gasteiz - La amenaza nuclear de Santa María de Garoña adquiere por fin una forma clara y definida con la solicitud oficial de Nuclenor de reabrir la central nada menos que hasta el 2 de marzo 2031, año en el que el complejo atómico burgalés cumplirá sesenta años de explotación comercial. Iberdrola y Endesa, propietarias a partes iguales de Garoña, solicitaron ayer de forma oficial la renovación del permiso de funcionamiento de sus instalaciones atómicas para que permanezcan operativas los próximos 17 años y no hasta 2024, como se estimaba hace ahora una semana.
El pasado día 20, el presidente de Endesa, Borja Prado, anunciaba la intención de Nuclenor de pedir la licencia de apertura "antes del 6 de julio", fecha límite de la que disponían para una solicitud que cuenta con el rechazo mayoritario de la sociedad alavesa, vasca y estatal. Tenía dos meses más de margen, pero apenas han tardado siete días en presentar el requerimiento al Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno español.
Según apuntan desde Nuclenor, su espejo para prolongar la actividad en Garoña son las plantas nucleares de Estados Unidos, donde se aplican estas seis décadas de vida útil de una central "como periodo de operación" en complejos similares. "Es un tiempo de explotación consistente con la práctica reguladora que existe en EEUU, país de origen de la tecnología de la planta, que ha sido utilizada como referencia en las evaluaciones técnicas de operación a largo plazo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)", argumentan los dueños de Garoña, cuya decisión fue jaleada por el Foro de la Industria Nuclear y criticada por un sinfín de agentes sociales y políticos de todo Euskadi.
Además de mirarse en el reflejo de las políticas nucleares norteamericanas, los dueños de Garoña apuntan que alcanzar sus deseadas seis décadas de vida para el complejo "es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas". Y es que cabe recordar que la puesta en marcha de la planta situada a cuarenta kilómetros de Gasteiz deberá traer consigo unas adecuaciones obligatorias cuyo presupuesto total ronda ahora mismo los 150 millones de euros. Un programa de inversiones asociadas a las pruebas de resistencia y las instrucciones del CSN que Endesa e Iberdrola han trasladado también al Ministerio de Industria.
De hecho, Nuclenor aprovechó ayer su nota de prensa para subrayar que el requerimiento de apertura enviado al Gobierno central "va acompañado de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para la renovación" y aseguró que dichos informes "demuestran que se dispone de un adecuado control del comportamiento de las estructuras y equipos de la central y permite asegurar su capacidad para realizar las funciones de seguridad a largo plazo". El comunicado incluye también el "compromiso" de la central de acometer "las modificaciones de diseño requeridas por el CSN con anterioridad relativas al aislamiento de contención, la independencia de sistemas eléctricos, protección contra incendios y el nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva". Nuclenor había convocado ayer una reunión extraordinaria de su Consejo de Administración para cristalizar una decisión que ya estaba tomada pero que querían manejar en los plazos que ellos marcaran, ahora que las eléctricas están inmersas en pleno proceso de negociación de la reforma eléctrica que quiere implantar el Ejecutivo del Partido Popular.
Un partido que el pasado mes de febrero asfaltaba la carretera para la reapertura de la central con la aprobación del Real Decreto que permite que una planta, cuyo cierre se deba a motivos económicos y no a cuestiones relacionadas con la seguridad nuclear, disponga de un año desde su cese de actividad para solicitar la renovación de su permiso de explotación. Un decreto ad hoc que tres meses después ha encontrado respuesta con esta solicitud oficial.
rechazo social Mientras los pasos para volver a pulsar el botón nuclear de Garoña se van cumpliendo de forma paulatina según lo previsto, también se van definiendo los métodos con los que instituciones, partidos, colectivos y agentes sociales van a intentar levantar un muro de contención alrededor del complejo burgalés para evitar que la persiana que se bajó a finales de 2012 no vuelva a levantarse. Por un lado, las Juntas Generales de Álava lograron la semana pasada que el Tribunal Supremo admitiera a trámite su demanda -auspiciada por todos los grupos junteros salvo el PP- contra el Real Decreto del Gobierno de Madrid que allanaba la reapertura, en la que además pedían que Garoña no se pusiera en marcha hasta que el Supremo no dictaminara una resolución definitiva. Ayer el grupo municipal del PNV defendía que el Ayuntamiento gasteiztarra se una también a la demanda foral, además de proponer que el Consistorio solicite "amparo" a la Comisión Europea para que supervise el proceso de concesión de la licencia de reapertura.
EH Bildu, por su parte, anunció que las doce localidades y dos cuadrillas de Álava en las que gobiernan "revisarán todos los contratos eléctricos con Endesa e Iberdrola y no volverán a contratar con ellas en el futuro" tras la solicitud oficial de Nuclenor. Equo recordaba también que Garoña "ya ha cumplido su vida útil y hay que recordar que su reactor es gemelo del de Fukushima", y Ecologistas en Acción calificó como "delirante" y "una verdadera locura teniendo en cuenta su estado" que se quiera mantenerla operativa hasta 2031.
