madrid/vitoria. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, anunció ayer que el Real Decreto que permitirá a la central nuclear de Garoña volver a producir energía eléctrica será aprobado por el Consejo de Ministros a finales de este mes o a principios del mes que viene. Una decisión que ya se veía venir y de la que la semana pasada ya se hicieron eco grupos ecologistas como Lurra, que de nuevo lamentaron la posible reapertura de la planta nuclear más vieja de toda España. La decisión está ahora en manos de las empresas propietarias del complejo atómico burgalés -Iberdrola y Endesa, al 50%-, y en última instancia, en las del Consejo de Seguridad Nuclear, órgano en el que la única voz disonante es la de Cristina Narbona. Así las cosas, las compañías accionistas de Nuclenor, gestora de la planta, intentarán llegar a un acuerdo con el Gobierno de Rajoy para que les rebaje el precio a pagar en forma de impuestos, razón por la que en 2012 decidieron cesar la actividad en la central burgalesa.

En un desayuno informativo, Nadal, explicó que en la actualidad el Real Decreto está en el Consejo de Estado para su análisis. "Hemos creado el marco para que la decisión de la empresa sea la adecuada", señaló. Y recordó que, en todo caso, la decisión "última" es de Nuclenor, la empresa titular de la central ubicada en el Valle de Tobalina, a escasos 50 kilómetros de Gasteiz. "No existen motivos para pensar que Garoña no tenga que seguir funcionando. Deseamos que la central siga operativa, pero lo que hace el Gobierno es fijar el marco para que sea una realidad", apostilló.

La central nuclear de Santa María de Garoña se encuentra en situación de cese definitivo de la actividad o de predesmantelamiento desde el 7 de julio de 2013, una vez expiró su licencia de operación. Sin embargo, la planta no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor de un nuevo impuesto al combustible nuclear, Nuclenor decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba "inasumible".

Precisamente, el pasado viernes, la Red de Defensa de la Tierra Lurra advirtió de la posibilidad de que el PP justificase la reapertura de la "peligrosa e innecesaria" central nuclear de Garoña aprovechando el debate sobre la subida del precio de la electricidad. En una comparecencia de prensa en Vitoria, esta asociación ecologista denunció que el Ejecutivo central no hace más que aprobar reales decretos para facilitar esta posibilidad, ya que ha establecido protocolos específicos para la central, como dejar en manos de las empresas Iberdrola y Endesa su reapertura o ampliar de 40 a 60 años la vida de las nucleares. Asimismo, recordó que Garoña cerró en diciembre de 2012 "para no pagar la gestión de sus propios residuos" debido a que la nueva legislación sobre fiscalidad medioambiental que le obligaba a ello entraba en vigor en enero de 2013. El colectivo también critica que el Gobierno central haya convertido lo que parecía que iba a ser el cierre definitivo de la planta en provisional y alerta de que Garoña, si se reabre, será "más peligrosa que nunca" y "pagada del bolsillo de los contribuyentes, para seguir abonando tarifas desorbitantes en la siguiente subasta eléctrica". El portavoz de Lurra también aprovechó para denunciar el contrasentido de la subida del precio de la electricidad, ya que la demanda de energía de la población ha descendido en los últimos años y los precios deberían haber bajado.