Vitoria. Aunque la película es completamente diferente según quién la cuenta, a efectos prácticos el resultado es el mismo: la incertidumbre sobre los centros de Formación Profesional concertados de Álava ha tocado a su fin. Los grupos de PNV, PSE y PP del Parlamento Vasco pactaron ayer que el Gobierno Vasco corra con el 100% de los gastos de los institutos del grupo Egibide, del que forman parte Diocesanas y Jesús Obrero.

La proposición pide que "en la medida de lo posible" Lakua sufrague el 15% del coste de los centros que queda fuera de los conciertos educativos ordinarios y que en el caso de Egibide paga un consorcio formado por el propio Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria y la Obra Social de la Caja Vital. La polémica sobre esta cuestión arrancó cuando el alcalde vitoriano, Javier Maroto, dio a conocer que el Gobierno Vasco renunciaba a aportar su parte en el consorcio y se limitaba a pagar el 85% que le corresponde como financiador de los centros educativos vascos. El primer edil vitoriano, muy sensible en los últimos meses al escrúpulo competencial, especialmente cuando hay euros de por medio, dijo que si el Gobierno Vasco se iba, él también, y que si en Gipuzkoa y Bizkaia hay aulas concertadas cuyos gastos paga íntegramente Lakua, en Vitoria debía suceder exactamente igual.

De nuevo el fantasma del agravio comparativo hacia los alaveses sobrevolaba la actualidad del territorio, y en mitad de la pugna, miles de alumnos y centenares de docentes veían peligrar sus estudios y sus puestos de trabajo. Si el consorcio desaparecía, el 15% del coste de los centros, 1,4 millones de euros, se repercutiría directamente en las matrículas de los alumnos y la FP en Álava, la cantera del tejido industrial del territorio, quedaría herida de muerte.

Maroto emprendió una batalla particular con el Gobierno Vasco en lo relativo a esta cuestión, como la que libra, por ejemplo, en otro caso muy similar, el del conservatorio de danza José Uruñuela, y finalmente ha sido en el Parlamento donde se ha dado con la solución.

Diferentes versiones Y ahora que familias, alumnos, directores y docentes pueden respirar tranquilos, llega el momento de repartir culpas y acaparar méritos. Ayer Maroto explicaba que él había presentado la iniciativa que, con el apoyo del grupo parlamentario del PNV (eludió hablar del PSE), instaba al Gobierno Vasco a pagar todos los gastos de Egibide. "¿Por qué Jesús Obrero o Diocesanas no van a tener el mismo trato que los centros de Bizkaia y Gipuzkoa?", remarcaba el alcalde.

De inmediato, el portavoz del PNV Gorka Urtaran acusaba al primer edil de "tergiversar" la realidad y de tirar de "victimismo" para justificar sus recortes en educación. Urtaran explicaba que el Gobierno Vasco aportará 8 millones de euros a Egibide más 400.000 euros a través del consorcio, y se preguntaba si el Ayuntamiento pondrá la parte que queda para restituir completamente la financiación de los centros.

El Gobierno Vasco, por su parte, hacía pública su versión de los hechos y trasladaba su "satisfacción por el cambio de posición llevado a cabo por el Ayuntamiento de Vitoria con respecto a la falta de compromiso mostrado" con anterioridad.

Terció en la polémica el grupo municipal de EH Bildu, que acusó tanto a PP como a PNV de protagonizar "un tira y afloja partidista para arreglar un problema que no existía", en palabras de su portavoz, Kike Fernández de Pinedo.