gasteiz. Dice la Ley, o eso al menos sostiene el concejal de Servicios a la Ciudadanía, Alfredo Iturricha, que si un ciudadano al que se ha puesto una multa interpone un recurso contra la misma repitiendo los argumentos que planteó en el periodo de alegaciones, no hay por qué contestarle. Por ello, el Ayuntamiento no responderá a los recursos de reposición que planteen sus ciudadanos, pese a que así lo ha pedido el síndico, Martín Gartziandia, al igual que hizo ayer la concejala del PNV Blanca Guinea. Todo este problema surgió por un caso concreto, el que llegó hasta el defensor vecinal, pero ha servido para abrir un debate en el Consistorio zanjado ayer por Iturricha por la vía rápida. "Estimadas las alegaciones se hace una resolución que pone fin a la vía administrativa, y ya se advierte de la posibilidad de que se aplique el silencio administrativo", señaló.

Así pues, la aplicación de la medida más justa se fía al criterio del agente que en cada caso haya interpuesto la sanción, lo que para Guinea deja al multado en una "situación de indefensión", y más teniendo en cuenta que hoy día llevar estas cuestiones al juzgado no está al alcance de todo el mundo. "Hasta hace poco se iba a los tribunales, pero con las tasas judiciales hay que poner 150 o 200 euros sobre la mesa más el coste del abogado, así que va muy poquita gente", señaló Guinea, para quien es "sumamente grave" que el Ayuntamiento haya tomado esta determinación, pues "si un ciudadano tiene razón la Administración está obligada a dársela".

"ni a favor ni en contra" Iturricha afirmó que no iba a posicionarse "ni a favor ni en contra" del contribuyente que denunció esta situación, pero aseguró que el Consistorio no dará marcha atrás y recordó, por otro lado, que esta cuestión corresponde dilucidarla al Departamento de Hacienda del Ayuntamiento y no al que él dirige, por mucho que la sanción la interpusiera un policía local. "Yo no vengo aquí a hacer justicia, lo que me preocupa es si han sido conculcados los derechos de este señor, y como dice la jefa de Recaudación no se le ha dejado en situación de indefensión", afirmó.

El caso que ha llevado este debate al Ayuntamiento es el de un ciudadano sancionado en agosto de 2013 y que admitió su infracción, aunque no la gravedad de la misma (aparcó en una zona peatonal). Por ello presentó alegaciones, que no fueron aceptadas, y se le advirtió entonces, señaló Iturricha, de que ante un recurso de reposición se le podía contestar mediante el silencio administrativo, es decir, que no se le respondería.

La persona sancionada acudió entonces en amparo del defensor vecinal, quien aseguró que el Ayuntamiento debía dictar una resolución expresa ante cualquier recurso, según explicó ayer Blanca Guinea.