el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, fue reprobado ayer por el Pleno municipal bajo el reproche de "mentir reiteradamente" en lo relativo al alquiler de las oficinas del empresario Gonzalo Antón en la calle San Antonio. Con ese gesto político se puso fin a una comisión de investigación que durante seis meses ha fiscalizado la actuación del gobierno de Alfonso Alonso cuando alquiló a Gonzalo Antón la lonja, de casi 1.000 metros cuadrados, mediante un contrato blindado por veinte años y que le iba a costar a la ciudad más de seis millones de euros.

Toda la oposición concluye que Maroto, concejal de Hacienda cuando se ejecutó la operación, mintió cuando dijo en 2007 que había una opción de compra sobre el local y que a los veinte años pasaría a ser de propiedad municipal, que mintió cuando aseguró en la comisión que se cerró la operación de forma urgente por la necesidad de trasladar la oficina de turismo de General Loma (que siguió en esa plaza dos años más), y que faltó a la verdad cuando dijo, el pasado agosto, que el contrato no se podía renegociar, pues él mismo pactó una nuevas condiciones escasos meses después. Según el PP, por su propia iniciativa, según la oposición, forzado por la comisión de investigación.

El texto aprobado ayer también justifica la reprobación al alcalde por firmar el expediente que legitimó pagar un arrendamiento de 6,1 millones de euros por un local que meses antes compró el propietario por 2,7 millones, por acceder a costear las obras de acondicionamiento, que elevaron los ingresos de Antón en otros 1,3 millones; y por hacer cargar a la ciudad con los gastos extraordinarios de la comunidad y los impuestos municipales correspondientes. Se le reprueba además por admitir incrementos de las cuotas de alquiler hasta 9 puntos por encima del IPC, y por el blindaje de 20 años que sólo comprometía al Ayuntamiento y no al propietario.

Tanto PNV como EH Bildu y PSE suscribieron con su voto positivo el contenido de esta reprobación, y los tres votaron además a favor de la propuesta del PNV de remitir toda la documentación recabada en estos meses de trabajo al Tribunal de Cuentas del Estado para que la investigue en profundidad. EH Bildu respalda este movimiento, aunque sin demasiada convicción, pues de ese órgano forman parte, entre otras personas ligadas al PP, "el hermano de Aznar", según dijo el portavoz de la coalición, Antxon Belakortu.

los correos que faltan A su juicio habría sido mejor llevar el caso a los tribunales, pero ni PNV ni PSE le respaldan en su propuesta de llevar los papeles a la Fiscalía, porque ambos grupos desconocen si la operación constituye un delito. No lo saben, entre otras cosas, porque tal y como denunciaron todos los grupos, el PP y Antón no han facilitado todos los correos que se intercambiaron entre finales de 2006 y principios de 2007.

Por otro lado, la reprobación del actual alcalde (nada se dice en el texto de Alfonso Alonso, cuyo nombre no se pronunció ni una sola vez durante el Pleno de ayer) se materializa mediante una moción, movimiento más que suficiente, según el PNV, para dotar de legitimidad jurídica al reproche municipal. En los últimos días se barajo la opción de modificar el reglamento del Ayuntamiento, que contempla la reprobación a los concejales, pero no dice nada del primer edil, pero la opción se desechó porque, al fin y al cabo, esta figura no tiene más consecuencias (ni menos) que el reproche público al alcalde.

Ese hecho destacó el portavoz del PNV, Gorka Urtaran, quien subrayaba además el hecho de que el precio de 6,1 millones de euros estaba pactado de antemano y censuró la "soberbia y altanería política" exhibida, a su juicio, por el equipo de gobierno, durante estos meses.

Para Belakortu, por su parte, el quid de la cuestión está en saber si Antón sabía que iba a alquilar el local inmediatamente cuando lo compró por 2,7 millones de euros escasos meses antes de firmar el contrato con Alfonso Alonso. El edil de EH Bildu se preguntaba además quién financió la compra del local, que "se llevará parte de los beneficios".

Patxi Lazcoz, portavoz el PSE, comenzó por pinchar una vez más las dos grabaciones en las que Maroto dice una cosa y la contraria, aquella de 2007 en la que afirmaba que la oficina de turismo no iría a San Antonio, y las de 2013 en la que aseguraba que ese traslado fue precisamente lo que motivó la urgencia de alquilar el local de Antón. "La reprobación es una de las sanciones políticas más graves que se puede dar a un representante público", señaló Lazcoz, quien pidió sin éxito que fuera el propio alcalde el que defendiera la postura del PP.

Fue la concejala Ainhoa Domaica, portavoz conservadora en la comisión, quien tomó la palabra para denunciar que la comisión ha sido un "circo político con objetivos políticos", y para asegurar que al PP no le preocupa esa reprobación política, sino "la de las urnas". Según Domaica, para quien los seis millones de euros pactados estaban por debajo del precio de mercado, si Maroto mintió, también lo hicieron los tres técnicos "de reconocido prestigio" que avalaron la teoría de que la necesidad de trasladar de la oficina de turismo motivó el alquiler de esa lonja en concreto. Domaica dijo que, lejos de ser el PP quien ha ocultado información, fue Patxi Lazcoz, cuando fue alcalde, quien ocultó los correos electrónicos, y afirmó que ese arrendamiento se asemeja a los cerrados por Lazcoz y por el exalcalde Cuerda, en Olaguíbel y San Prudencio, respectivamente.

¿Por qué? Con la sesión plenaria de ayer se dio por finalizado un proceso político que en principio no tendrá recorrido judicial, un periplo de seis meses que ha dejado satisfechos a algunos grupos (PNV) y a otros menos (EH Bildu), pero que ha dejado en el aire una pregunta que ayer lanzaba toda la oposición en el salón de plenos del Consistorio gasteiztarra: ¿Por qué?

"¿Por qué? -cuestionaba Urtaran- Esto es todo lo contrario a lo que hay que hacer en la administración pública; las negociaciones son a partir de la oferta de un tercero, no hubo un informe técnico que acreditara la necesidad del alquiler, la adjudicación se realizó a dedo, ya le hemos pagado el local al particular y el Ayuntamiento ha quedado en situación de debilidad".

"Se han atribuido -añadía por su parte Lazcoz- un éxito sin precedentes en la renegociación del contrato cuando la han hecho por razones inconfesables".

Por último, Belakortu se preguntó "por qué se cogió ese local. ¿Es que el precio era bueno? ¿Es una buena zona comercial? No, no sabemos nada de cómo fue el asunto, que va contra el interés público, y por eso insistimos en que hay que llevarlo a la Fiscalía".