vitoria. La juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria dejó ayer visto para sentencia el juicio contra Ensanche 21 y Lagunketa, a quienes demandó una adjudicataria de un piso protegido en Arkaiate, junto con otros 77 vitorianos que, aseguran, tuvieron que pagar 9.000 euros de más como media por sus casas tras un acuerdo entre la sociedad pública y la promotora privada que consideran ilegal. La decisión supuso el ingreso de 1,6 millones más de los previstos para Lagunketa y de 400.000 euros para la propia Ensanche 21.
Ayer comparecieron como testigos ante la juez el presidente de Ensanche 21, el concejal del PP Miguel Garnica; el anterior gerente de la sociedad, Alfredo Piris; y el actual, Iñaki Díez Unzueta, junto con empleados de Lagunketa y sus máximos responsables, o el director financiero de Ensanche 21.
El caso se basa en el acuerdo adoptado por Ensanche 21 el 10 de abril de 2008 por el que se permitía a las promotoras fijar el precio de sus pisos en relación a los módulos establecidos en 2008, y no en 2007. En la práctica, suponía cobrar 100 euros más por metro cuadrado a los adjudicatarios. Según Lagunketa, fue la Unión de Empresarios de la Construcción de Álava, Uneca, quien pidió a Ensanche 21 la modificación, justificada en la implantación del Código Técnico de la Edificación (CTE), que incrementaba los costes de levantar VPO.
Los representantes legales de los demandantes afirman que ese acuerdo se adoptó sin la publicidad necesaria y de forma irregular para beneficiar a Lagunketa. Alegan además los afectados que la escritura notarial no registra cómo se fijó el precio final que se cobró a los adjudicatarios. Durante el juicio, los testigos aseguraron que Lagunketa se acogió a la modificación de precios verbalmente, y por tanto no hay papeles que puedan probar esa adhesión.
Por su parte, la defensa de Ensanche 21 y de Lagunketa asegura que el acuerdo adoptado por el consejo de administración fue perfectamente legal, pero principalmente basa su argumentario en el hecho de que cuando se sortearon las viviendas, en mayo de 2009, aún no había adjudicatarios y el precio ya había sido cambiado. Por lo tanto, explicaron, a los demandantes no se les modificó en ningún momento el precio de sus casas, porque cuando les tocó el piso ya había sido cambiado.
Al margen de estas posiciones, uno de los aspectos más llamativos del juicio fue la constatación de que ese incremento de precios justificado por el CTE sólo se aplicó a las viviendas, y no a los locales comerciales que se quedó Lagunketa para su posterior venta. Nadie supo explicar por qué el acuerdo de Ensanche 21 excluyó las lonjas, incluso Alfredo Piris aseguró que si se le hubiera ocurrido lo habría hecho, que le parecía una buena idea. Sólo el abogado de Ensanche 21 señaló que los módulos de 2007 y 2008 para las lonjas eran iguales y por eso no fue necesario el cambio, mientras que el director general de Sarkis Lagunketa, Luis Alba, explicó que el CTE no afecta a los locales comerciales.
