Gasteiz - El concejal de Hacienda del Ayuntamiento vitoriano, Manu Uriarte, asumió ayer que el Consistorio se precipitó al aprobar una modificación del Impuesto de Actividades Económicas que SEA Empresarios Alaveses llevó a los tribunales y que éstos han echado por tierra. La Justicia ha obligado a la ciudad a devolver 460.000 euros a las 267 empresas demandantes.

Gasteiz pagará a esas 267 y a ninguna más, pues aunque no son todas las afectadas por la rebaja del techo de exención del IAE de dos a 1,1 millones de euros, el PP no tiene intención de actuar de oficio, como le reclamaron ayer PSE y PNV, y como ya se hizo cuando hubo que dar marcha atrás en la tasa de basuras a viviendas vacías.

¿Qué pasó para que la Justicia haya dado este severo tirón de orejas al Consistorio en forma de sentencia? Lo que ocurrió fue que el Pleno, a petición de EH Bildu, acordó rebajar las exenciones a las empresas, contando como contaba la institución con que en el palacio foral iban a hacer lo mismo. Sin embargo, cuando Gasteiz ya contaba con sus nuevas reglas del juego, el PP dio marcha atrás en las Juntas Generales y el techo de la exención se mantuvo en los dos millones de euros en la Norma Foral, que es la que cuenta. La ciudad había incurrido en un invasión competencial, sin comerlo ni beberlo, por construir unas paredes fiscales bajo las que no había cimientos jurídicos.

A los abogados de las empresas demandantes, que facturan, lógicamente, entre 1,1 y dos millones de euros anuales y se pueden permitir una buena asesoría legal, no les pasó desapercibido el salto sin red municipal y tanto los jueces como el propio Uriarte y toda la oposición no han podido sino darles la razón.

Ahora, aunque el consenso sobre esta parte de la sentencia es unánime, a la hora de repartir culpas y reproches cada cual en el Ayuntamiento tiene su propia versión de los hechos. El PP parte de la premisa de que quien gobierna se equivoca y de que la Justicia a veces da la razón a unos y a veces a otros, y afirma además que ya trató de enmendar el error, sin éxito, al proponer aceptar la alegación presentada por el SEA a la nueva exención.

El jeltzale Borja Belandia cree que todo se debe a las "fobias" de EH Bildu hacia los grandes empresarios y al seguidismo que de sus propuestas hizo el PP con "ánimo recaudador". La coalición abertzale responsabiliza al PP por votar una cosa en el Ayuntamiento y otra en las Juntas. "En la sede del PP le sacaron un matasuegras", le espetó el edil soberanista Antxon Belakortu a Uriarte. Por último, el portavoz del PSE, Patxi Lazcoz, pidió ayer la dimisión del concejal de Hacienda porque a su juicio la sentencia no obedece a un error del PP, sino a su "soberbia y prepotencia política".

a última hora Por otro lado, la sentencia no sólo subraya la invasión competencial en la que incurrió el Ayuntamiento. También dice que el procedimiento seguido fue irregular, pues Uriarte remitió al BOTHA la modificación del impuesto como una corrección de errores. El concejal afirmó que si se hizo así fue porque era la única manera de llevar la resolución del Pleno del 28 de diciembre al boletín oficial dentro del año en curso, pero que la modificación en sí era legítima porque la adoptó el máximo órgano municipal siguiendo el procedimiento correcto, la votación de los grupos.

Otra de las decisiones de calado de la sentencia es la relativa al callejero que Gasteiz unificó para cobrar a las empresas del extrarradio un IAE tan alto como el de las radicadas en el casco urbano. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco asegura que el equipo de gobierno no justificó suficientemente esa modificación, que ni aplicó ni explicitó los necesarios criterios objetivos, y Uriarte sostiene que nunca antes se había pedido tanto rigor a la hora de diseñar un callejero. Aunque el documento aún no ha sido anulado, a la espera de que el TSJPV aclare las dudas al respecto planteadas por el SEA, el PP da por hecho que va a acabar siendo papel mojado.

Si ocurre así, el problema del Ayuntamiento podría tasarse muy por encima de los 460.000 euros que por el momento debe a los empresarios. Los impuestos de veladores y vados se calcularon el año pasado tomando como referencia ese nuevo callejero, lo que supuso importantes subidas fiscales para muchos vitorianos de a pie. Se presentaron recursos de reposición contra la medida, se rechazaron, y hubo quien tuvo el ánimo y el dinero necesarios para acudir al Juzgado. De anularse el callejero, estos litigantes dispondrán de un argumento de peso para exigir en los tribunales que se les cobre como hasta 2012. Por su parte, quienes han desistido de recurrir tendrían esperar a ver si, en este caso, el Ayuntamiento sí actúa de oficio y acepta devolverles parte de la tasa girada el año pasado.