vitoria. Ya lo advirtió el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, hace un par de semanas; el Ayuntamiento iba a emprender una batalla administrativa contra los locutorios en toda la ciudad, y ayer se conoció el detalle de esa ofensiva contra estos establecimientos, que se suma a la emprendida contra bazares, kebabs y demás negocios regentados por ciudadanos extranjeros. El alcalde gasteiztarra quiere poner coto a la actividad de estos locales, donde, según afirmó, se generan ruidos que molestan a los vecinos "reiteradamente" y se despachan mercancías para cuya venta no están autorizados, como alimentos, medicamentos, bebidas alcohólicas y productos cosméticos. Todo ello al margen de las denuncias registradas por "asuntos delictivos" que según afirma el equipo de gobierno, se producen en estos espacios.

La ordenanza aprobada ayer, y que ahora debe someterse a las enmiendas de los partidos y de los agentes sociales, es muy rigurosa, hasta el punto de que obliga al comerciante a tener el escaparate despejado de elementos "que impidan ver lo que pasa dentro", aunque el objetivo último de la ordenanza es "evitar la proliferación de este tipo de establecimientos", que según Maroto, se han convertido en "locales de ocio o reunión", y garantizar que cumplen con las normas higiénico sanitarias. En Vitoria, a fecha de ayer lunes, había registrados 47 locutorios. De ellos, señaló Maroto, a 45 se les ha abierto un expediente y alrededor de una decena han sido clausurados tras haber sido minuciosamente inspeccionados.

La principal herramienta para evitar que los locutorios se extiendan por la ciudad será la prohibición de que haya dos establecimientos de este tipo en un radio de 600 metros, una distancia que en una ciudad que de Ibaiondo a El Batán no pasa de los tres kilómetros de largo se antoja decisiva a la hora de frenar este fenómeno.

Hay, además, otras medidas en la nueva ordenanza. La superficie mínima para abrir un locutorio será de 60 metros cuadrados, se deberán reservar 20 para habilitarlos como zona de espera, y se regulará el aislamiento de los establecimientos. Las multas para quien incumpla la nueva normativa que quiere aprobar el equipo de gobierno, señaló el alcalde, oscilarán entre los 750 y los 3.000 euros.

Al parecer, el de los locutorios es un tema al que el PP da prioridad absoluta, dado que el borrador de la ordenanza se aprobó ayer en una Junta de Gobierno Local extraordinaria y el alcalde quiere que el texto definitivo salga adelante "cuanto antes".

Sin embargo, el texto debe pasar primero por la comisión de medio ambiente, donde será sometido al trámite de enmiendas, y tras la aprobación inicial comenzará el periodo de exposición al público para su posterior debate y aprobación definitiva. Hace varios años ya se adoptaron por unanimidad del Pleno diferentes medidas para frenar la expansión de los locutorios en el Casco Viejo.

inmigración y delincuencia En ese proceso de debate de la ordenanza Maroto se va a encontrar, como poco, con la oposición de EH Bildu, que ayer se manifestó radicalmente en contra del espíritu de la nueva norma. La concejala Iratxe López de Aberasturi aseguró que Maroto "por fin habla claro y reconoce públicamente que el objetivo de la ordenanza es evitar la proliferación de este tipo de establecimientos", más allá de que se respeten las normas en cuanto al tipo de productos que se venden en estos negocios o de que las condiciones higiénico sanitarias de los locales sean mejores o peores.

De hecho, afirmó López de Aberasturi, a Maroto "se le olvida decir" que la mayoría de esos 45 expedientes abiertos están ya guardados en un cajón y resueltos porque las deficiencias detectadas se solventaron correctamente. Así pues, para EH Bildu el anuncio urgente de ayer esconde claro un trasfondo de xenofobia. "Estamos de acuerdo en que se cumplan las ordenanzas municipales, pero en todos los comercios, independientemente de quién los regente", señaló la edil abertzale, que calificó de "intolerable" la afirmación de que en estos locales se producen hechos delictivos, "metiendo en el mismo saco a todos, y mezclando una vez más inmigración con delincuencia. Ésta -continuó- es una prueba más de que a Maroto no le gustan las personas que regentan estos establecimientos y de que los quiere sacar de las calles de Gasteiz".

No es la primera vez que el gobierno de Maroto fija su atención en la comunidad inmigrante. Al inicio de la legislatura, el alcalde se posicionó contra la construcción de nuevas mezquitas en la ciudad.