TRABAJAN en puestos de una enorme responsabilidad, no hay que olvidar que por sus manos pasan las vidas de miles de personas todos los años, pero se sienten maltratados, tanto por sus mandos como por la propia Administración. Hasta el punto de que muchos de ellos han comenzado a perder ya esa ilusión por una labor que comenzaron a desempeñar siendo muy jóvenes, como voluntarios y sin cobrar un duro a cambio, y que acabaron por convertir en su forma de vida.

Los trabajadores alaveses del sector de las ambulancias atraviesan por una situación de absoluta incertidumbre ante la más que probable aplicación de la reforma laboral del Gobierno central en sus empresas y la consiguiente precarización de sus condiciones laborales. La espada de Damocles de una rebaja salarial cercana al 40% y de un incremento de la jornada en más de 200 horas pende actualmente sobre un centenar de conductores, técnicos, enfermeros y coordinadores contratados bajo el paraguas de la UTE Emerbask, que controla casi la totalidad del transporte sanitario urgente en la provincia tras el último concurso público del Ejecutivo vasco.

Cuatro de ellos, David Ciudad, Toño Gacho, Blanca Iglesias y Jagoba Udaeta, se han reunido con DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA para lanzar un mensaje de alarma sobre lo que, advierten, constituye un conflicto que va mucho más lejos de lo estrictamente laboral, porque amenaza con acabar salpicando al eslabón más vulnerable de esta cadena, los pacientes. La huelga en este sector se presenta ya para ellos como un realidad "inminente", tras varias semanas de protestas y la caravana de coches del pasado viernes. Les acompañan Francisco Javier Bayón y Lina Ruiz de Azua, conductores de Ambulancias Araba, la empresa que se encarga del transporte programado en el territorio -diálisis, rehabilitación...- y cuya concesión concluirá este mismo año. Ellos también temen verse en una situación similar cuando el Ejecutivo autonómico convoque el próximo concurso público y redistribuya los lotes de transporte no urgente.

ultraactividad La inexistencia de un convenio provincial -mucho menos, autonómico- en este sector coloca a sus trabajadores a los pies de los caballos tras el fin de la ultraactividad dictada por la norma del Ejecutivo Rajoy. "No tienes la cabeza donde tienes que estar. El día de mañana nos va a tocar a nosotros si la línea del Gobierno Vasco sigue siendo tirar los precios de los concursos", advierte el propio Bayón. Al abaratamiento del servicio como consecuencia de la crisis se suman unas ofertas tremendamente a la baja de las empresas para hacerse con los concursos, como fue el caso de Emerbask. "El último concurso bajó un 3% y eso se ha traducido en los recortes posteriores", contextualiza Ruiz de Azua.

El origen del conflicto, con todo, se remonta a este pasado 7 de julio, cuando caducaba la ya citada ultraactividad y los trabajadores de Emerbask, sin el respaldo de un convenio -venían rigiéndose por un pacto extraestatutario de eficacia limitada firmado en 2007 en Bizkaia-, fueron advertidos de la inminente adscripción al convenio estatal, lo que traería de la mano los ya citados recortes, si no se firmaba un nuevo convenio provincial. La mesa de negociación no se abrió hasta noviembre y sólo duró tres reuniones, lógicamente sin acuerdo. La empresa acusa a la parte social de "no negociar de buena fe". Los trabajadores a ésta, de "imponer en lugar de negociar".

En consecuencia, Emerbask advirtió el pasado 30 de diciembre mediante una circular interna de que el convenio estatal sería aplicado "en todos sus contenidos" y a todos sus trabajadores desde el 1 de enero de este año. "Llevamos 28 días trabajando este mes y aún no sabemos lo que vamos a cobrar", censura Gacho, una "inquietud" compartida por sus colegas y el centenar de trabajadores a los que representan. Son delegados sindicales, lo que les confiere protección para hablar con libertad. "Al que levanta la cabeza se la cortan", denuncian. El fin de la ultraactividad se encuentra ya judicializada -la vista tendrá lugar el próximo 10 de marzo- porque, según denuncian, el citado pacto vizcaíno recogía que ésta era ilimitada.

Ciudad, conductor de ambulancia, se siente "quemado y defraudado" ante esta situación, porque los agentes implicados en el conflicto parecen olvidar la responsabilidad social que llevan sobre sus espaldas. "¿Quién actúa cuando hay un accidente?", pregunta. Su compañera Iglesias, técnica, lanza una velada crítica a la Administración, "la que permite todo esto y la que debe mojarse, implicarse ya y hacer lo que tiene que hacer". Ella es una de las tantas profesionales que comenzaron su andadura en este sector de forma altruista, cuando apenas había superado la mayoría de edad. Ahora se siente "humillada, chantajeada y amenazada", sin rastro de aquella alegría con la que acudía a colaborar en el transporte de enfermos hace ya 21 años.

Una realidad en la que ahonda el también conductor Jagoba Udaeta, quien advierte de que la "incertidumbre" con la que trabajan tanto él como sus compañeros últimamente en este puesto "tiene un peligro". "Estamos jugando con la vida de la gente. La nuestra, la de mi compañero, la del paciente y la de quien pasea por la calle", enumera. "¿Cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi hijo? Hay mucha gente que adora este trabajo y que ya empieza a perder la ilusión", confiesa.

Udaeta también mira hacia la Administración, a la que pide que medie en el conflicto para lograr reconducir la situación. "Esto es como el dueño y el perro. ¿Quién tiene la culpa? Deberían estar mucho más pendientes de las empresas a las que adjudica el servicio", censura. "El lehendakari es un mentiroso, porque dijo que no se iba a aplicar la reforma laboral y lo va a hacer bajo manga", añade Ciudad en este sentido. Fuentes del Departamento de Salud consultadas por este diario recuerdan que este concurso -y sus consiguientes rebajas- fue convocado en la legislatura anterior, con el PSE en Lehendakaritza, y que su función se centra actualmente en velar por un cumplimiento "estricto" de su pliego de condiciones.

Bayón y Ruiz de Azua, de Ambulancias Araba, siguen los acontecimientos "desde el compañerismo y la inquietud", casi convencidos de que los 50 trabajadores de esta empresa pueden ser los siguientes. "Todos esos recortes que hacen las empresas para ganar el concurso luego repercuten en la masa salarial, en los trabajadores, y eso es culpa de la Administración", insiste.

Pasan los días, el conflicto sigue bloqueado ante la falta de encuentros entre la patronal y los trabajadores y las protestas se retomarán esta misma semana. Pronto darán a conocer el calendario a seguir este próximo febrero, pero según advierten esas movilizaciones "no se van a quedar sólo en concentraciones". "La huelga es inminente", insisten, lo que podría tener unas consecuencias difíciles de imaginar en la atención a los pacientes alaveses, por mucho que, en ese escenario, se dicten unos servicios mínimos.