Vitoria. Hay circunstancias que, por recurrentes, adquieren el rango de normalidad sin que su presencia sea, en absoluto, un signo de tal. Es, precisamente, lo que acontece con la Policía Municipal de la capital alavesa, un cuerpo acostumbrado a vivir bajo los efectos de una continua marejada interna propiciada por los diferentes dirigentes políticos que han pasado por su jefatura y que han preferido aprovecharse de voluntades e intereses particulares para asegurarse camarillas de fieles que respetar los preceptos marcados por la función pública. De ahí que fórmulas, en principio excepcionales, como la comisión de servicios, se hayan convertido en cotidianas dentro de un servicio en el que los concursos de méritos, por ejemplo, brillan por su ausencia y en el que las denuncias judiciales por vulneración de derechos laborales de agentes y mandos van camino de llenar salas completas del Palacio de Justicia. En esa tesitura, al actual equipo de gobierno, ya con Alfredo Iturricha como concejal delegado de Seguridad Ciudadana, en sustitución de la amortizada Marian Castellanos, y con Alfredo Piris, único funcionario con galones de comisario en la Casa Consistorial, como coordinador del cuerpo, tiene la oportunidad de evitar que un nuevo conflicto laboral haga de la estabilidad de la guardia urbana algo inabordable. De hecho, la decisión unilateral de la dirección de Seguridad Ciudadana de remover los puestos y los turnos de trabajo de 51 agentes, pese a que las condiciones laborales estaban aprobadas y acordadas por el departamento de Función Pública hasta finales de 2014, ha logrado que agentes individuales y el sindicato ErNE hayan dado los pasos previos a la judicialización del asunto. En concreto, desde la central se ha interpuesto el preceptivo recurso de alzada ante el concejal de Función Pública, único competente para cambiar las condiciones de trabajo de funcionarios y empleados municipales, como lo son los agentes de la guardia urbana.
El trámite del sindicato se selló en el Ayuntamiento de Vitoria el pasado 23 de octubre, según ha podido constatar este diario. En él, sus portavoces interponen el recurso, paso previo al contencioso-administrativo en caso de no ser escuchada, y recuerdan que la orden en cuestión del director de Seguridad Ciudadana, Jesús Muro, produce "un gran número de cambios de destinos y de secciones de trabajo dentro de la Policía Local, lo cual acarrea cambios de horarios y calendarios. Por ello estimamos que no se atiene a derecho al estar dictada por órgano manifiestamente incompetente".
Sobre el particular, la central policial recuerda en su escrito que la última adjudicación de destinos de la Policía Local, realizada por el departamento competente en la materia, es decir, el de Función Pública, recogía las bases a respetar para futuros cambios de destino, calendarios y horarios, que quedaban recogidos de forma pactada hasta el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, hace escasas semanas (27 de septiembre), una orden de Muro modificó las condiciones laborales de medio centenar de agentes. A esta cifra habría que añadir la veintena larga de funcionarios que ya ha sufrido esta circunstancia (por orden de servicio de 25 de junio) y sumar la realidad de los cuatro suboficiales a los que se modificarán las condiciones de trabajo a partir del 1 de enero. Dadas las circunstancias, el recurso de alzada solicita administrativamente la nulidad de los cambios por modificar la regulación general aprobada por Función Pública.
Pese a las constantes censuras cosechadas, la política laboral adoptada por el gobierno local del Partido Popular en el cuerpo abusa de fórmulas como la designación de agentes concretos para ocupar cargos de confianza sin que estos hayan ganado esa plaza en los procesos internos. Esta circunstancia se ilustra con otras decisiones que pretendería hacer valer la antigüedad en otras administraciones públicas como mérito o requisito válido para obtener puestos vacantes en la guardia urbana o la proliferación de las comisiones de servicio, todo ello, en detrimento del preceptivo concurso de méritos.
En ese sentido, desde ErNE se arman con la legislación vigente y se recuerda a Seguridad Ciudadana que, con carácter general, los puestos de trabajo serán de adscripción indistinta a todos los funcionarios pertenecientes a la escala y categoría a la que se reserve su empeño. Además, se añade que los destinos obtenidos por concurso de méritos "son irrenunciables" según dicta la legislación. Asimismo, desde la central se recuerda que el concurso constituye el sistema normal de provisión. En él se valorarán los méritos y la antigüedad. A juicio del sindicato, la libre designación tiene sentido sólo de manera excepcional para aquellos puestos de carácter directivo o de especial responsabilidad. Por todo ello se recuerda a la dirección política del cuerpo la "excepcionalidad" de la figura de la comisión de servicios. Por todo ello, desde el sindicato ya se ha puesto en marcha las medidas adecuadas para tratar de revertir la situación.