gasteiz. Si en la mayor parte de los asuntos que afectan a Gasteiz, su alcalde, Javier Maroto -y la inmensa mayoría de los políticos-, recurre al eufemismo y la perífrasis para decir las cosas, en lo relativo a la inmigración es directo y contundente, bien sea por convicción, por estrategia o por ambas cosas. Ayer se le preguntó por la ordenanza de locutorios que debe negociar con el PNV para poder convertirla en una realidad y afirmó que su intención es seguir adelante con la misma porque "en la calle es evidente que hace falta esa regulación". Dado que en el Ayuntamiento parece que las cosas no están tan claras como en la calle, Maroto recordó a todos los partidos que en 2008 el Pleno "expulsó" por unanimidad del Casco Medieval a los comerciantes extranjeros que explotan este tipo de negocios. El primer edil confía en que como entonces, ahora "haya lugar para el encuentro".
Ya en octubre, el alcalde recordaba la necesidad de aprobar la ordenanza porque "en los locutorios hay incompatibilidades y ruidos, al margen de cuestiones delictivas". Además, su proyecto de ordenanza, que prohíbe más de un establecimiento de este tipo en un radio de 600 metros, pretende obligar a estos comerciantes a despejar sus escaparates de elementos "que impidan ver lo que pasa dentro", bajo sanciones que van desde los 750 a los 3.000 euros. Los locales deberán medir como mínimo 60 metros cuadrados y será obligatorio, si la ordenanza sale adelante, que se habilite una sala de espera de 20 metros.
Durante el otoño Maroto ha expresado en más de una ocasión la urgencia de aprobar esta normativa, aunque los locutorios suponen apenas un 1,6% de total del comercio vitoriano, pues apenas llegan al centenar de establecimientos. Todos ellos fueron inspeccionados -se abrieron 47 expedientes- y se acabaron cerrando tres locales. El resto corrigieron las infracciones menores por las que fueron denunciados.
