vitoria. Ensanche 21 necesita nueve millones de euros en cash para realojar a los vecinos de la avenida de Olárizu cuyas casas van a ser derruidas y ayer el PP, que preside esta sociedad municipal, planteó a los grupos su fórmula para salir del atolladero. Se llama integración en el plan municipal de gestión centralizada de fondos líquidos, y consiste en hacer uso de una herramienta presupuestaria, el cash pool, que permite echar mano de una determinada cantidad de dinero de la caja del Ayuntamiento y evita tener que ir al banco a pedir dinero. El PP no puede tomar la decisión solo, y ayer el PNV se ofreció a admitir su propuesta. Eso sí, deberá reasumir su olvidado compromiso de liquidar Ensanche 21 antes de 2015, y traspasar los asuntos que para entonces no haya solventado la empresa al Departamento de Urbanismo municipal. Los jeltzales exigen además que se vuelva a tasar el patrimonio de la sociedad, valorado en 500 millones de euros según baremos anteriores a la crisis.

El consejo celebrado ayer se suspendió, a petición de los jeltzales, que esperan una respuesta del PP para la próxima semana, pero desde el equipo de gobierno ya se asumía ayer que, o se paga el peaje que exigen los nacionalistas, o las cien familias de la avenida de Olárizu se quedan en la calle.

Con el movimiento de ayer, los jeltzales logran que Maroto reasuma un compromiso al que renunció cuando el pacto presupuestario con Gorka Urtaran se dio por amortizado. Ahora tendrá que planificar el desmantelamiento de la sociedad pública, atrapada por la crisis inmobiliaria y actualmente sobredimensionada para el trabajo que realiza.

En el documento que el PNV puso sobre la mesa se exige que la plantilla que trabaja en el edificio del Paseo de Fray Francisco sea reubicada "respetando los procedimientos de acceso a la Función Pública y teniendo en cuenta a la parte social".

Por otro lado, y aunque de forma oficiosa el PP sabe que no le queda otra si quiere garantizar la materialización del plan renove de Olárizu, la oferta del PNV tiene fecha de caducidad, el 20 de diciembre. Para ese día se ha de convocar una junta de accionistas que deberá ratificar todas las medidas planteadas por los consejeros nacionalistas.

Por su parte, el PSE mantiene que cuando dejó el poder, en 2011, en Ensanche 21 había 111 millones de euros disponibles, de los que hoy no se tiene noticia. Los socialistas iban a pedir ayer la dimisión del presidente de la sociedad, Miguel Garnica, por "manipular" a los vecinos de Olárizu, pero finalmente no consumaron su exigencia.