gasteiz - Tras el varapalo a las arcas municipales por el cobro incorrecto del Impuesto de Actividades Económicas, la gestión del gabinete de Javier Maroto vuelve a estar en tela de juicio. Esta vez, a cuenta del frustrado sistema automatizado de préstamo de bicicletas. Prisma-Moventia, la UTE a a la que el PP adjudicó provisionalmente el contrato para implantar uno de los proyectos que pretendía dar lustre al reinado green, ha decidido llevar al Ayuntamiento de Vitoria a los tribunales por los daños y perjuicios que le ocasionó la suspensión del acuerdo apenas un mes después. La unión de empresas trató de llegar a un acuerdo amistoso, pero ha sido imposible.
Este pasado viernes, la Junta de Gobierno Local rechazó la reclamación de Prisma-Moventia, por la que pedía al Ayuntamiento de Vitoria 180.000 euros en concepto de daños y perjuicios por todos los gastos que le había ocasionado el desarrollo del sistema hasta ese momento. Entre otras acciones, ya se habían llevado a cabo contratos con proveedores, que incluían la compra de bicicletas fabricadas en Canadá. La cuantía exigida se ajusta a lo que contempla la ley, que permite solicitar hasta el 3% del coste total del servicio. En el caso del sistema automatizado de préstamo de bicicletas, la inversión ascendía a la friolera de seis millones.
El equipo de gobierno ha desestimado el recurso al considerar que no tiene por qué abonar los gastos realizados por Prisma-Moventia, ya que éstos fueron "anteriores a la firma del contrato". El PP reconoce que existía una adjudicación provisional de abril de 2012, "pero no una definitiva", por lo que "la UTE asumió unos riesgos que no pueden ser imputables a la Administración". Muy distinta es la opinión de la empresa, que espera obtener de los tribunales una respuesta positiva.
La polémica vuelve dos años después a cuenta de un proyecto controvertido que prometía revolucionar la movilidad ciclista, con 50 estaciones y 500 bicicletas, y quedó en agua de borrajas después de que el PP renunciara a su puesta en marcha por falta de fondos. Entonces, el alcalde echó la culpa al Gobierno Vasco, por la suspensión de una subvención. - J.S.