Vitoria. Las reuniones continúan, pero es difícil concluir si la comisión de investigación del alquiler del local de San Antonio avanza. Los grupos políticos siguen acordando la comparecencia de nuevos sujetos y la reaparición de otros que ya dieron su versión de los hechos, mientras el principal protagonista del enredo político de este otoño, Alfonso Alonso, está a sus cosas en Madrid. Ayer, las formaciones aprobaron la intervención en la próxima convocatoria de tres personajes: Ainhoa Domaica, actual concejal responsable de Intervención Social y diputada de Bienestar Social cuando se firmó el polémico arrendamiento; la directora del departamento de Nuevas Tecnologías entonces, a lo largo del mandato socialista y ahora; y Paco Liberal, ex vicepresidente del Alavés y mano derecha de Gonzalo Antón, que intervino en el proceso de negociación del alquiler de la lonja de su amigo. Además, volverán a pasar por la sala el que era director de Hacienda en ese momento y actual gerente de Ensanche 21, una de las piezas claves para desembrollar -o para enmarañar del todo- la historia, y el jefe de Servicios Jurídicos en todos estos años.

La comisión municipal de investigación se creó para esclarecer, grosso modo, por qué Alfonso Alonso suscribió siendo alcalde de Vitoria un onerosísimo contrato blindado con el empresario Gonzalo Antón por el arrendamiento de unos locales en la calle San Antonio que les han estado costando a los vitorianos 50.000 euros al mes. En 2006, los técnicos recomendaron al primer edil trasladar la oficina de turismo de Becerro de Bengoa, donde se pagaba un arrendamiento exorbitado aprovechando que estaba a punto de caducar, y la elección fue la lonja de la discordia. La Junta de Gobierno firmó un convenio por diez años, que luego el dirigente popular cambiaría por veinte sin corregir ese primer documento, con incrementos de hasta nueve puntos por ejercicio, que asumía también el coste de las obras de acondicionamiento del lugar y tenía una cláusula de ruptura leonina. Unos seis millones de euros en total, más o menos, a cargo de las arcas municipales. ¿No había otra opción menos indigesta? ¿Por qué se siguieron procedimientos tan inusuales? ¿Y quién estuvo realmente detrás de toda la operación?

Muchas de las viejas preguntas siguen en el aire y surgen otras nuevas, mientras persisten las sospechas sobre un presunto trato de favor. Domaica está llamada a desvelar algunas de ellas porque afirmó haber visitado la lonja de Antón en su calidad de titular foral de Bienestar Social en esa época porque la Diputación tenía interés en él y podía verse involucrada en una puja junto al Ayuntamiento, lo que explicaría que el alquiler acabara siendo tan alto. Sin embargo, el propio equipo de gobierno de Javier de Andrés ha negado los hechos. De ahí la necesidad de que la ahora edil del gabinete de Javier Maroto se siente a la mesa y responda a los interrogantes de los grupos.

La comparecencia de la directora de Nuevas Tecnologías tal vez aclare el enredo de los correos electrónicos. Según el PP, Antón facilitó en 2010 a Maroto, cuando estaba en la oposición, una sucesión de mails en los que sus trabajadores y los técnicos municipales confirmaban que el trato era por veinte años y no por diez. Sin embargo, nadie pareció saber nada de ellos dentro de la Casa Consistorial de Vitoria antes de que el empresario se los entregara al actual alcalde. Nadie preguntó a los técnicos y ninguno de ellos informó a ningún político de esas negociaciones on line hasta pasados más de dos años de aquella Junta de Gobierno de cuyo error se tuvo constancia a los pocos días de haberse producido.

¿Algo que añadir? Cada eslabón de la cadena de rarezas y equivocaciones que envuelven el contrato de San Antonio tiene miga. Los grupos han llamado a Paco Liberal para seguir aclarando cómo fueron las negociaciones para el alquiler del local y, por ese mismo motivo, han solicitado que vuelva a declarar el entonces director de Hacienda. Este funcionario, a quien el PP ha nombrado recientemente gerente de Ensanche 21, dijo en su primera intervención que actuó por su cuenta y riesgo, negociando las condiciones y los precios del alquiler con Antón, elevando incluso la tasación, aunque éste despachase habitualmente con Alonso. La oposición no ve posible que un técnico municipal pudiese negociar un contrato de seis millones de euros sin seguir directrices de un responsable político. La propia secretaria general del Pleno aclaró que no es lo habitual, a la vez que advirtió de que el informe que confeccionó este trabajador no justificaba que la lonja de San Antonio fuera la única alternativa para llevar allí la oficina de turismo.

La próxima comparecencia, aún sin fecha, la cerrará el jefe de Servicios Jurídicos. Su primera intervención sirvió para cuestionar la cláusula de penalización del contrato. Según dijo, el equipo de gobierno no estaba obligado legalmente a incluirla, pese a lo cual se fijó una por diez años, posteriormente duplicada. Ese blindaje dejó al Consistorio en una situación de debilidad ante Antón, ya que en caso de romperlo debe abonar todas las mensualidades pendientes. Acudir a juicio, como llegaron a plantear algunos grupos, no es una opción. El Ayuntamiento tiene todas las de perder y, de dar el paso, acabaría haciendo frente a unas costas millonarias.