CUANDO aún restan por escuchar las explicaciones del principal protagonista de la historia que centra la actualidad municipal en este frío otoño de 2013, Alfonso Alonso, las decenas de horas que ha consumido la comisión de investigación del alquiler del local de San Antonio no han servido para aclarar todas las dudas que presenta la cuestionada operación de febrero de 2007.

Ésta es la versión del Partido Popular. Hace siete años, los técnicos del Ayuntamiento recomendaron al alcalde que trasladara la oficina de turismo del local de la calle Becerro de Bengoa, donde se pagaba un arrendamiento exorbitado en virtud de un contrato que, además, ya había caducado en aquellas fechas. El equipo de gobierno se fija en un local propiedad de una empresa de Gonzalo Antón, Sbayre, en la calle San Antonio, y que al parecer también quería la Diputación alavesa. Ambas partes negocian que el Consistorio gasteiztarra pagará un alquiler con incrementos anuales por encima del IPC (hasta 9 puntos), y que pagará a plazos las obras de acondicionamiento que ejecutará el propietario. Los trabajos costaron más de un millón de euros porque en el local, la planta cero de un viejo edificio del que sólo quedó la fachada tras su restauración, no había nada.

Visto que el coste del alquiler más el de las obras iba a suponer una cuantiosa factura a las arcas vitorianas, los técnicos municipales proponen prolongar el contrato de diez a veinte años para hacer las cuotas más llevaderas, y Antón acepta. Eso sí, si antes de esos veinte años el Ayuntamiento decidía abandonar el local tendría que pagar igualmente todos los plazos del alquiler hasta completar las dos décadas.

Los técnicos municipales y los trabajadores de Antón negocian hasta cerrar el contrato definitivo; sólo queda aprobarlo en la Junta de Gobierno Local. El director de Hacienda lo lleva a esta reunión de concejales, el órgano oficial donde se rubrican las decisiones de la institución. Todos lo dan por bueno sin leerlo y se aprueba. Se aprueba, sí, pero por diez años y no por veinte, al parecer porque una funcionaria llevó a la Junta de Gobierno el borrador equivocado. Escasos días después, Alonso firma con Antón un contrato por 20 años, el plazo realmente acordado y no el que se llevó a la Junta de Gobierno.

El precio del alquiler

¿Se ajustaba a mercado?

El Ayuntamiento pagaba por la oficina de turismo de Becerro de Bengoa 25 euros por metro cuadrado. Los técnicos municipales tasaron el local de San Antonio, de casi mil metros cuadrados, en 11,3 euros el metro, menos de la mitad que la lonja que se iba a abandonar. El director de Hacienda decide por su cuenta y riesgo elevar la tasación a 14 euros el metro cuadrado. Se ha dicho, en ese sentido, que la Diputación también quería instalarse allí y que había que pujar. Sin embargo, de forma paralela, la portavoz del PP en la comisión, Ainhoa Domaica, esgrimió un "informe independiente" de la inmobiliaria Trinosa que tasó los alquileres de oficinas en esa zona y en ese tiempo en 22,12 euros por metro.

puja por el local

¿Lo quería la Diputación?

La institución lo ha desmentido. Fue Gonzalo Antón quien ofreció la lonja a las administraciones, como quedó registrado en la propia Diputación. Sin embargo, Domaica ha afirmado haber visitado la lonja en su calidad de diputada de Bienestar Social, cargo que desempeñaba en 2007, lo que a su juicio demuestra un interés por pujar que el propio equipo de gobierno de Javier de Andrés niega. En el Ayuntamiento, al contrario que en la Diputación, no hay constancia documental de que Sbayre le ofreciera instalarse en su propiedad, sólo se encuentra el expediente sobre el alquiler.

El momento

¿Por qué estalla el caso ahora?

Según el PP porque se busca la cacería del portavoz del PP en el Congreso y exalcalde vitoriano, y si de paso cae Javier Maroto, mejor. O viceversa. Los populares afean además al PSE que cuando gobernó en el Consistorio vitoriano no tratara de rebajar el alquiler, por el que a estas alturas se pagan 50.000 euros mensuales y que Maroto ha negociado a la baja, aunque sigue defendiendo que el Ayuntamiento hizo una buena operación. Lo cierto es que, caro o barato, todo el mundo sabía a los pocos días de producirse el supuesto error que se habían firmado veinte años de blindaje y no los diez que aprobó el Gobierno municipal por el cauce oficial. El concejal de Eusko Alkartasuna Antxon Belakortu, ahora en EH Bildu, así se lo advirtió al entonces concejal de Hacienda y hoy alcalde, Javier Maroto, en una comisión celebrada el 28 de febrero de 2007.

Nadie le hizo caso hasta que se supo, dos años más tarde, que el interventor había tratado de llamar la atención al equipo de gobierno sobre lo irregular del proceder de Alfonso Alonso. Por la razón que sea, el director de Hacienda no trasladó el mensaje al equipo de gobierno del sucesor de Alonso, Patxi Lazcoz (PSE). En cualquier caso, el error no se corrigió en la Junta de Gobierno Local, como correspondía y se hace en otros casos. No lo hizo Alonso, no lo hizo Lazcoz y no lo ha hecho Javier Maroto.

Los correos

Desconocidos hasta 2010

No importa que el contrato de la Junta de Gobierno Local no se haya corregido, dice el PP, porque el propio Gonzalo Antón lo neutralizó jurídicamente. El empresario facilitó en 2010 a Maroto, cuando estaba en la oposición, una sucesión de correos electrónicos en los que sus trabajadores y los técnicos municipales, al parecer, confirmaban que el trato era por veinte años y no por diez.

Los correos lo aclaraban todo y los propios técnicos municipales han ratificado su existencia, pero nadie parecía saber nada de ellos en el Ayuntamiento antes de que Antón se los entregara a Maroto; nadie preguntó a los técnicos, y ningún técnico informó a ningún político de esas negociaciones on line hasta pasados más de dos años de aquella Junta de Gobierno de cuyo error se tuvo constancia a los pocos días de producirse.

El director de hacienda

¿Actuó por su cuenta y riesgo?

Eso dice el entonces máximo responsable técnico de las cuentas municipales y ahora nuevo gerente de Ensanche 21. Él negoció las condiciones y los precios del alquiler con Antón, aunque eso sí, despachaba habitualmente con Alonso, según declaró. Su entonces inmediato superior, el concejal de Hacienda, Javier Maroto, no estaba interesado por el tema, dijo en la comisión, y por ello trataba de la misma directamente con Alonso. La oposición no ve posible que un técnico municipal pueda negociar un contrato de seis millones de euros sin seguir directrices de un responsable político. Por otro lado, testimonios como el de la secretaria del Pleno dejaron claro que no es habitual que el director de Hacienda sea quien elabore un informe sobre la idoneidad de un alquiler, un informe en el que, por otro lado, nada se decía de que la única alternativa para el traslado era el local de San Antonio. En los primeros compases de la comisión se sostuvo que éste era el único espacio lo suficientemente grande como para acoger los servicios previstos.

de diez a veinte años

¿Supone más gasto municipal?

Parece ser que no. El PP sostiene que el precio era, invariablemente, de alrededor de seis millones de euros (la cifra concreta depende de los IPC registrados cada año), luego el error de la Junta de Gobierno Local que ha levantado la suspicacias de los grupos de la oposición debería ser por tanto irrelevante.