Gasteiz - SEA Empresarios Alaveses recibió ayer mismo el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por el que se estima la aclaración de sentencia solicitada por la patronal, y en consecuencia se declara la nulidad del artículo 10 de la ordenanza del Impuesto de Actividades Económicas de 2013 del Ayuntamiento de Vitoria, así como la del callejero anexo elaborado por el gabinete de Javier Maroto.

En la práctica esto significa que la remodelación de 2013 se convierte en papel mojado, lo que da pie a centenares de empresas a reclamar la devolución de los importes cobrados el año pasado. Las firmas radicadas en los polígonos industriales se vieron muy afectadas por la medida, que el TSJPV estima no fue lo suficientemente justificada. Con el nuevo callejero se impuso una tasa homogénea para toda la ciudad basada en los tipos más altos.

Además, la anulación del callejero puede tener un impacto económico mayor, pues esa relación de calles del IAE se aplicó además a los veladores y vados, lo que se tradujo en un aumento de la tasa para muchos vecinos de la ciudad. En todo caso, son muy pocos los afectados que mantuvieron sus recursos vivos ante la Administración.

Por otro lado, una vez conocida la aclaración de sentencia del tribunal, el Consistorio procederá a modificar también el callejero de 2014, idéntico al del año pasado. Así anunció al menos que lo haría el concejal de Hacienda vitoriano, Manu Uriarte, que ya la semana pasada contaba con la respuesta del TSJPV conocida ayer.

Además de anular el callejero (artículo 10 de la ordenanza), la sentencia invalida el 6.1 c), que establecía el límite de exención del impuesto en 1,1 millones de euros, en lugar de los dos millones contemplados en la Norma Foral del gravamen. En todo caso, a esas firmas nunca se le llegó a cobrar.

También se ha anulado el artículo 8, que regulaba los coeficientes de ponderación, que incrementan la liquidación del impuesto según el volumen de operaciones de las empresas; y el 9, que elevaba el coeficiente de incremento general del impuesto hasta 1,5345%.

A día de hoy 267 empresas mantienen vivos sus recursos ante el Ayuntamiento, aunque los abogados del SEA que han llevado el proceso les han recomendado dar el salto a la vía contencioso-administrativa. - T.D.