Vitoria. El PNV confiaba en que una reunión a puerta cerrada entre los grupos podría limar asperezas y abrir el camino a la negociación después de que el equipo de gobierno presentara una propuesta de impuestos que la oposición rechazó por unanimidad. La cita no se produjo y, a día de hoy, el acuerdo se ve aún muy lejos. Javier Maroto aprovechó su jugosa rueda de prensa de ayer para valorar, o más bien desacreditar, las enmiendas que los nacionalistas habían hecho públicas apenas una hora antes. El alcalde de Vitoria le dio la vuelta a la tortilla fiscal para atacar la propuesta que los jeltzales habían anunciado como "justa, progresiva y sostenible" frente a los planes "excesivos y desproporcionados" del PP. A juicio del primer edil, las iniciativas de su hasta ahora socio presupuestario se resumen en "63 euros más al año en basuras, agua y vehículos". Una estocada que remató poniendo en duda si la subida del IBI que el PNV proponía para el 10% de los inmuebles con mayor valor catastral podría afectar al "pequeño comercio", cosa que no es cierta.
¿Pero qué es lo que habían planteado los nacionalistas? En el capítulo de impuestos, el PNV apostó por congelar el IBI para las viviendas y los edificios de carácter asistencial, colegios y guarderías, haciendo pagar más sólo a ese 10% de inmuebles citados, lo que afectaría a algunas fábricas, almacenes, supermercados, bancos, gasolineras, solares vacíos... Una iniciativa que aportaría "1,3 millones de euros". Respecto a las VPO y viviendas sociales, los jeltzales abogaron por recuperar las bonificaciones suprimidas por el PP, pero con un añadido. Además de los tres años de rebaja del 50% establecidos por ley, los pisos de protección oficial contarían durante otros tres ejercicios con descuentos del 30%, 20% y 10%, hasta empezar a pagar como todo el mundo. En el caso de los sociales, serían seis las anualidades en las que se disfrutarían de las bonificaciones. Por último, el tributo por vehículos aumentaría el equivalente al IPC (un 1,3%) y a esta subida se incorporaría un recargo en aplicación del criterio de que quien contamina paga más. Las subidas oscilarían entre el 0% y 10%, con un tope de 20 euros por año.
Las enmiendas a las tasas también aplican conceptos de progresividad vestida de verde. El PNV propuso suprimir las subidas planteadas por el alcalde para la recogida y eliminación de basuras -de entre el 19% y 247%, de 10 a 130 euros- y sustituirlas por un incremento del 1,3% al que se sumaría un recargo para las viviendas que más residuos generan. Para ello, a falta de otros indicadores, se tendrían en cuenta las personas empadronadas, con incrementos que irían del 0% al 12%. Así, las subidas irían "desde unos céntimos hasta 12 euros". Respecto al agua, los nacionalistas abogaron por una carga añadida para quienes tengan un consumo excesivo teniendo como referencia el gasto medio de 120 litros al día por persona. Los incrementos serían de entre el 5% y el 20%, por lo que no se superarían los 30 euros de más. En cuanto a los vados, la idea sería aplicar el criterio geográfico aprobado para los veladores, lo que reduciría la presión en los nuevos barrios hasta un 35%.
El portavoz nacionalista, Gorka Urtaran, concluyó que su propuesta supondría "una subida máxima de 63 euros, y eso en casos muy extremos, frente a los 130" del alcalde. Maroto, sin embargo, replicó que "el PNV no quiere una subida de las tasas de basura, pero a la vez la plantea de otra forma y añade otras en agua y vehículos". El problema de Maroto es que nadie más comparte su proyecto. El PSE acusó al gobierno de incrementar la presión fiscal de forma indiscriminada. Los socialistas exigieron incrementos del 0,20% para las basuras y el agua, la recuperación de las bonificaciones en el IBI para VPO y vincular las tasas de vado al callejero de 2012.
Viviendas vacías sin castigo Maroto asegura que escucha a la oposición, pero en su discurso impera el no. El alcalde rechazó la petición de EH Bildu de castigar las viviendas vacías. "El PP no lo contempla y, si hubiera que votarlo, votaría en contra", subrayó. La coalición había lanzado esta exigencia en otra rueda de prensa previa a la comparecencia de Maroto, a la vez que anunciaba su enmienda a la totalidad de la propuesta fiscal del gobierno. Una decisión que el primer edil aseguró lamentar, pero que para los abertzales tiene como fin cuestionar el esquema de financiación local, que no plantea medidas para lograr más dinero vía Fofel, permite pisos ociosos y mantiene la exención a aquellas empresas con un volumen de operaciones inferior a 2 millones de euros -en el resto del Estado, a excepción de Bizkaia, el tope es 1-.
EH Bildu también criticó el despegue de la tasa de basuras, "una subida encubierta del catastro, empezando por la creación de dos nuevos tramos de unidad catastral, para aplicar a la mayor parte de las viviendas un incremento del 20%. Los abertzales también dijeron que no van a aceptar medidas de castigo hasta que no se realice un estudio que permita saber realmente cómo cobrar en función de la generación de residuos de cada hogar. Los criterios del PNV les chirrían.