gasteiz - Ahora que todas las cartas están sobre la mesa, la central nuclear de Garoña empieza a deshojar los días del calendario con un buen fajo de billetes en una mano -la planta necesita reformas por un coste de al menos 150 millones de euros- y un cronómetro en la otra. Tras solicitar la licencia de reapertura no hasta 2024 como estaba previsto sino nada menos que hasta el 2 de marzo de 2031, Nuclenor deberá aguardar ahora a que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elabore el informe que dictaminará si Garoña está o no en disposición de recibir el visto bueno para prolongar su operatividad. Un documento en el que el Ministerio de Industria basará la decisión final para elevar su pulgar hacia el cielo o hacia el suelo y que, salvo sorpresa, no estará completado antes de un año.
Por ahora, Iberdrola y Endesa cuentan ya en su poder con toda la documentación necesaria para ser estudiada por el CSN, al tiempo que analizan las fechas en las que podrían acometer las obras de adecuación de la central a la normativa de seguridad surgida tras el accidente de la planta nuclear de Fukushima, hermana de Garoña. Los 150 millones de euros a los que se estima asciende la inversión a acometer para poner de nuevo en marcha el reactor son el argumento que Nuclenor esgrime para pedir que Santa María de Garoña permanezca operativa durante 17 años más, lo que la llevaría a alcanzar los sesenta años de vida en caso de que finalmente quede abierta hasta 2031. "Este marco temporal es necesario para hacer viable y proporcionar la estabilidad adecuada al proyecto", exponían el martes Endesa e Iberdrola en su comunicado oficial.
Un argumento que acompañaron con su intención de emular la política nuclear de Estados Unidos, donde aproximadamente setenta plantas disponen de la licencia necesaria para operar hasta las seis décadas de vida útil. Mientras tanto, las eléctricas mantienen abiertas sus conversaciones con el Gobierno central en lo que a la reforma del sector, aún en proceso de definición, se refiere. Además, no hay que olvidar que las elecciones generales de 2015 podrían suponer la paralización de todo el proceso en función del partido que llegue al poder.
Así las cosas, la hoja de ruta de la central ubicada a cuarenta kilómetros de la capital alavesa apuntaría al 2016 como fecha para levantar de nuevo la persiana nuclear de un recinto inaugurado en 1970, aunque ayer el diario digital Voz Pópuli apuntaba a la posibilidad de que la puesta en marcha del reactor pudiera adelantarse a 2015. El motivo pasa por una de las disposiciones adicionales que el PP incluyó en el Real Decreto ad hoc aprobado el pasado mes de febrero que modificaba el reglamento previo para las centrales nucleares fechado en 1999.
De hecho, de no haber mediado el citado decreto Nuclenor no hubiera podido reunir las autorizaciones necesarias antes de tres años una vez solicitada la reapertura. Con la decisión que el Ejecutivo de Rajoy selló en febrero, ese plazo se reducía a un año. Mientras, Garoña continúa recibiendo diariamente la visita de los casi trescientos trabajadores que mantienen a punto la planta a la espera de nuevos pasos.