Vitoria. Más o menos desde que comenzó el nuevo siglo el ámbito de lo público se ha ido convirtiendo en el Estado en un subsector extraordinariamente jugoso para la iniciativa privada. Ya no se trata sólo de acudir a los concursos para realizar obra pública, algo que se ha hecho siempre, y que la mayoría de las veces es necesario para el buen funcionamiento de un país (aunque en otros casos, y más en la última década, los proyectos han sido suntuosos, desproporcionados y manchados por la corrupción). Ahora el ladrillo está de capa caída y las grandes empresas se presentan a cesiones de explotación de servicios municipales como las basuras o el agua, mediante la firma de contratos de larga duración con la administración local de turno.
En Vitoria las basuras y la limpieza las gestiona una empresa privada, y el agua una sociedad pública cuya privatización el Partido Popular (PP) no ve con malos ojos.
La primera sociedad, FCC, concluye su relación con la capital gasteiztarra en verano y los cuatro grupos municipales, así como buena parte de los ciudadanos, están deseando que así sea. Tras la firma de un farragoso contrato en el año 2007 con el entonces alcalde, Alfonso Alonso -también del PP-, FCC se llevó una contrata de 25 millones de euros anuales -es el servicio más caro para el Ayuntamiento-, limpiara como limpiara la ciudad, y así luce hoy día la Green Capital. Las quejas son habituales, la maquinaria está obsoleta y en general hay bastante descontento entre los vitorianos, especialmente entre los que viven más alejados del centro.
Así pues, el PP formó un grupo de trabajo con EH Bildu y PNV para acordar un pliego de condiciones más riguroso con la próxima adjudicataria y menos perjudicial para el Consistorio, sus intereses y sus arcas. La empresa que gane el concurso sólo cobrará por los servicios prestados en lugar de ingresar una cantidad fija anual al margen de su rendimiento. Además, si no cumple con lo acordado en el contrato será multada, y si no cumple se sabrá, puesto que el Ayuntamiento realizará un seguimiento mensual de la limpieza de las calles.
En cualquier caso, la gestión de la limpieza y recogida de basuras de la ciudad se seguirá externalizando. Después de tantos años bajo esta fórmula, resulta extraño pensar que un Ayuntamiento pueda hacerse cargo de esos menesteres, aunque al fin y al cabo se trata de que la empresa más grande de Vitoria, con 2.400 trabajadores a su cargo, asuma una tarea más y gestione a otros 400 empleados a los que a día de hoy ya paga a través de la adjudicación. El PSE defiende esta fórmula, que difícilmente va a prosperar habida cuenta de que la tendencia, en general en todo el primer mundo, es la contraria. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el agua. Decenas de municipios del Estado español han vendido total o parcialmente la llave del grifo a empresas privadas, lo que se ha traducido en aumentos de precios (Huelva, un 30%; León, un 2,8% de forma instantánea) y una merma en la calidad del suministro de un elemento declarado derecho humano por las Naciones Unidas.
En Vitoria el alcalde, Javier Maroto, abrió hace un año la puerta a la semiprivatización de Amvisa (51% público, pero con capacidad ejecutiva privada y fijación de precios a cargo de la Junta de Gobierno Local, y no del Pleno). La oposición la cerró de un contundente y unánime portazo y el equipo de gobierno popular guardó su proyecto en un cajón prácticamente sin rechistar. El pasado miércoles, sin embargo, la posible semiprivatización de la sociedad municipal de aguas cuya rentabilidad y eficacia han sido sello de la ciudad durante dos décadas, volvió a ponerse sobre la mesa. Lo fue a cuenta de la factura de más de dos millones que le ha enviado el Ayuntamiento a su propia empresa por encargarse de cobrar a los ciudadanos los impuestos del abastecimiento y tratamiento del agua en Gasteiz. El Consistorio lo puede hacer porque PP y EH Bildu modificaron en 2012 las normas fiscales en ese sentido, pero la idea entonces era cobrarle esas gestiones a empresas e instituciones ajenas que se benefician del trabajo de la Administración local, no a las propias. De hecho, aquí es el Consistorio el que exprime a una empresa que hace las cosas tan bien como para dar beneficios. De hecho, el Ayuntamiento le debe seis millones a Amvisa.
Ya el año pasado el equipo de gobierno giró una factura de dos millones a la sociedad pública, y si vuelve a hacerlo otra vez, Amvisa quebrará. Así lo afirmó el portavoz del PSE, Patxi Lazcoz, que fue quien esta semana volvió a agitar el fantasma de la privatización. El líder socialista en el Consistorio gasteiztarra cree que el PP pretende provocar la inviabilidad económica de la sociedad para venderla, lo que le reportaría a la ciudad unos cuarenta millones de euros contantes y sonantes. A cambio, Vitoria entregaría durante la próximas décadas el suministro de todas las casas y empresas gasteiztarras a una firma, la que sea, aunque habitualmente suelen ser FCC o Agbar, cuyo primer y legítimo objetivo es ganar dinero, por delante de garantizar el acceso al agua a los ciudadanos.
Soledad del PP Según Lazcoz, el PP "está tratando de llevar a Amvisa a una situación de pérdidas para por la puerta de atrás hacer una privatización del servicio para que los vitorianos nos cueste todavía más cara el agua y tengamos un servicio de peor calidad, que es lo que ha pasado en todas las ciudades donde se ha privatizado el servicio, y todas por cierto gobernadas por el PP", señaló. Es el PP, pero no únicamente. El primer edil de Zaragoza, el socialista Juan Alberto Belloch, no ha podido privatizar el saneamiento y la depuración del agua de la ciudad del Ebro porque se lo han impedido los tribunales y una fortísima oposición ciudadana.
Por su parte, el concejal de EH Bildu Antxon Belakortu explicó que su formación "siempre ha sido favorable a sacar todos los recursos posibles para prestar servicios a la ciudadanía y no hacer recortes", pero denunció el uso, a su juicio "torticero", del acuerdo para perjudicar a Amvisa. El PNV tampoco respalda la propuesta del PP bajo ningún concepto, lo que significa que el equipo de gobierno esta completamente solo en esta aventura.
En todo caso, desde el PP la lectura que se hace del cobro de esta factura a Amvisa es distinta a la de la oposición. La concejala de Medio Ambiente, Idoia Garmendia, aseguraba que se está tratando de recaudar dinero de la sociedad pública para evitar subir los impuestos a los ciudadanos. En todo caso, la formación conservadora, como ya hizo en anteriores ocasiones, retirará la medida si la oposición en pleno se le pone en contra, como sucederá a tenor de todo lo dicho ayer. "La última palabra en este asunto la tiene el consejo de administración de Amvisa, que tiene que aceptar la propuesta, y si no existe acuerdo en el seno de ese consejo no incidiremos más en esta cuestión", señaló Garmendia.
