el sector de la construcción se mantiene en estado comatoso un lustro después de la instauración de la crisis económica y, aunque la obra pública también ha caído en picado, las instituciones siguen construyendo, poco o mucho. Por ello, las empresas del sector pujan fuerte por hacerse con los contratos públicos, y las administraciones aprovechan su posición de fuerza para alcanzar bajas en los concursos desconocidas cuando el dinero del ladrillo inyectaba las venas de la economía de millones y millones de euros.
Como denunciaba el pasado otoño el concejal del PNV Iñaki Prusilla, en Gasteiz hay firmas que con puntuaciones técnicas de 7 sobre 30 le han ganado concursos a empresas que sacaron 27 puntos en esta valoración, y lo han hecho porque son capaces de presentar rebajas de incluso el 40% sobre el precio de licitación, en un contexto en el que la media de los descuentos es de un ya importante 30%. A priori, la situación beneficia al contribuyente, pues supone un menor gasto de la caja de todos, pero la moneda tiene otra cara.
En obras de titularidad pública como la del Ayuntamiento de San Martín, los trabajadores cobran en negro, echan jornadas de más de diez horas diarias de duración, ingresan 6 euros por hora, y son advertidos de que si denuncian al día siguiente otro trabajador ocupará su lugar, según denuncia ELA y según expone también EH Bildu, que ayer presentó una moción en el Consistorio vitoriano para establecer unas mínimas garantías en las obras de titularidad municipal.
Según Roberto Salgado, del sindicato nacionalista, el caso de San Martín puede ser un paradigma, pero nunca un hecho aislado. "Es algo generalizado, es en San Martín, pero también en el centro cívico de Salburua, en la urbanización de Arkaiate, en la estación de autobuses... En tiempos de bonanza no había problema porque se estaba por encima de convenio, la gente trabajaba 10 horas y cobraba 1.600 o 1.700 euros, ahora trabajan igual a menos precio", afirma Salgado. ¿Cuánto menos? "Aquí hemos tocado suelo, hay nóminas de 1.400 euros pero luego cobran 1.000", señala Salgado, quien alerta de que el miedo al desempleo está instalado en el castigado sector de la construcción y que por ello estas situaciones no se dan a conocer. "Si denuncias te vas a la calle y no vuelves a trabajar en Vitoria", asegura.
Roberto Salgado insta al Ayuntamiento vitoriano a que actúe ante una situación de la que la institución se desentiende alegando que no es su competencia. "Es como si un señor empieza a disparar con una escopeta y no llaman a la Policía porque no es su competencia. ¿Si no actúa la Inspección de Trabajo nosotros no actuamos? Pues no, por lo menos en tu casa tienes que obrar como se debe", explica el sindicalista. "Todo esto -prosigue- tiene que salir a la luz, es una situación que se da en la obra privada y en la pública, pero en la privada es más difícil atajarlo". El representante de ELA se reunió recientemente con los grupos municipales para explicarles lo que ocurre en la obra pública de la ciudad. "Yo no pido que hagan leyes nuevas, sólo que se cumplan las que hay, ahora están castigando a quien hace las cosas bien", asegura.
Según el sindicalista, los trabajadores no cobran si se ponen enfermos, no cobran si hay un puente, no cobran las pagas extras que figuran en sus contratos, no tienen finiquito, no reciben toda la ropa de trabajo necesaria más allá de las botas, el chaleco y el arnés (a veces compartido por varios obreros). "En enero la primera semana fue fiesta y en vez de 1.000 euros cobraron 700, trabajando 200 horas reales", denuncia Salgado a modo de ejemplo.
Desde el equipo de gobierno, por su parte, aseguran estar atados de manos, pues dicen no poder actuar para atajar este tipo de prácticas que, insisten, denuncian con contundencia tanto en el ámbito público como en el privado.
Ayer ELA reclamó, a través del grupo de EH Bildu, una serie de medidas para evitar estas situaciones. Por ejemplo, que las empresas adjudicatarias pongan un torno en las obras para que se controle quién entra y sale del tajo y cuándo lo hace, que se pague a los operarios mediante transferencia bancaria, tal y como establece el convenio de la construcción, o que se contraste cada mes el salario pagado a través del banco con las horas trabajadas. La moción insta además a la Inspección de Trabajo a que controle el cumplimiento de la normativa, y pide al Ayuntamiento que no sancione a las empresas que no cumplan los plazos por garantizar los derechos de sus trabajadores (el PSE no suscribió este punto). La iniciativa, que reclama al gobierno de Javier Maroto que revise la aplicación de la normativa en todas sus obras, y sancione a quien no cumple, salió aprobada con los votos de toda la oposición.
Sin embargo, su efectividad real es limitada, dado que el PP, que gobierna, se abstuvo, alegando que la obra del nuevo Ayuntamiento es privada y que las oficinas se instalarán allí en régimen de alquiler con derecho a compra. El concejal de Hacienda vitoriano, Manu Uriarte, rechazó que "se traslade la idea de que el Ayuntamiento puede arreglar esto", y por ello presentó una enmienda alternativa que reclama al Gobierno Vasco que cumpla con sus competencias en materia de derechos laborales.
"cumplir lo escrito" Por su parte, el concejal del PNV Borja Belandia instó al equipo de gobierno a "utilizar los mecanismos que tenemos, y si no los hay, inventarlos", pues a su juicio la picaresca en el sector va por delante de la Ley. Así, ahora que todos los niveles de la subcontratación son responsables de lo que ocurra en la obra (antes sólo la empresa que contrataba directamente al trabajador debía rendir cuentas), es necesario "hacer cumplir lo escrito" y que los operarios cobren lo que sus nóminas dicen que cobran.
Desde EH Bildu, David Pina insistió en la necesidad de introducir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones, una potestad del Ayuntamiento que echa por tierra la idea de que la institución no puede evitar la precariedad en sus obras. Pina advirtió de que "cualquier día habrá un accidente (al parecer no siempre se garantizan las medidas de seguridad establecidas en este tipo de trabajos), nos llevaremos las manos a la cabeza y diremos que hay que hacer algo".
Según el concejal de EH Bildu, los licitaciones públicas priman en demasía la oferta económica, lo que obliga a las empresas a tirar los precios y por ello luego repercuten el dinero que dejan de ganar en el sueldo de sus empleados.
Desde el PSE, la edil Marian Gutiérrez afirmó que la situación denunciada por ELA, "de ser cierta", es extremadamente grave, y por ello cree necesario instar al Gobierno Vasco a cumplir con sus responsabilidades, tal y como pide el PP. En todo caso, Gutiérrez recordó al equipo de gobierno que si bien los derechos laborales en la obra de San Martín, o en la de la estación, o en la del centro cívico de Salburua, o en la de la urbanización de Arkaiate, no son de su competencia, sí son de su incumbencia. "El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado", señaló Gutiérrez, quien al igual que Pina advirtió de que esta situación repercute en la seguridad de los trabajadores y de que en cualquier momento se puede producir un daño personal irreparable en una obra contratada por el Ayuntamiento.
Roberto Salgado, por su parte, intervino en el Pleno del Ayuntamiento gasteiztarra para arrojar luz sobre una situación que califica de "semiesclavismo. No debemos mirar para otro lado -exhortó-, son obras que se hacen con gente que vota para que ustedes estén aquí".
La situación. ELA denuncia que en las obras municipales, en muchos casos, los trabajadores no cobran horas extras ni finiquitos ni bajas ni vacaciones. Según el sindicato, es habitual que los empleados reciban en mano un salario inferior al que figura en su nómina.
Las obras. Las empresas infractoras trabajan en las obras del nuevo Ayuntamiento de San Martín, de la estación de autobuses, del centro cívico de Salburua o en los trabajos de urbanización de Arkaiate.
