vitoria. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, recuerda que es el juez y no el fiscal quien debe determinar si ha existido delito en el caso de las tarifas de alquiler del pabellón multiusos Iradier Arena.

El alcalde se manifestó ayer así en rueda de prensa al ser preguntado por la decisión de la Fiscalía de Álava de presentar ante el juzgado de instrucción una denuncia contra el responsable de eventos del Iradier Arena, Enrike Ruiz de Gordoa, y la exconcejala vitoriana de Cultura Encina Serrano al estimar que pueden haber cometido delitos de prevaricación y apropiación indebida, informa Efe.

El origen de este proceso está en la denuncia presentada el pasado julio por el PSE-EE de Vitoria ante la Fiscalía al considerar que las bonificaciones concedidas por el equipo del gobierno municipal del PP desde marzo de 2012 en las tarifas de alquiler del recinto no se ajustaban a lo que determinaba el reglamento y además causaron un perjuicio económico para el consistorio de 1,3 millones de euros.

Maroto asegura que la decisión sobre si hubo o no delito es del juez y no del fiscal y que lo que ha buscado su gobierno ha sido darle la máxima actividad a este recinto, aunque reconoce que se pueden hacer las cosas "mejor". Finalmente indicó el alcalde que tanto Serrano -jubilada desde octubre- como Ruiz de Gordoa están "tranquilos". La respuesta del PP llega después de que la Fiscalía haya solicitado al juez la apertura del caso Iradier Arena. Y es que seis meses después de que se abrieran las diligencias por las tasas y bonificaciones que han permitido a diferentes promotores organizar espectáculos en el Iradier Arena prácticamente gratis, el miércoles el fiscal de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, denunció a la exconcejala de Cultura Encina Serrano y al responsable del recinto, Enrike Ruiz de Gordoa, al entender que la modificación de precios es irregular.

Tras saltar la noticia, Serrano aseguró estar "tranquila" con respecto a la denuncia del fiscal, tras haber sido llamada a declarar junto con Ruiz de Gordoa, e incluso se mostró deseosa de que empiece el juicio, si es que acaba por haberlo. Si el juez que se designe coincide en su opinión con el fiscal, la exconcejala se sentará en el banquillo de los acusados. En el PP municipal siempre han defendido la legalidad de la actuación de Serrano. La tasa oficial por utilizar el recinto era de 17.630 euros diarios en 2012, y pese a ello durante todo ese ejercicio sólo se recaudaron 4.379 euros por 17 actividades.

"chanchullos" A juicio de la oposición las rebajas ofrecidas a los promotores de espectáculos entre ellos el Baskonia, que esa temporada jugó varios meses en la plaza de toros se realizaban de forma arbitraria y abrían la puerta a "chanchullos muy graves", según denunció el concejal de EH Bildu Antxon Belakortu el pasado mes de mayo. Finalmente, la tasa se rebajó a 4.886 euros diarios. Los populares, por su parte, defienden que lo importante es dar uso a la infraestructura, cuyos problemas vienen de muy atrás, desde antes de que se levantara.

Fue con el gobierno de Alfonso Alonso cuando se decidió que Vitoria necesitaba una nueva plaza de toros, y por ello se ideó un proyecto que se pagaría solo gracias a la especulación urbanística tan en boga en aquellos días, y que de hecho también iba a pagar el soterramiento del tren a su paso por el centro. En este caso, las empresas constructoras iban a levantar además pisos de lujo en la parcela.

La cuestión es que el Iradier Arena, como se ha llamado después, sólo sirve para acoger las seis corridas de toros de La Blanca. Su acústica es pésima, por lo que no admite conciertos, y sólo en los últimos años, tirando los precios, ha atraído otro tipo de eventos, como ferias.