lo que evidencia un derroche absurdo de energía y dinero. Les siguen de cerca otras viejas zonas de la ciudad, como San Cristóbal, Sansomendi, el Casco Viejo y Abetxuko.

Sólo la media general de Vitoria salva ligeramente los muebles. Según los técnicos de Cercae, el 51,17% de los inmuebles analizados ostenta la E, lo que indica que los dueños han actuado sobre ellos, sustituyendo carpinterías y mejorando las instalaciones de calefacción y agua caliente. El porcentaje, sin embargo, resulta del todo insuficiente para lograr el aprobado. La realidad es que ocho de cada diez viviendas incumple las directrices del código técnico de edificación aprobado hace ya ocho años. Una situación que provoca "que necesitemos una gran cantidad de energía para mantener unas condiciones de habitabilidad y confortabilidad aceptables". Justo lo que muchísima gente, y cada vez más , no se puede permitir.

En el contexto actual, las consecuencias de una casa que derrocha luz y calor son especialmente negativas. "Si añadimos el progresivo aumento del coste de los suministros energéticos y la crisis económica que nos afecta, encontramos que aparece un tipo de pobreza, conocida como pobreza energética, que se define como la imposibilidad que tienen las familias para pagar los servicios energéticos que cubren las necesidades domésticas o cuando destinan una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda", advierten desde Cercae. Para colmo, todos los indicadores hacen suponer que el coste de la electricidad y el gas seguirá subiendo en los próximos años. Según explican estos expertos, "la dependencia energética externa de España es del 76% y esto influye negativamente en la balanza comercial". Por desgracia, la energía "es un sector estratégico y su coste incide directamente en la calidad de vida de las personas y en la competitividad del tejido industrial y productivo".

La Unión Europea, consciente del problema, ha dictado diversas directivas dirigidas a reducir consumos que en España han quedado contempladas dentro del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, elaborado por el Ministerio de Industria. Los objetivos son reducir el consumo de energía primaria un 20%, disminuir otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar la contribución de las renovables al 20% del consumo. Todo un reto que sólo se podrá alcanzar si las administraciones autonómicas y locales habilitan ayudas económicas potentes que animen a las comunidades de vecinos a la rehabilitación integral de sus domicilios. Sin subvenciones atractivas, los costes de estas obras pueden sonar lo suficientemente elevados como para retraer a muchos ciudadanos y hacerles obviar los beneficios que conlleva la reforma de las fachadas, cubiertas y carpinterías.

"Es cierto que las obras de envolventes conllevan una muy importante repercusión económica, con un precio medio de 6.000 euros por vecino, pero a medio plazo compensan totalmente", sostiene Íñigo Ibáñez, de Construcciones Reyco. Su experiencia le dice que quien prueba enseguida recomienda. Según cuenta, se puede llegar a ahorrar hasta el 50% del consumo de energía del edificio y prácticamente el mismo porcentaje en términos de emisiones de C02, a la vez que se eliminan condensaciones, se mejora el aislamiento acústico y se añade valor a la vivienda. Además, la mayoría de las actuaciones son amortizables "en un periodo comprendido entre los dos y diez años". Las perspectivas son tan buenas que, en los últimos tiempos, esta empresa se ha embarcado en unas cuantas rehabilitaciones energéticas. "Hemos trabajado en Ensanche, Coronación... Pero muy especialmente en Zaramaga y en Ariznabarra", matiza el gerente.

A juicio de Ibáñez, la situación económica es un motivo de peso en la demanda de este tipo de reformas. "Con tantas personas en el paro, sufriendo importantes apreturas y con dificultades para solicitar una hipoteca, hay gente que se decanta más por mejorar lo que ya tiene que cambiarse de vivienda, a diferencia de lo que sucedía en los años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria", opina. Además, a pesar del deficiente estado energético de la mayoría de viviendas de Vitoria, él ha detectado "una creciente sensibilidad" por mejoras relacionadas con sostenibilidad. Y, a la vez, "una mayor inquietud por parte de las instituciones" para potenciar la economía de sus ciudades y territorios a través de la rehabilitación del parque inmobiliario. De ahí las subvenciones existentes, tal vez rácanas para muchos ciudadanos, aunque crecientes.

Una vez que una comunidad de vecinos apuesta por cambiar el rumbo de su edificio, Ibáñez anima al cambio integral. Pintar la fachada supone un desembolso económico importante pero no aporta mejoras al confort ni a la habitabilidad, "por lo que dentro de diez años la situación será todavía peor". La obra integral, por contra, garantiza un punto de inflexión seguro. En Construcciones Reyco, se ofrecen dos posibilidades para las fachadas: utilizar un sistema de aislamiento tipo sate, con la aplicación de un acabado monocapa o acrílico, o introducir esa impermeabilización en una cámara construida mediante placas. La metodología es similar para la cubierta, donde, antes de poner la teja, se aplica la capa de aislamiento. Además, el proyecto de envolventes incluye la sustitución de las carpinterías. De poco serviría poner un abrigo a los ladrillos y las tejas si el calor se sigue escapando a través de las ventanas.